Gobierno Duque pasó al tablero para hacerle cuentas a los dos años de la paz

El cumplimiento a los compromisos de los acuerdos de paz que se firmaron hace dos años, llevaron a que este miércoles el Gobierno Nacional rindiera cuentas ante la plenaria de la Cámara de Representantes, en donde se dio una dura controversia entre la oposición y el gobierno.

El control político, que fue liderado por la bancada de la Alianza Verde, pretendió ser inicialmente parado por el Centro Democrático, por intermedio del representante Gabriel Vallejo, quien sostuvo que la administración de Iván Duque no podía entregar cuentas de la paz que se firmó en la administración de Juan Manuel Santos. Ante la petición del propio gobierno Duque, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el congresista desistió de su petición de levantar la plenaria.

Los citantes, entre otros las representantes Juanita Gobertus y Catalina Ortiz, centraron el debate en que el gobierno Duque está incumpliendo en lo referente a las víctimas, la definición jurídica de los reinsertados, el crecimiento de las bandas conformadas por las disidencia y el incumplimiento en el desarrollo de los proyectos productivos en las regiones en donde estuvo centrado el conflicto armado.

Gobertus, frente a las disidencias, recordó las cifras del Ministerio de Defensa, de que son 29 estructuras en 18 departamentos y 120 municipios, y al menos 1749 personas en armas, lo que ha llevado al incremento del 21 % en desplazamiento, unas 7126 personas, además del aumentó de agresiones a líderes sociales.

“Hoy la responsabilidad por el éxito o fracaso de este proceso de construcción de paz y estabilización es del Gobierno de Iván Duque”, por lo que cuestionó que “este gobierno ha tomado en materia de reincorporación, desarrollo rural y sustitución de cultivos, y reparación de víctimas, medidas que ponen en riesgo el proceso de construcción de paz y de estabilización territorial”.

De la misma forma, señaló que “la ausencia de una respuesta rápida en materia de reincorporación por parte del Gobierno Duque ha generado incentivos perversos para que mandos medios se vayan a las disidencias, creando un riesgo de seguridad nacional”.

Para Gobertus, este gobierno ha hecho una muy baja aprobación de proyectos productivos, porque sólo se han aprobado 17 proyectos productivos, de esos 2 con desembolso que benefician apenas a 87 de 13.049 reincorporados. Igualmente criticó que hay cero seguimiento al estado de la reincorporación de cada excombatiente.

Por su parte Catalina Ortiz advirtió sobre el manejo de los recursos que están llegando al fondo Colombia en Paz, eso porque están accediendo diversos operadores que no tienen nada que ver. “Esto no está funcionando se está quedando el 20 % de los recursos en la cadena de distribución, hay que hacer una rendición de cuentas”, señaló la congresista.

La respuesta del gobierno la inició la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien hizo tal vez la intervención más contundente que ha hecho durante su presencia en el cargo.

Gutiérrez declaró que las cifras que se presentaron no son ciertas en su totalidad, y en particular negó que dentro del plan nacional de desarrollo el gobierno Duque no esté atendiendo a las víctimas.

“Este es un corte de cuentas al gobierno saliente, pero este nuevo Congreso quiso llamar al nuevo gobierno para saber qué fue lo que pasó. Estamos en dos años de haberse firmado el acuerdo que dejó sobrefinanciado al Estado y con una subinstitucionalidad”, indicó la ministra.

Cuestionó que las cifras de los cultivos ilícitos y el incremento de la violencia con la aparición de los nuevos grupos delincuencias que han salido de las disidencias, se originó en el propio acuerdo de paz.

También cuestionó a la oposición en las críticas que hicieron al gobierno por no cumplir con el cierre de los procesos judiciales a los desmovilizados, y en tal sentido dijo que son varios los jefes de las Farc que no le están cumpliendo a la JEP.

Por su parte, el alto consejero para el posconflicto, Emilio José Archila Peñalosa, negó que se tenga frenado la aprobación de los proyectos productivos para los desmovilizados y dijo que en estos cien días de gobierno se han avalado 17 por cerca de 1000 millones de pesos.

Frente a los proyectos de inversión territorial, pactados en los acuerdos, Archila sostuvo que el problema es que los mismos estaban rodeados de muchas planeaciones que se definen por distintos organismos que se crearon en los acuerdos, pero no estaban articulados, aspecto en el que se trabaja en este gobierno.

 

Bogotá Colprensa