Allanamiento a Sandra Mercado, clave en legalización de capturas en caso PAE

Tras nueve horas de audiencia, donde se dijeron los procedimientos realizados por la Fiscalía contra cinco de los seis sindicados de participar en presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena, en 2016, el juez 12 con función de Control de Garantías legalizó capturas y allanamientos.

Los implicados en el caso son el exalcalde Manuel Vicente Duque; el exsecretario de Educación, Germán Sierra Anaya; la funcionaria de la Secretaría de Educación, Mayiris Gómez Ballestas; la representante legal del Consorcio Proescolar 2016, Sandra Mercado Santoya, y David Camacho Benítez.

Al tiempo que se adelantaba la diligencia en Cartagena, a otra de las capturadas, la representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Amanda Muñoz Bravo, se le legalizaba la captura en Pasto (Nariño). Esto porque no pudo llegar a la ciudad para el inicio de la audiencia preliminar. Se espera que hoy a las 10 a. m., hora para la que fue programada la audiencia, esté presente para la imputación de cargos.

Pese a que el fiscal de apoyo de la Seccional 53 de Cartagena radicó la petición de asignación de juzgado y sala, para realizar la audiencia a las 7:50 de la mañana, el juez tardó hasta las 10:40 para arrancar la diligencia.

A esta asistieron la Procuraduría, una representante de las víctimas (Distrito) y todos los abogados defensores de los sindicados.

 

Los hallazgos

“Las órdenes de captura y las de allanamiento y registro se hicieron para esclarecer los hechos de los que son señalados, y con la finalidad de obtención de materiales probatorios y evidencias físicas, para demostrar que hay acciones delictivas. Se obtuvieron en los allanamientos celulares, computadores, tabletas, memorias USB, que se habrían usado para hacer acuerdos y que estaban fuera de la vista de las autoridades”, mencionó el fiscal en la audiencia.

Lo que le daría peso a los allanamientos y registros del ente acusador, y que le dio fuerza a la decisión del juez fue el hallazgo en la vivienda de Sandra Mercado Santoya.

En la audiencia la Fiscalía explicó que en el dormitorio que la señalada declaró como suyo, encontraron una caja fuerte que contenía dos billeteras y en una de ellas había recibos de transacciones bancarias con contratos de arrendamiento, detalles de consorcios escolares, fechas, colegios de la ciudad y anotaciones a ‘mano alzada’ de valores y transacciones. Además hallaron un computador con documentación financiera y soportes de pago de valor real y sobrefacturado, más documentos membreteados del Distrito de Cartagena, de fecha 8 de abril de 2016, con la solicitud de presentación de oferta de la Fundación Redcom.

También facturas de venta de pechugas de pollo con valor unitario de $7 mil y huevos a $250, que alcanzaban valores totales de hasta $3.386.000.

El fiscal detalló cuántos documentos indagaron en bases de datos, para obtener información de los sindicados, tales como revisión en la Superintendencia de Notariado y Registro, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Registro Único Nacional de Tránsito, el Registro Único Empresarial y la Cámara de Comercio de Cartagena. También antecedentes judiciales e investigaciones.

Luego identificó los cinco inmuebles allanados, los cuales fueron constatados como residencias de los sindicados, de donde obtuvieron material probatorio.

 

La puja de la defensa

Aun cuando la Fiscalía recalcó que el caso había sido complejo por no contar con la presencia de una de las sindicadas, los abogados defensores trataron de tumbar esta connotación con los tiempos que tardaron los investigadores en resolver el caso y en rendir el informe de las capturas y allanamientos al fiscal titular.

Uno de ellos indicó que no se estableció qué impidió que de manera “inmediata” se informara al fiscal titular de todos los procedimientos.

El abogado defensor de David Camacho y Sandra Milena dijo que las órdenes de allanamiento no tenían motivo razonablemente fundado.

Se conoció que ocho investigadores de otras ciudades llegaron a la ciudad, para acelerar las investigaciones en este controversial caso que tiene como principales perjudicados a los niños y niñas de los colegios oficiales de la ciudad.

Por su parte, el abogado defensor de Mayiris Gómez se opuso a la legalidad de la captura, porque se le estaría irrespetando la privacidad personal.

Finalmente, el juez hizo dos planteamientos con respecto a la legalidad de los allanamientos, y que se fundamentaron en el Código Penal, pues sí existieron motivaciones por parte de la Fiscalía para realizarlos. “No existía mecanismo alternativo menos invasivo y más adecuado para recolectar material probatorio, que la orden de registro y allanamiento. Los procedimientos fueron cumplidos con las exigencias y se entregó dentro del término establecido”, puntualizó el juez.

 

Distrito es víctima

A la audiencia asistió una representante de las víctimas, que en este caso se puso al Distrito porque a razón del ente acusador, se habla de garantías del Estado, ya que, presuntamente, hubo apropiación de recursos de naturaleza pública.

“Se hizo la citación a la Contraloría General de la República. Dos personas que se consideran como víctimas, primero la administración de Cartagena es quien celebra estos dos contratos de los que hablaremos (urgencia manifiesta en 2016 y la licitación pública). El concepto de víctima tiene dos particularidades, víctima y que pueda ocasionalmente tener un perjuicio”, explicó el fiscal.

Entonces –aclaró– en este tipo de investigaciones que se presume hubo apropiación de recursos públicos, se deben representar esas garantías del Estado, en este caso la Contraloría General.

¿Por qué la Contraloría?, según la Fiscalía, porque este fue el organismo que advirtió, a través de auditorías, sobre las presuntas irregularidades presentadas en contratos y que la Administración Distrital tiene aperturas en este ente por responsabilidad fiscal, no solo a personas naturales, también jurídicas.

 

El Universal