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HOY DIARIO DEL MAGDALENA

Colombia necesita una reforma tributaria que sea estructural

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Luis Jorge Garay, economista con un largo trayecto. Fue asesor en el ajuste económico de la Nación en 1985 durante el Gobierno de Belisario Betancur. 

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“El problema es que el hueco fiscal está muy grande. Se necesitan dos reformas tributarias más para cerrar el faltante. El año entrante seguro toca hacer otra reforma”. Eso es lo que cree Luis Jorge Garay, economista formado en la Universidad de los Andes, y en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), de quien se reconocen sus investigaciones por la rigurosidad en el tratamiento de los temas, con una exhaustiva revisión de la literatura relacionada y copiosas estadísticas.

Garay tiene publicados 75 libros. Un largo camino de publicaciones, en una cada vez más marcada heterodoxia acercándose a otras ramas del conocimiento. Ha estudiado varios temas entre los que se destacan: captura y reconfiguración del Estado, minería y, recientemente, reflexiona sobre la democracia y sus límites.

En el cargo de asesor especial del Ministerio de Hacienda (1984-1991) participó en el ajuste económico de 1985, en la negociación de la deuda externa y en la apertura económica. Desde entonces Garay empezó a trabajar aspectos que normalmente no están en el radar de los economistas, pero son fundamentales y se le conoce como un experto.

Sobre su preocupación por la situación fiscal del país Garay habló con EL COLOMBIANO.

 

¿Qué opinión le merece la ley de  financiamiento?

“La ley profundiza muchos problemas en vez de solucionarlos, además de que logró poco desde el punto de vista del ingreso esperado. Se crearon, por ejemplo, 9 billones de pesos de exenciones y tratamientos diferenciados.”

 

¿Y el debate cómo le pareció?

“Quiero comenzar aclarando varias falacias que se le presentaron a la opinión sobre el sistema tributario. Una es decir que las tasas impositivas de las empresas son altas. Las nominales sí, las efectivas no. El problema es que las exenciones crean esas diferencias. Hay un gran desbalance en la tributación de grandes empresas y la de otras más pequeñas. Se bajó la tasa nominal y así, la efectiva. El IVA a la canasta familiar era muy regresivo y la devolución muy ineficiente”.

 

¿Y el resultado?

“Al final, la reforma que salió no fue buena. No crea equidad, no crea progresividad y no crea eficiencia. El problema es que el hueco fiscal está muy grande. Se necesitan dos reformas tributarias más para cerrar el faltante. El año entrante seguro toca hacer otra reforma. La pésima norma lleva a buscar el dinero, por ejemplo, vendiendo una parte de Ecopetrol. Muy mala idea cambiar un activo de largo plazo para pagar salarios y otras cosas. Hay que hacer una reforma estructural y se puede empezar a hacer cosas gradualmente como ir quitando deducciones”.

 

Háblenos de sus investigaciones ¿Cómo entender la captura del Estado?

“Me convencí hacia el 2004 de que era necesario trabajar el tema de la captura del Estado pero con un enfoque diferente al del Banco Mundial, más amplio que la visión económica —que muestra la captura de este por los empresarios—. La intuición que tuve en ese momento era que se trataba de un problema sistémico y no de casos aislados. Trabajé el narcoparamilitarismo, investigación en la que empiezo a desarrollar el concepto de captura y cooptación del Estado y que corresponde a una etapa muy avanzada de la ilegalidad, en la que se le quiere refundar.”

 

¿En qué momento nace la ilegalidad?

“He mirado este problema a través del concepto del “rentismo”, definido como una relación de usufructo de la posición de poder en la estructura social, que interviene para lograr privilegios políticos, económicos, culturales y, en algunos casos como el paramilitarismo, militares. Esto sin el debido resarcimiento y, a veces, sin beneficios económicos, como sí se da en el concepto más estrecho de buscador de rentas”.

 

¿Siempre ha existido el “rentismo”?

“El “rentismo” ayuda a comprender la génesis de la ilegalidad en Colombia, un fenómeno muy enquistado en nuestra sociedad. Me ha permitido entender el fenómeno del contrabando en Colombia desde el Siglo XIX , el caso de apropiación de un recurso natural no renovable por los privados, como las esmeraldas, y los primeros desarrollos del narcotráfico. En el caso de las esmeraldas, la sociedad aceptó que por la fuerza los facinerosos se quedaran con la explotación de ese recurso. El antecedente más perverso de ilegalidad. Acá se continuó con la tradición de financiar ejércitos privados que se observó desde el Siglo XIX y hoy está vigente. Me dediqué a trabajar sobre captura y cooptación del Estado con redes criminales, los primeros casos de narcotráfico, pero solo hasta hace poco empecé a estudiar de nuevo el tema de las drogas en Colombia”.

 

¿Cómo abordar el problema de la información?

“En ese momento empezamos con mi coautor a trabajar con el instrumento de redes sociales, que permite estudiar todo el entramado que se encuentra en esas situaciones donde interactúan agentes criminales, legales y los llamados grises. Las redes las armamos con base en los expedientes judiciales, y la verdad judicial, que reconozco que puede ser acotada, pero en todo caso obteníamos credibilidad, legitimidad y certidumbre en nuestro análisis ex post. Esa metodología la aplicamos a los casos de Colombia, México y Guatemala y se publicó un libro con la investigación. Fue difícil y dispendioso conseguir la información sobre todo en México que es un Estado muy cerrado. Además, en ese país los casos de narcos se juzgan en los pueblos, por esa razón el recurso fue acudir a la justicia estadounidense. En México estudiamos el caso de la familia michoacana que después se transformó en los caballeros templarios…”

 

¿Y la investigación sobre Lava Jato?

“Se me abrió una línea de investigación que me ha llevado a escribir 11 libros con mis coautores. Comenzamos con narcotráfico y llegamos así hasta al estudio del caso de Lava jato, el mayor caso de corrupción en Brasil, donde no hay criminales, sino empresas y corporaciones legales, no hay muertos ni heridos. Es un esquema de macrocorrupción muy sofisticado, con corporaciones que participan en las elecciones para garantizar la presencia de funcionarios claves que ayuden a obtener los contratos, apropiándose de esa forma toda la contratación pública. Ese hallazgo lleva a plantear la necesidad de que las personas jurídicas pueden ser sancionadas por la ley penal, porque las empresas son las que hacen la corrupción, se vuelven criminales. Para el caso de Colombia con este enfoque es posible estudiar como se financia el ELN (de hecho, ya publicamos un libro sobre el tema) o las Farc en su momento…”

 

¿Qué uso tiene ese tipo de trabajo?

“La idea es utilizarlo como un instrumento de contexto en instituciones como la Fiscalía o la JEP, que permita sistematizar el análisis de los jueces. No hay tanta economía en nuestro análisis en términos de dónde está la plata, a dónde se fue. Eso está atrasado en las investigaciones en todo el mundo porque hay reservas de información, la legislación es precaria, el sistema legal no se enfoca en perseguir los activos de los criminales, y no hay una adecuada coordinación internacional”.

 

¿Cómo afecta al capitalismo la ilegalidad?

“Yo muestro, con base en literatura de italianos, cómo la ilegalidad rompe las bases del sistema liberal (mercado y democracia). Del mercado porque la competencia no se da por las fuerzas del mercado, sino por el poder de influencia de un agente sobre la política pública por medios corruptos o ilegales. La consecuencia es que el mercado no es competitivo sino de poderes. Se erosionan también las bases de la democracia por la pérdida de la confianza en el mercado, en la competencia y en la reciprocidad. Los partidos políticos también se ven comprometidos en este proceso”.

El Colombiano

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