Contraloría halló responsables a dos exalcaldes de Nueva Granada

Álvaro David del Toro Ramos, fue Alcalde entre enero de 2004 y diciembre de 2007 y Alexander Ruiz Garrido, ejerció su mandato entre enero de 2008 y diciembre de 2012.

Los ex alcaldes llamados a responder son Álvaro David del Toro Ramos y Alexander Ruiz Garrido.

 

La Contraloría General de la República condenó fiscalmente a los ex alcaldes del municipio de Nueva Granada, Álvaro David del Toro Ramos (2004- 2007) y Alexander Ruiz Garrido (2008-2012), quienes deberán responder por más de $791 millones de detrimento patrimonial causado a la entidad territorial.

Esta decisión del organismo de control está fundamentada en la suscripción por parte de la Alcaldía de Nueva Granada, del Convenio N° 001 de 2007, a través del cual se entregaron recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías con destino a la construcción de las redes de distribución para la masificación del Gas Natural Domiciliario en el municipio. Sin embargo el Departamento Nacional de Planeación reportó a la Contraloría las irregularidades evidenciadas en la ejecución de los recursos, por el manejo irregular de la cuenta a la que los mismos habían sido transferidos.

Además, la Contraloría evidenció que la calidad de las obras no era la adecuada y que las acometidas instaladas presentaban deterioro al no haberse puesto en funcionamiento desde su instalación. A pesar de ello, la Alcaldía no adelantó las actuaciones administrativas necesarias para declarar el incumplimiento del contrato, y del mismo interventor, quien había autorizado el pago de ítems no ejecutados en las obras. El convenio había sido suscrito por el Alcalde Álvaro David del Toro Ramos, con la firma Ingeniería y Obras (Ingeobra S.A. E.S.P.), para la construcción de la red de distribución del Gas Natural Domiciliario.

El valor del Convenio fue por $791millones debía destinarse a la construcción y puesta en servicio de la red, incluida la estación de descompresión, así como para la administración, operación y mantenimiento del proyecto. A pesar de haber recibido el contratista los recursos para la ejecución del Convenio,  la obra fue abandonada desde enero del año 2009, evidenciándose que el interventor había reportado un avance de ejecución superior al que en realidad se comprobó durante las visitas técnicas llevadas a cabo en el terreno. Por lo poco que había avanzado la obra resultó inservible por el abandono en que la misma fue dejada, presentándose deterioro por el tiempo transcurrido desde la instalación.

Debido a ello, el Departamento Nacional de Planeación impuso una medida preventiva de suspensión de giros, dado que los recursos existentes en la cuenta del proyecto y los saldos pendientes por girarse del Fondo Nacional de Regalías, resultaban insuficientes para terminar las obras a precios de hoy.

EL INFORME TÉCNICO

El Informe Técnico adelantado por la Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena, que incluyó la visita a las obras y un registro fotográfico y los planos, fue contundente al concluir que las obras y actividades que hacen parte del convenio indagado no fueron ejecutado en su totalidad, presenta deficiencias técnicas y no se encuentra prestando servicio alguno a la comunidad beneficiaria, por lo que existe presunto detrimento al patrimonio del Estado por el valor de los recursos desembolsados por el Fondo Nacional de Regalías.

De tal forma, que las obras se encuentran suspendidas desde el mes de enero del año 2009, el convenio aún no se ha liquidado y además mediante Resolución N° 166 de marzo 11 de 2013 expedida por el Municipio de Nueva Granada se declaró el incumplimiento de este. Además, no hay concordancia entre las actas parciales de obra ejecutada y los diferentes informes de interventoría con respecto a las obras realmente ejecutadas. El municipio no cumplió con el seguimiento respectivo a las obras y actividades que contempla el proyecto, con el fin de lograr el objetivo y alcance del proyecto aprobado.

CONDUCTA DE LOS EX ALCALDES

Por consiguiente, concluye la Contraloría General que la conducta omisiva y permisiva de los ex alcaldes, contribuyó al deterioro de las obras que se habían realizado, al abandono de la misma por parte del contratista y a la pérdida de los recursos de regalías que se habían asignado al proyecto.

La condena fiscal por $791 millones, que fue confirmada por la Contraloría General en segunda instancia, involucró al ex alcalde Álvaro David del Toro Ramos, quien en ejercicio del cargo tenía bajo su cuidado los recursos destinados al proyecto, y siendo el encargado de la contratación, ha debido verificar tanto su adecuada inversión como la debida ejecución de las obras.

Igualmente fue llamado a responder su sucesor, el ex alcalde Alexander Ruiz Garrido, quien fue negligente en el cumplimiento de sus funciones al no ejercer la debida vigilancia en la construcción de las obras de la red de distribución, omisión que desencadenó en el incumplimiento del contrato, ya que de haber advertido el Alcalde las falencias en la ejecución de la obra contratada, ha debido proceder a la liquidación de contrato, hacer efectiva la póliza, y requerir al contratista para su cumplimiento.