47,6 % del trabajo en las ciudades es informal

Hacer malabares en los semáforos, vender dulces en las calles, cantar en los buses, incluso, pedir limosna, son algunas de las actividades que hacen parte del llamado “rebusque callejero” y que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), representa el 47,6 % del trabajo en las 23 ciudades principales del país entre febrero y abril de 2019.

Es decir, una persona que se dedica a estas labores no hace parte de la cifra de desempleo nacional (10,3 % en abril, con 2,5 millones de personas desocupadas), pero sí hace parte de los ocupados (22 millones para el trimestre febrero-abril, y 21,8 millones en el último mes reportado).

El panorama en Medellín es medianamente alentador. La buena noticia es que la capital antioqueña está por debajo del promedio de los centros urbanos más importantes y es la tercera que menos informalidad registró después de Manizales (40,3 %) y Bogotá (41,1 %). La tasa que se registró en la ciudad para dicho periodo fue de 42,9 %. La mala noticia es que fue 0,8 puntos porcentuales más que la cifra de 2018, cuando se situó en 42,1 %.

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Sin embargo, Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, señaló que la metodología del Dane no es la más precisa para estudiar el problema y que, a diferencia de la entidad, el pronóstico de sus investigaciones arroja una cifra que ronda el 65 % a nivel nacional.

“Nosotros cruzamos los datos que hay sobre formalidad en materia de afiliados a la seguridad social contra el número de ocupados, y miramos cuál es el porcentaje de afiliación sindical en Colombia (4,6 %). Es deseable migrar hacia esquemas de medición con factores de trabajo decente”, resaltó.

Los altos índices en ciudades como Cúcuta (69,3 %) dan cuenta de la alta ola migratoria que viene de Venezuela. Adicionalmente, según información del Dane, en las zonas rurales la informalidad llega a niveles del 85,8 %.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimaba en 2016 que en América Latina y el Caribe (ALC), el 53,8 % de los empleados en centros urbanos trabajaba de manera informal. Esta modalidad en la región —agrega la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)— está vinculada a la estructura productiva.

“Una gran proporción de la fuerza de trabajo está en sectores de baja productividad, marcados por la falta de cobertura de las regulaciones laborales y de seguridad social”, dijo la entidad en el informe Coyuntura laboral en ALC, publicado en mayo.

En los sectores de productividad alta o media, en los que las empresas tienden, en mayor proporción, a estar formalizadas, el empleo informal también se observa, resalta el estudio. Esto ocurre como un reflejo de las estrategias de reducción de costos.

Para el secretario ejecutivo adjunto de la Cepal, Mario Cimoli, los análisis sobre el problema no deben limitarse a las políticas del mercado de trabajo, sino ver los vínculos del fenómeno con factores estructurales y coyunturales, como el crecimiento económico, la transformación tecnológica, las dinámicas de reproducción de la pobreza y la desigualdad y las restricciones externas de la región.

“Debemos recolocar el tema de la informalidad como un componente importante del análisis económico y social de la región”, advirtió Cimoli.

Tecnología e informalidad

Actualmente, el uso de plataformas digitales ha permitido la generación de puestos de trabajo que no están cubiertos por la legislación laboral existente, lo que significa mayor informalidad y precariedad de las condiciones. A modo de ejemplo, se puede mencionar el esquema laboral de aplicaciones como Rappi o Uber, en el que las compañías no ofrecen ningún tipo de afiliación a seguridad social a los domiciliarios ni conductores.

Es decir, si algún colaborador de estas plataformas tiene seguridad social es porque o cotizan por voluntad propia o son beneficiarios de algún familiar en primer grado de consanguinidad.

“El que no paga salud y pensión pero trabaja en Uber ocho horas diarias con al menos dos días de descanso, es porque simplemente no quiere”, dijo Carlos Mejía, un conductor que lleva en la plataforma dos años.

Según él, las ganancias que deja dicha intensidad horaria (alrededor de 3,5 millones de pesos mensuales) son suficientes para aportar como independiente a seguridad social y pensiones voluntarias.

Sin embargo, no todos piensan como Carlos. De hecho, al cruzar la información del Dane de seguridad social e informalidad laboral, el panorama es bastante desalentador.

Por un lado, de los 22 millones de ocupados para el trimestre entre febrero y abril, 9,5 millones son aportantes a salud y solo 8,4 millones a pensión. En este paquete están incluidos quienes cuentan con un empleo formal. Así que es positivo que el índice de informalidad baje, pero no se ve reflejado en un aumento de los asegurados a seguridad social.

Uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan los gobiernos actuales es garantizar derechos para estos trabajadores, sin limitar las oportunidades que la innovación tecnológica puede promover.

“Es un tema de coyuntura mundial que ha revelado la necesidad de incluir a estos colaboradores digitales como verdaderos trabajadores en el marco de garantías sociales del derecho del trabajo y protección social del sistema de seguridad social”, señaló Jaramillo.

Planes del Gobierno

Una de las iniciativas aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) apunta a la formulación de una política pública enfocada a caracterizar las condiciones no solo de prestación de servicio sino también de las modalidades de protección y seguridad social que se puedan generar del uso de las aplicaciones y plataformas digitales.

“Dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley, el Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República un proyecto de ley que definirá la forma de vinculación correspondiente de los actores del sector y el acceso y aporte a la seguridad social integral para las personas que presten sus servicios a través de las aplicaciones y plataformas tecnológicas”, dice al final el artículo 205 del PND.

Esta iniciativa se suma a otras, como la del piso mínimo de protección social para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo, la promoción de los beneficios económicos periódicos (Beps) y el pago por parte de entidades territoriales de servicios y tecnologías de usuarios no afiliados.

Sin embargo, Jaramillo resaltó que estas “fórmulas” incluidas en el PND deben ser articuladas a una política pública laboral que no derive en el deterioro de las condiciones de trabajo que no tiene relación lineal con las cifras de empleabilidad.

Adicionalmente, Luis Fernando Mejía, director de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), señaló que la política laboral de Iván Duque es muy ambiciosa. La meta a 2022 está enfocada en promover la formalización empresarial para crear 1,6 millones de empleos y así reducir la informalidad hasta 41,2 %, una meta ambiciosa, pero difícil de cumplir.