| Santa Marta, |
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EDITORIAL Ante la premura que parece afectar la labor legislativa, bueno sería que el Congreso de la República estableciera las prioridades que demanda la realidad nacional, para evitar vacíos que pueden ser demasiado riesgosos para la democracia colombiana. Nos referimos en concreto a la necesidad de sacar adelante la Ley Estatutaria de la reelección presidencial y a la urgencia de reformar el sistema electoral. Por supuesto, la agenda legislativa está llena de iniciativas que por una u otra razón no han sido estudiadas y debatidas como corresponde a las necesidades del país. Es demasiado preocupante que asuntos como la reforma estructural a la justicia o a las finanzas públicas, duerman el sueño de los justos. Y que la reforma al sistema pensional, o lo referente a los cambios que demanda la recuperación del Sistema Nacional de Salud haya pasado a un segundo plano. Pero frente a esos temas, llama la atención que el Congreso, cuya razón de ser está precisamente en la política, no haya tomado aún la iniciativa para legislar en lo atinente a la posible reelección del Presidente de la República. Y a la necesidad de establecer unas reglas de juego que garanticen la transparencia y la validez de un proceso electoral a punto de iniciarse. No es fácil explicar que en Colombia no haya los cambios que demanda el proceso electoral, pese a que aún hoy, tres años después de las elecciones, gran parte del Legislativo esté en interinidad, a la espera de un fallo judicial. Y que los congresistas no hayan tomado decisiones para cerrar el paso a los fraudes y las trampas que atentan contra su propia legitimidad. En esas condiciones será difícil pedirle a los colombianos que participen en una próxima elección parlamentaria, mientras subsistan las dudas generadas por los hechos de corrupción y los fraudes que desvirtúan la voluntad popular. El otro tema es la Ley Estatutaria para la reelección presidencial. A pesar de que la reforma constitucional fijó unos plazos, no parece aconsejable esperar hasta el último minuto para expedir una norma de la cual dependerá la transparencia, el respeto por el debate democrático y las garantías para la oposición. Y mucho menos, para permitir que sea el Consejo de Estado la entidad que haga la ley, porque no se pudo cumplir el trámite constitucional. El Legislativo tiene que abocar esa obligación y crear las reglas de juego que demanda la democracia colombiana. Ello implica impedir que las tácticas dilatorias obstaculicen los debates, así como garantizar que haya respeto para quienes se oponen a la iniciativa y al gobierno. Nada puede ser más nocivo para la credibilidad de las instituciones que el Congreso de la República no esté a la altura de sus deberes. Y como si fuera poco, debe centrar además su atención en los procesos de control político que se anuncian contra algunos altos funcionarios del Estado por las imprudencias y los procederes poco claros en el ejercicio de sus funciones como el caso del Ministro de la Defensa Nacional. Si al anterior cóctel le agregamos las discrepancias de la bancada oficialista por sus pretensiones ante el gobierno, tendríamos entonces, que para los congresistas son variadas las prioridades y atrás quedan los altos intereses de la Nación. |
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El Personaje |
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El viceministro de Educación Javier Botero Álvarez, entregó el resultado del informe sobre los registros calificados a universidades en Colombia. Del total de los centros de educación superior que fueron evaluados, se les otorgó el registro a 2.162. El resto fueron objeto de sanciones que van desde el mejoramiento de sus programas en 3 meses hasta el cierre, por no cumplir con los requisitos de calidad. Se detectó además un 50% de estudiantes desertores. |
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