HOY DIARIO DEL MAGDALENA

Los pendientes que tendrá que resolver la justicia ordinaria en 2019

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Uno de los principales retos de la justicia ordinaria el próximo año es el que ronda la figura del fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa Quintero, quien fue elegido por la Corte Suprema para asumir tres de los procesos que se surten en el expediente por el escándalo de Odebrecht.

Tal acción es una hazaña tanto para la Fiscalía como para Espinosa Quintero. El decano de Derecho de la facultad de la Universidad Sergio Arboleda, hasta el momento no se ha enfrentado a los estrados judiciales donde se destapan las cartas de corrupción que sostuvo la firma brasileña en Colombia, y el ente acusador tampoco conoce a fondo la figura que ocupará Espinosa.

En este caso, el fiscal ad hoc conocerá los acuerdos con la justicia colombiana que buscan los directivos de la firma brasileña, además del archivo de la investigación que pesaba sobre las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez.

El fiscal ad hoc estará bajo la lupa de muchos sectores del país, debido a que debe actuar de manera imparcial e independiente a los designios de la Fiscalía General.

Siguiendo con la misma línea de Odebrecht, el próximo año continúa el juicio contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestuctura (ANI), quien hoy se encuentra fuera del país, luego de que la Fiscalía estimara que en su contra no existían motivos para estar detenido.

Andrade Moreno estuvo bajo detención domiciliaria en su lugar de residencia durante un año, y pese a que en las audiencias preliminares la Fiscalía ha dejado claro que el exdirectivo no recibió dineros por parte de la firma brasilera, sí aseguró que hizo lobby, pues es acusado de las múltiples reuniones que, supuestamente, sostuvo con los exdirectivos de Odebrecht y con el exsenador Otto Nicolás Bula, con el fin de adjudicar el otro sí de la Ruta Ocaña-Gamarra-Aguas Claras.

El expresidente de la ANI fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falso testimonio, cargos que no aceptó. Sin embargo, el 1 de febrero Andrade fue acusado formalmente por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, ocultamiento de material probatorio, falso testimonio, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos.

Andrade Moreno y su defensa han denunciado que el proceso judicial en su contra se ha convertido en una persecución. A juicio del procesado, en más de una ocasión evidenció drones en su casa, por lo que fue necesario pedir a las autoridades extranjeras salvaguardar su vida y la de su familia.

CARTEL DE LA TOGA

Otro caso que deberá resolver la justicia ordinaria, es el juicio del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte, quien ha sido señalado por la Fiscalía de pertenecer a una organización delictiva que funcionaba dentro de la corporación.

Según la Fiscalía, entre 2013 y 2016, junto con el también magistrado Leonidas Bustos, “promovieron y dirigieron una organización criminal” a la que integraron a Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y el magistrado de la Sala Penal Gustavo Malo Fernández, para direccionar procesos penales a cambio de dinero.

De acuerdo con las investigaciones, lo primero que quedó claro es que presuntamente, Ricaurte y Bustos conseguían los clientes, dirigentes políticos investigados, para “manejar los casos” con diferentes estrategias: consecución de información privilegiada, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos y hasta alterar evidencias.

Para la Fiscalía, de esa alianza criminal se derivaron varios actos de corrupción que relacionan al senador Álvaro Ashton, Musa Besaile, Juan Carlos Abadía, Alejandro Lyons y Julio Manzur.

Dentro del proceso que se surte en contra de Ricaurte, este fue acusado el 16 de marzo de 2018 por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias y utilización de información privilegiada.

PRIETO, MATTOS Y LOS MORA URREA

Otro caso de connotación nacional, es el aval del preacuerdo que busca Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, quien actualmente está recluido en la cárcel Modelo de Bogotá y es señalado de recibir dinero para gestionar ante la ANI la adjudicación de un contrato a la concesionaria Yuma, vinculado al tramo III de la Ruta del Sol.

El 5 de junio de 2018 la Fiscalía General archivó la investigación que pesaba en su contra, por supuestamente recibir dineros de Odebrecht para la campaña presidencial del exmandatario con el que trabajó. En ese entonces, el abogado Marlon Díaz, quien defiende los intereses de Prieto Uribe, anunció que la investigación penal cesó debido a que los hechos cometidos no estaban tipificados como delitos para la época.

Igualmente, otro caso que conmocionó al territorio nacional fue la presencia de Raúl Gutiérrez Sánchez en el país. Un hombre de nacionalidad cubana que fue capturado en el primer semestre del año porque, supuestamente, pretendía cometer actos terroristas contra miembros de la Embajada Americana.

En las diligencias judiciales que se surtieron en su contra, la Fiscalía dejó al descubierto una serie de conversaciones que vinculaban al cubano con miembros de organizaciones criminales de talante internacional. Las interceptaciones que fueron reveladas por el ente acusador, contaron a ciencia cierta lo que pretendía hacer el hoy detenido, quien días más tarde en una emisora colombiana desmintió que estuviera en el país por los hechos que se le acusan. El otro año se surtirá el juicio en su contra, en el que un juez especializado determinará si existe o no responsabilidad.

Por otro lado, en los estrados judiciales también se moverá el caso de Edna, Uriel, Alirio y Norberto Mora Urrea, los hermanos que, a juicio de la Fiscalía, serían los testaferros de las extintas Farc. Si bien, en una diligencia llevada a cabo en julio de este año, pidieron pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hasta la fecha no se conoce que en la justicia transicional hayan aceptado su solicitud.

En ese entonces, la Fiscalía dijo que los cuatro hermanos estarían inmersos en una organización presuntamente dedicada al testaferrato y financiación de grupos terroristas. A juicio del ente acusador, los hermanos Mora Urrea “buscaban dar apariencia de legalidad a algunos dineros provenientes de las actividades ilícitas del extinto Frente 53 de las FARC”.

El fiscal del caso aseguró en su momento que al mando de ese frente estaba Henry Castellanos Garzón, alias ‘Romaña’. Según el informe de la Fiscalía, estas personas recibían dinero de ese frente, a través de ‘Romaña’, y posterior a ello generaron una serie de almacenes de comercio denominados Supermercados Cundinamarca, dedicados a comercializar abarrotes en diferentes partes del país.

Del mismo modo, en medio de las diligencias judiciales se evidenció que los hermanos Mora Urrea, tuvieron un incremento patrimonial considerable.

Otro caso que está en el tintero de la justicia ordinaria, es el del empresario Carlos Mattos, quien ha sido judicializado en contumacia, debido a que las veces que ha sido requerido por las autoridades no ha asistido, supuestamente, por estar en mal estado de salud.

Mattos, de quien se dice está en España, es solicitado por la Fiscalía para que responda por las presuntas irregularidades en el reparto de una demanda que presentó la empresa Hyundai Colombia contra la coreana Hyundai Motor Company, que durante septiembre de 2015 le quitó al empresario la representación comercial de la marca en el territorio nacional.

En el marco de este sonado caso han sido detenidos abogados, jueces y funcionarios judiciales. El más reciente procesado por este escándalo es Álex Vernot, cobijado con medida de aseguramiento. Este abogado fue señalado por el ente acusador de ser el autor de soborno en actuación judicial, al ofrecerle dinero al también jurista Luis Durán para que cambiara su versión en contra de Mattos.

Los encuentros con Durán se dieron en la cárcel La Modelo, donde permanece detenido. Las visitas fueron documentadas por la Fiscalía y cuentan, además, con una declaración bajo juramento de Durán en la que asegura que, en efecto, Vernot le ofreció dos millones de dólares para modificar su testimonio.

CHUZADAS

Otro caso que consternó a la opinión pública y que estará bajo la lupa de la justicia ordinaria el próximo año fue el de las interceptaciones ilegales que se hicieron, a juicio de la Fiscalía, desde Cali (Valle del Cauca) e Ipiales (Nariño), en donde se constató que la organización era promovida por altos exoficiales del Ejército, una exfuncionaria del Ministerio de las Comunicaciones e, incluso, salpicó al general (r) Humberto Guatibonza, quien fungió como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Según la Fiscalía, el general habría servido de intermediario en la organización y llevaba “clientes” para que fuesen “chuzados”. Guatibonza enfrentará en 2019 su juicio bajo detención domiciliaria, que le fue otorgado por un juez de la República.

Por último, se encuentra el atentado al Centro Comercial Andino, en el cual son procesadas diez personas por los hechos terroristas ocurridos en junio de 2017, donde perdieron la vida tres mujeres y siete más quedaron heridas, esto luego de que detonaran un artefacto explosivo en uno de los baños del establecimiento público.

Lo que dio un giro inesperado en la historia es que la Fiscalía, en sus investigaciones, halló que los procesados tenían nexos con el Ejército de Liberación Nacional. Según el ente acusador, los hoy cobijados con medida de aseguramiento recibían adoctrinamiento militar y a cambio suministraban conocimientos al grupo al margen de la ley. Los procesados se encuentran en etapa de juicio.

BOGOTÁ (Colprensa).

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