Sin debate

Que el debate es indispensable, no hay duda. El Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos se firmó el 14 de septiembre de 1979. La Ley 27 de 1980 lo incorporó a la legislación colombiana. ¿Se debatió sobre el tema? ¿En el Congreso hubo posiciones diver-sas? ¿Cuáles? Era un Tratado que incluía una cláusula no común en todos los tratados de extradición casi idénticos: la extradición de nacionales.

Alguna vez escribí al respecto para señalar cómo la ausencia de debate iluminado sobre el asunto habría podido ayudarnos a manejar un problema que se volvió de vida o muerte. Y con mayor razón, un seguimiento permanente e inteligente del tema nos habría evitado muchas tragedias. Tantas veces hemos superado los malentendidos y otras circunstancias muy difíciles, que no se entiende por qué ello se ha hecho imposible ahora. Ha sido una cooperación eficaz de casi cuatro décadas. ¿Entonces? Estados Unidos, nuestro principal aliado y socio comercial, nos ayudó en un momento clave con el Plan Colombia que fue lo que permitió obligar a las Farc a negociar.

No han sido pocos los altibajos de la extradición entre nosotros. El presidente Betancur proclamó reservas filosóficas al respecto y prometió no extraditar. El asesinato del ministro Rodrigo Lara lo hizo cambiar de opinión. Durante el primer semestre de la Administración Barco, el 12 de diciembre de 1986, La Corte Suprema de Justicia declaró inexequible la ley que ratificó el Tratado con el discutible argumento de que el ministro delegatario de funciones presidenciales, Germán Zea, canciller de la época, Carecía de atribuciones para sancionar la ley porque se entendía que el presidente Turbay, de viaje al exterior, ¡se había llevado esas facultades! El presidente Barco con base en alguna consideración de la sentencia sancionó de nuevo la Ley y la Corte declara inconstitucional ese acto, el 25 de junio de 1987.

Entonces, entra a funcionar la denominada extradición administrativa. Colombia cumple de buena fe una obligación internacional. La Constituyente de 1991 elimina la extradición. Y la Administración Samper la reintroduce el 13 de noviembre de 1996 por una reforma constitucional.

La extradición fue la bandera utilizada por los extraditables, una y otra vez, para amedrentar magistrados, jueces, ministros, congresistas, periodistas, etc.

El holocausto de los Magistrados, funcionarios y ciudadanos en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985, el asesinato de Enrique Low, exministro de Justicia, el atentado contra Enrique Parejo en Europa Oriental, el del magistrado Carlos Valencia y tantos otros son testi-monio trágico.

Y lo ocurrido el 15 de mayo de 2019 es hecho histórico de enormes e imprevisibles proporciones. Ojalá el sentido de la sensatez nos acompañe en el manejo de esta difícil coyuntura. Hay muchas situaciones en juego. La relación bilateral con Estados Unidos cuando tenemos mayor necesidad de cooperación real con nuestro tradicional aliado. La credibilidad de una jurisdicción clave para la implementación del Acuerdo Final. El desarrollo del proceso contra ‘Santrich’ en Estados Unidos y sus repercusiones en Colombia. Las investigaciones que puedan resultar a raíz de lo ocurrido. Las consecuencias de este ahondamiento de la ruptura del consenso político. La controversia inescapable sobre cómo establecer nuevas reglas para una situación similar si esta se presenta.

La extradición lleva cuarenta años atormentando la política colombiana. Está más que pasada la hora para gestionarla apropiadamente.