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A propósito de la Ley de Financiamiento

Para no incurrir en eufemismos, comencemos por llamar las cosas por su nombre, la reforma tributaria presentada por el gobierno del Presidente Duque, ha levantado muchas ampollas en el pueblo colombiano, sobretodo en la clase media, que ha sido y será el sostén de nuestra democracia.

No se puede negar que para que el Estado cumpla con el mandato del artículo 2 de nuestra Constitución, o sea, garantizar la prosperidad y el desarrollo de la sociedad, es indispensable que cuente con recursos económicos para llevar a feliz término esta tarea.

Igualmente es pertinente recordar, que la herramienta más importante de la administración pública, es el presupuesto, que a grandes rasgos se compone de ingresos, que están conformados por los impuestos que pagamos todos los colombianos, por los dineros que puedan generar las empresas del Estado o aquellas en las cuales este tenga participación como socio, caso Ecopetrol. De la misma manera, encontramos en el presupuesto de ingresos, los dineros que pueden llegar  por concepto de créditos internacionales o nacionales.

El otro ítem que compone el presupuesto, son los   egresos, conformado por los dineros que se gastan en el funcionamiento del Estado y que no representan ningún retorno al mismo.

Pero la columna más significativa del presupuesto nacional es la que corresponde a la inversión, la cual está compuesta en forma macro por la que se hace en obras de infraestructura o similares y la llamada inversión social, que la forman los dineros que direcciona el gobierno a la salud, educación, al sostenimientos de los subsidios, a los programas sociales como el de familias en Acción y muchos otros con los que contribuye el Estado a mejorar la situación de nuestros compatriotas más necesitados.

O sea, el Estado se financia con la contribución de todos los colombianos, pero eso no habilita ala administración nacional a imponerle cargas tributarias pesada e insostenibles ala clase media, que en últimas es la que ha sostenido nuestro sistema político y el funcionamiento del Estado, pues sobre ella ha recaído la responsabilidad electoral y el pago de impuesto indirectos como el IVA y los directos como son el de renta y patrimonio que se quiere revivir con la presentación de actual reforma.

Imponer el IVA a toda la canasta familiar, es condenar a los más necesitados a que comen menos y que su nutrición sea deficiente, aun devolviéndole $53.000,oo. Lo mismo ocurre con el gravamen a las pensiones, que no son rentas ni regalo del Estado, sino un derecho producto del ahorro de la vida laboral de cada uno de los pensionados, gravarlas  es disminuir la capacidad adquisitiva de las persona más improductivas de la sociedad que son las de la tercera edad.

Entendemos la urgencia del gobierno por nivelar el presupuesto de 2019, desfinanciado en 14 billones de pesos, producto de las dádivas y derroche del anterior gobierno, pero no es castigando a los colombianos como se debe enjugar este déficit.

La administración nacional, está en la obligación de proteger a la sociedad, no de maltratarla con más impuestos, debe buscar conjuntamente con el Congreso otros mecanismo para cuadrar el presupuesto 2019 y de paso hacer una reforma que garantice el recaudo de los impuesto, su uso honesto y efectivo y que se canalicen los recurso hacia los sectores más necesitados y a garantizar la prosperidad y el desarrollo, tal cual lo manda el artículo 2 de la Constitución Política.

¿Sabes Qué? Los técnicos son muy buenos con los números económicos, pero carecen de sensibilidad social y esta es la que requieren los colombianos.

*Catedrático Universitario