Presentan proyecto al congreso para fortalecer a la Contraloría

El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley con el que se busca reformar el sistema de control fiscal y crear un nuevo modelo preventivo frente a la corrupción en el país. 

«Una de las herramientas del control preventivo y concomitante es la función de advertencia y la gerencia de riesgos, que le permitirá a la Contraloría actuar de forma inmediata y con sentido de urgencia ante un riesgo de daño patrimonial, ejecutando auditorías en tiempo real», indicó Córdoba. 

De acuerdo con el funcionario, con este proyecto se logrará hacer un seguimiento en tiempo real y de forma especial al riesgo de daño patrimonial que se evidencie en una entidad, en defensa y protección del patrimonio público y sin que ello se constituya en un control previo. 

“Se trata de actuar en tiempo real frente a las fuentes y usos del recurso público y no de manera póstuma, cuando ya el daño se materializa”, explicó el jefe del organismo de control. 

En ese sentido, el proyecto contempla asignar facultades jurisdiccionales a las contralorías, para optimizar el proceso de responsabilidad fiscal y que la Contraloría pueda realizar una intervención cuando se presente evidencia de falta de objetividad e imparcialidad o ausencia de capacidad técnica para el ejercicio de las funciones de las entidades regionales. 

«La idea central es que se ponga en marcha un modelo integral de protección y defensa del patrimonio público, de tal manera que las contralorías no sigan siendo notarios del daño público y se limiten a registrar su ocurrencia e intentar el respectivo resarcimiento a través de un proceso dispendioso, complejo e impredecible, donde los casos de mayor cuantía e importancia son sometidos al posterior escrutinio de la jurisdicción contenciosa administrativa», indicó el funcionario. 

Otro de los aspectos que se contemplan es que los investigadores puedan tener facultades de jueces con el objetivo de que se pueda realizar un adecuado manejo probatorio y que a través del uso de esas facultades se pueda «garantizar los principios fundamentales de imparcialidad, doble instancia, celeridad, especialidad y seguridad jurídica, propios de los procesos jurisdiccionales». 

 

Bogotá Colprensa