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No es el glifosato

No es el glifosato, es la seguridad. Eso es lo que no parecieran entender algunos de los asistentes al debate convocado por la Corte Constitucional. Y no essobre el herbicida, porque nadie niega sus riesgos si se utiliza de manera equivocada, ni la pertinencia de la erradicación manual o las bondades de la voluntaria, en algunas zonas y casos, o la importancia de promover opciones productivas a los campesinos que cultivan la coca.

Ese no es el debate, como lo señaló con argumentos y respeto el presidente Iván Duque. “La verdadera discusión es sobre la amenaza y los riesgos que enfrenta hoy nuestro país por cuenta del crecimiento vertiginoso, en los últimos años, de los cultivos ilícitos, y las consecuencias que esto trae para el orden público, la seguridad nacional, la protección y el tutelaje de los derechos fundamentales de los colombianos”. Así lo dijo, con razón.

El narcotráfico ha sido, desde hace más de 30 años, el principal combustible de las distintas formas de violencia en Colombia. En diciembre se cumplieron 25 años de la muerte de Escobar, está suficientemente probada la correlación entre el incremento en cultivos ilícitos y el fortalecimiento de las Farc desde elsiglo pasado, la consolidación del paramilitarismo, y el vínculo entre las actuales organizaciones criminales y la coca.

Desde 2015, las hectáreas de coca se triplicaron; de 60.000 a 180.000. Y, como lo dice el Ministro de Defensa, sin el herbicida, pronto estaremos en 290.000. Ese incremento se da desde la suspensión de la aspersión aérea con glifosato en plena negociación con las Farc y por el incentivo perverso al cultivo ilegal, al premiar la sustitución voluntaria de los mismos (por dinero, miles de personas se convirtieron en cultivadores de coca).

Según las Fuerzas Militares, en el país ya hay 6000 alzados en armas, cifra tristemente superior a la de desmovilizados de las Farc. De estos, 2700 son disidentes de la guerrilla en el marco del proceso de paz y 2200 del ELN, cifras incluso conservadoras. Ambas estructuras existen gracias a una economía criminal basada en coca y minería ilegal. Estamos cerca del punto de partida de cuando se inició el proceso de paz con las Farc.

Por eso sorprende la posición de algunos de los intervinientes en la audiencia, incluso expresidentes, a quienes les tocó luchar contra los carteles y una guerrilla fortalecida a base de coca; escuchar decir que la guerra contra las drogas se perdió, cuando de no ser por ésta, varios gobiernos hubiesen colapsado. Qué fácil es pontificar desde la teoría cuando no se tiene la responsabilidad de darles a los colombianos seguridad y orden.

Y qué fácil es manipular la información y los hechos: decir que el glifosato es un veneno cuando se trata de cultivos de coca y no cuando se usa masivamente en la agricultura legal; que atenta contra la salud humana y el ambiente cuando se indicó lo contrario ante la Corte Internacional de Justicia en el pleito con Ecuador; y callar sobre el impacto de los cultivos ilícitos en la deforestación y del procesamiento de coca en el ecosistema.

Qué fácil es decir, con ropaje académico, que prohibir el glifosato es un imperativo ético. No señores. Si se trata de un imperativo ético, lo que deberían hacer, quienes fustigaron el uso del glifosato en la audiencia de la Corte Constitucional, es aceptar que el herbicida -al igual que otros químicos- bien utilizado no causa daños y que la erradicación manual y voluntaria de coca no es incompatible con poder apelar de nuevo a la aspersión aérea. Eso sería lo ético y responsable. Ojalá los colombianos entendamos lo que está en juego.

*ExMinistro de Estado