Disidencias y trabas institucionales, lunares en implementación de la paz

A pocos días de que se cumplan dos años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC, pese a que desde distintos sectores se reconocen avances en aspectos importantes, temas como la reincorporación a mediano y largo plazo, garantías jurídicas, seguridad de los excombatientes, cultivos ilícitos siguen preocupando y falta de desarrollos de proyectos productivos, mantienen la preocupación de las organizaciones.

En algunos de estos temas estuvieron los principales reclamos que se le hicieron al Gobierno Nacional en un debate de control político realizado este miércoles en el Congreso con las representantes Juanita Gobertus y Catalina Ortiz de la Alianza Verde como citantes.

En el debate se recordó que, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa, hoy hay  29 estructuras  de disidencias en 18 departamentos y 120 municipios, y al menos 1.749 personas en armas, lo que ha llevado al incremento del 21 % en desplazamiento, unas 7.126 personas, además del aumento de agresiones a líderes sociales. Por esta razón se cuestionó la falta de medidas efectivas por parte del Gobierno del presidente de la República, Iván Duque Márquez, para enfrentar esta problemática.

Raúl Rosende, jefe de la Misión  de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, asegura que pese a que el 90%  de la reincorporación a corto plazo ha sido efectiva, el organismo que representa mantiene la preocupación sobre la seguridad de los excombatientes debido a que han sido asesinadas más de 80 de ellos en diferentes circunstancias.

“El gran desafío que tenemos es evitar que este fenómeno crezca y se reproduzca. Uno de los aspectos claves es aumentar la presencia del Estado en zonas de conflicto. Creo que no es un secreto para nadie  que  en muchos territorios de conflicto la presencia del Estado es muy baja o nula”, destaca Rosende.

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU resalta el tránsito político de las FARC como uno de los grandes avances del proceso, argumentando que es una de las partes más difíciles de conseguir de manera inmediata en este tipo de procesos. También destaca la dejación de armas como un aspecto relevante, teniendo en cuenta que fue una de las mayores, en cuanto a cantidad de armas entregadas, que se ha hecho en el mundo.

Sin embargo, señala que la ONU espera que el Gobierno mantenga los acuerdos que se hicieron alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por ser un eje fundamental del posconflicto. Aseguró que esta instancia tiene elementos dignos de ser replicados en otros procesos por las alternativas que propone de construcción de paz.

Andrés Macías, docente investigador de temas relacionados con paz en la Universidad Externado,  indica que  uno  de los “lunares” de la implementación del acuerdo de paz con las FARC son las disidencias, pese a que estas son comunes en este tipo arreglos. Argumenta el académico que el efecto de este fenómeno ha sido notorio porque sumado a la presencia de otros grupos armados ilegales con el narcotráfico de por medio, ha generado la dinamización de violencia en muchos territorios.

Laura Villa, delegada del Consejo Nacional de Reincorporación de las FARC, coincide con Macías en el sentido de que el conflicto armado continúa en ciertas regiones del país por la falta de presencia institucional.

En cuanto a la seguridad de los excombatientes, Villa agrega que le parece estrecha la visión de seguridad física que tiene el Gobierno porque se limita a unos esquemas de seguridad.

“Si uno se pone hacer el análisis, muchos de esos esquemas en el área del Catatumbo, Arauca y Norte de Santander, han sido desarmados por los mismos grupos armados”, indica la delegada de las FARC y añade que la muerte de los  más de 80 exguerrilleros y de más de 300 líderes sociales es una muestra de que se debe ir más allá de unos esquemas de seguridad.

Por su parte, Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización, dice que el Gobierno ha reaccionado a las peticiones  por parte de las FARC y aseguró que los asesinatos de exmiembros de esta organización han ocurrido por enfrentamientos entre grupos dedicados a actividades al margen de la ley.

Andrés Stapper, director de la Agencia de Reincorporación y Normalización, reconoce que el Gobierno debe  profundizar en temas productivos  y de articulación institucional para mejorar la implementación de los acuerdos de paz.

“Tenemos un balance muy positivo y una agenda. Tenemos que articular sector privado y sector público para sacar adelante este proceso. Los proyectos colectivos son 17 aprobados por el Consejo  Nacional de Reincorporación, pero la agencia para la reincorporación tiene en  trámite 187  proyectos de carácter individual”, dice Stapper.

De acuerdo con el funcionario, el Gobierno está buscando que los proyectos productivos tengan sostenibilidad en el tiempo para cumplir con la implementación a largo plazo. Agregó que se está trabajando en estrategias de comercialización de estos proyectos.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) señala que uno de los mayores retos que aún le queda al posconflicto es la reconciliación. “No estábamos preparados para llevar seguridad a las regiones que estaban en disputa por los grupos armados. Que no tengamos una política antinarcóticos  que responda al posconflicto es otro reto, necesitamos una política de desarrollo rural y le estamos pidiendo demasiado a la JEP”, añade.  

Andrés Macías,  por su parte, considera  que para que pueda ser exitosa la implementación de lo que se acordó en La Habana se requiere de un apoyo total del Congreso porque aún hay  instrumentos legales que hay que ajustar.

 

Bogotá Colprensa