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Contraloría detectó hallazgos fiscales por $2.000 millones en la vía al Llano

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La Contraloría General de la República hizo una auditoría de cumplimiento al corredor vial Bogotá-Villavicencio y concluyó que los continuos deslizamientos y cierres en puntos críticos no fueron incluidos en el nuevo contrato de asociación público — privada y, según el organismo de control, dice que “se continuará sin dar solución definitiva, manteniéndose la comunidad afectada, lo mismo que los usuarios del corredor”.

Según el ente, se detectó que la atención de sitios críticos e inestables del corredor Bogotá -Villavicencio se limita a limpieza de obras hidráulicas, sellado de fisuras y grietas, reparación de adoquín y señalización horizontal y vertical, excluyendo del alcance del concesionario la implementación de soluciones definitivas sobre esta infraestructura especial.

Por lo que la Contraloría expresa que la situación en la vía es producto de la insuficiente estructuración y ejecución del proyecto para dar soluciones de fondo a los temas recurrentes de los puntos críticos y afirma que “la culpa es tanto de las entidades del Estado como el concesionario que ha tenido a su cargo el corredor”.

La Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría al corredor vial Bogotá-Villavicencio, estableció hallazgos fiscales por un total de más de $2.000 millones, de los cuales $1.883 millones corresponden al pago de la comisión de éxito del proyecto Chirajara – Fundadores sin cumplimiento de los requisitos fundamentales para su reconocimiento. El otro hallazgo fiscal, por $149 millones, tiene que ver con pagos por concepto del panel de amigables componedores para actividades que no corresponden a controversias.

Otro aspecto evaluado en la auditoria es la selección de la iniciativa privada sobre la iniciativa pública que estaba adelantando la ANI con FONADE, la cual incluía en su estructuración el sector 1 (Bogotá – El Tablón) y el sector 3 (Chirajara- Villavicencio).

En ese tema, la entidad identificó deficiencias en el proceso de comparación realizado por la ANI, por lo que cuestiona si se escogió la mejor alternativa acorde con los intereses y las políticas públicas del Estado, toda vez que la iniciativa pública atendería el corredor en su totalidad para llevarlo a doble calzada, mientras que la iniciativa privada se limita al sector 3.

Así mismo se establece en el contrato de concesión de 2015 producto de la estructuración privada, que se entregará al concesionario el recaudo de los tres peajes existentes en la vía, una vez el Contrato 444 de 1994 y su adicional 01 de 2010 alcance el ingreso real esperado, quedando sin la posibilidad de financiar con los ingresos provenientes del uso de la vía, la construcción de la segunda calzada del primer sector (Bogotá — El Tablón), y quedando así incompleta la doble calzada del corredor entre Bogotá y Villavicencio.

BOGOTÁ (Colprensa).

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