La lucha antidrogas pide un cambio de estrategia

Una cifra que permite dimensionar el fenómeno tiene que ver con que en el país, durante 2018, fueron erradicadas 80.571 hectáreas de cultivos ilícitos. Sin embargo, hay una resiembra del 35 %, es decir, en ese lapso volvieron a cultivarse 28.199 hectáreas.

La lucha contra las drogas en Colombia sigue dejando pendientes. Primero, que se aborde el fenómeno con las comunidades y no simplemente desde un escritorio en Bogotá o las capitales de los departamentos, sino con quienes están alrededor de este flagelo.

Esta conclusión resulta del informe “La experiencia de Colombia en materia de política de drogas en la última década”, que publicará hoy El grupo de Acciones para el Cambio, integrado por 10 organizaciones del país

El documento tiene una radiografía de lo que han sido las estrategias para enfrentar el fenómeno. “Durante las últimas décadas, la política de drogas ha priorizado la erradicación forzada de cultivos ilícitos, la reducción del consumo de drogas y el enfoque punitivo, en detrimento de estrategias de desarrollo alternativo, reducción de riesgos y daños y de garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.

CUENTAS PENDIENTES

Una cifra que permite dimensionar el fenómeno tiene que ver con que en el país, durante 2018, fueron erradicadas 80.571 hectáreas de cultivos ilícitos. Sin embargo, hay una resiembra del 35 %, es decir, en ese lapso volvieron a cultivarse 28.199 hectáreas.

Asimismo, sostiene el informe, que Colombia al pasar de ser productor a convertirse en consumidor también requiere esfuerzos en prevención y cambio de estrategia.

“El balance general muestra que aunque la política de drogas ha consumido más de 20 billones de pesos, los problemas de gobernabilidad y construcción de Estado, así como las respuestas adecuadas al consumo, siguen siendo una deuda pendiente”.

Otro panorama es el que revelan las proyecciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Según este, en 2015 había más de 1,4 millones de usuarios de cocaína, marihuana, bazuco y éxtasis, sin embargo, “la oferta de servicios en salud para la atención de consumos problemáticos es prácticamente inexistente en el 95 % de los municipios”

¿QUÉ HACER?

Paula Aguirre Ospina, abogada y coordinadora de la sede en Colombia de Elementa, Consultoría en Derechos, que también hizo parte de la elaboración del informe, señala que tras 10 años del plan de acción de la lucha contra las drogas, firmado en marzo de 2009, Colombia vive un retroceso.

“No se han logrado las metas. Nos damos cuenta que las políticas se enfocan en la represión y en un montón de políticas que han dejado de lado el enfoque de salud pública y de derechos humanos a la hora de implementar las políticas en este sentido”.

Otro asunto es la criminalización del consumo. Por ejemplo, Isabel Pereira Arana, coordinadora de la línea de drogas de Dejusticia, sostiene que el actual gobierno del presidente Iván Duque ha hecho públicas dos acciones en este sentido.

¿Y EL GOBIERNO?

Ante esto, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, ha señalado que, en el caso de la dosis mínima, “si esa persona demuestra que es adicta y que tiene una prescripción médica, no se le retendrá”.

En su momento dijo que “vamos a tratar de regular el consentimiento para conducir a esa persona a los planes de salud y educación para que supere la dependencia”, tal cual lo indican las políticas públicas. Por otra parte, la Ruta Futuro del Minjusticia se diseñó sobre cuatro puntos: primero, reducir el consumo; segundo, reducir la disponibilidad de drogas; tercero, desarticular organizaciones y afectar las economías criminales, y cuarto, ampliar la cobertura en programas basados en la experiencia y la evidencia y fortalecer las campañas en centros educativos y de prevención en medios masivos.

Pese a esto, en el documento de esta política se puede leer que las estrategias para reducir los cultivos ilícitos van encaminadas en la “intervención de la Fuerza Pública para recuperar la seguridad, reactivar el programa de aspersión aérea, erradicación forzosa, erradicación manual voluntaria, sustitución de cultivos y aplicar investigación para la reducción de cultivos ilícitos y disponibilidad de drogas”.