¿Quién los manda a matar?

Cuando teníamos la esperanza de que después de décadas de conflicto por fin en Colombia habían empezado a disminuir las víctimas de la violencia política, vuelven a aparecer señales de recrudecimiento. Ahora las víctimas son líderes sociales, defensores de derechos humanos y exguerrilleros desarmados.

 “Estamos muy preocupados por el alto número de defensores de los derechos humanos que han sido asesinados, hostigados y amenazados en Colombia, y por el hecho de que esta terrible tendencia parece estar empeorando”, dijo la ONU.

La preocupación no es en vano. Según la Defensoría del Pueblo, “la violencia contra los líderes recrudeció tanto en homicidios como en amenazas. Los homicidios pasaron de 126 en 2017; a 178 en el 2018, aumentaron el 27%, a pesar de que este organismo había emitido hace un año una Alerta Temprana solicitando una acciones del Estado para controlar una situación que venía empeorando desde el 2016.

No son solo asesinatos, y no es solo a los líderes sociales. El CINEP publicó un informe titulado “Violencia Camuflada. La base social en riesgo” en el que documenta con nombres y apellidos cómo la violencia política en 2018 dejó 648 muertos, 48 atentados, 1.151 personas amenazadas, 304 heridos, 66 torturados, 3 víctimas de violencia sexual, 22 desaparecidos y 243 detenidas de forma arbitraria (falsos positivos judiciales). El mismo gobierno confirmó que desde la firma del acuerdo de paz con las Farc, se tiene registro de 128 excombatientes de ese grupo asesinados.

Las estadísticas son frías y en Colombia nos hemos acostumbrado a las noticias diarias sobre masacres y homicidios, además de que se trata de justificarlas estigmatizando a las víctimas. Como cuando el anterior ministro de Defensa afirmó que los asesinatos de excombatientes eran líos de faldas, o el consejero para el posconflicto dijo que eran enfrentamientos entre personas que estaban dedicadas al delito. El asesinato del bebé de 6 meses, hijo de una pareja de excombatientes demuestra la falsedad de esas generalizaciones.

Lo más grave de esta violencia es la impunidad de los victimarios, porque es una carta abierta para que continúen derramando sangre. Hay avances, pero muy insuficientes. El primero, que ya el Estado reconoció la sistematicidad de los asesinatos y actos de violencia; es decir, que no son casos aislados y aleatorios, sino que responden a un patrón definido de debilitar las organizaciones sociales de base, reprimir los reclamos por sus derechos y evitar larestitución de las tierras expropiadas.

Es un avance que la Fiscalía haya logrado identificar a algunos de los autores materiales de los asesinatos y atentados como el reciente contra líderes afro en el norte del Cauca. Pero, como en este caso, nadie cree que inexpertos muchachos de 17 años tengan la capacidad ni los recursos para planear y ejecutar el atentado. ¿Quién les dio las armas y las granadas? Si se quiere detener esta violencia es indispensable llegar a los instigadores y responsables, para lo cual todos los organismos del Estado deben actuar de manera decidida, porque la cuestión relevante no es quién está matando a los líderes sociales sino ¿quién los manda matar?

*Economista