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Nicaragua libera a 50 opositores presos
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El Ministerio de Gobernación informó que, en cumplimiento de la nueva norma que entró en vigor este lunes, puso «en libertad a 50 personas por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública, y continúa preparando la liberación de presos por estos delitos».
El gobierno de Nicaragua liberó ayer a 50 opositores detenidos por participar en las protestas contra el presidente Daniel Ortega, tras la aprobación de una polémica ley de amnistía que también ampara a los responsables de la represión a los manifestantes.
El Ministerio de Gobernación informó que, en cumplimiento de la nueva norma que entró en vigor este lunes, puso «en libertad a 50 personas por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública, y continúa preparando la liberación de presos por estos delitos».
La llegada de los presos a sus casas provocó escenas emotivas de llanto, abrazos y regocijo entre familiares y vecinos que fueron tomados por sorpresa cuando sus seres queridos aparecieron sin previo aviso en las primeras horas del lunes, conducidos por funcionarios del Sistema Penitenciario y portandoun acta en la que se lee: «ha sido puesto en libertad por la ley de Amnistía.
Los beneficiados con la liberación habían sido encarcelados por participar en las protestas que estallaron el 18 de abril de 2018 contra Ortega, cuya represión dejó al menos 325 muertos, cientos de encarcelados y 62.500 exiliados, según organismos humanitarios.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó en un comunicado que estuvo presente durante la liberación en horas de la madrugada y reiteró «su disposición para facilitar la liberación» de las restantes personas privadas de libertad.
La liberación se produce tras la aprobación el sábado por el parlamento, de mayoría oficialista, de la cuestionada ley, que concede perdón «a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir de abril de 2018 hasta la fecha».
La oposición, organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas rechazan la nueva normativa porque evita que los responsables de la muerte o represión de sus parientes sean juzgados.
MANAGUA AFP
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