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Conozca las tarifas que pagarían quienes derrochen agua en temporada de sequía

Según el Minambiente el decreto ya está listo para los hogares que registren un incremento considerable en su consumo.

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El Fenómeno de El Niño mantiene en emergencia a mas de 46 municipios del país, por ello el ministerio de Vivienda, liderado por Jonathan Malagón, ejecuto un decreto que busca “castigar” a quienes derrochen agua en el país en plena temporada de sequía
Según Malagón se implementa este decreto, ya que se han presentados reportes de derroche de agua en buena parte de los municipios afectados.

“Queremos castigar el derroche con una tarifa que le permita a los operadores reinvertir en los proyectos de almacenamiento, que ayuden a sobreaguar esta situación. NO solamente en el fenómeno de variabilidad climática que estamos experimentando ahora, sino de cara al futuro”, señaló el ministro Malagón.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio, son 114 municipios en diez departamentos los que reportan algún grado de afectación en el servicio de acueducto, como consecuencia de la temporada seca.

Los departamentos que registran afectaciones por las altas temperaturas y la escasez de agua son Antioquia (con 7 municipios), Bolívar (37), Boyacá (13), Cesar (3), Córdoba (1), Cundinamarca (10), La Guajira (8), (12), Sucre (6) y, finalmente, Valle del Cauca (7).
De los 46 municipios que han declarado calamidad pública por desabastecimiento de agua, 37 son municipios del departamento de Bolívar y los 9 municipios restantes son Murindó (Antioquia), Aguada y Aratoca (Santander), Sincelejo, Chalán, San Pedro, Sampués, Toluviejo y Sucre (Sucre).

 

Tarifa más alta

El funcionario explicó que ya se había expedido un decreto que sancionaba el derroche en el pasado y solamente afectaba a aquellas familias que consumieran dos veces le promedio de una región, pero este decreto fue modificado por el aumento de la sequía y según la ministra aquellas vivienda que consuman el 150% de lo habitual serán sancionados.

Es decir, que todas aquellas familias que consuman al menos un 50% por ciento más de agua de los consume en promedio una región, serían “castigadas” con tarifas más altas.
Finalmente los recursos que se recojan por cuenta de los sancionados irán a la protección de las cuencas y no a mejorar la infraestructura de almacenamiento.

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