Defensor del pueblo participaría en la elección de jefes de órganos de control

El Ministerio de Justicia hizo público el borrador de la Reforma a la Justicia que se encuentra preparando de la mano de las altas Cortes, sobre cuatro pilares.

El primero de ellos, y el más novedoso, tiene que ver con el rediseño de las facultades electorales para frenar de una buena vez la politización de la Justicia.

En ese sentido, en vez de hacer que todos los magistrados de las Cortes tengan que debatir sobre candidatos y elegir ternas para cargos como el Fiscal, el Procurador, el Contralor y el Registrador, sólo lo harán los Presidentes de las altas Cortes, esto es, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado.

“Con esta fórmula, los demás magistrados que conforman las altas Cortes estarán libres del ejercicio de la función electoral y podrán dedicarse a las funciones inherentes a su cargo con tranquilidad. De igual forma, al reducir el número de personas que participan en la elección, se garantiza que tardará menos tiempo, lo que evitará las situaciones interinidad que tanto daño le han hecho a instituciones como la Fiscalía General de la Nación”, dice la propuesta.

Pero, además, se añadiría otro elector, ajeno a la Rama Judicial: el Defensor del Pueblo. Esto, con el fin de “garantizar en mayor medida la estabilidad en el andamiaje institucional del Estado y el ejercicio transparente de la elección por parte de las Altas Cortes”.

El Ministerio de Justicia cree que con esta propuesta se mantiene el equilibrio de la Constitución de 1991, lo que impediría que la reforma se caiga cuando sea sometida a estudio en la Corte Constitucional.

La propuesta igualmente busca conformar un nuevo órgano para la investigación y el juzgamiento de magistrados de las Altas Cortes, como un tribunal de aforados que ya fue incluido en la reforma política que estudia el Congreso.

Aquí, como se indicó, la idea es “conservar el antejuicio político, pero fortalecer la etapa de investigación para hacerla más rigurosa y garantista”.

Otro pilar busca que crear criterios para los jueces del país que tienen que enfrentar una alta carga, a fin de resolver la congestión judicial. Estos criterios buscarían garantizar la resolución de conflictos en tiempos razonables, con elementos gerenciales.

Igualmente, se establecería una oficina de control y seguimiento efectivo a la gestión de los despachos judiciales y se propone crear un plan estratégico para mejorar el oportuno acceso a la Administración de Justicia.

La propuesta incluye la “elaboración del Plan de Descongestión de la Justicia, con plazo a cinco años, por el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las altas Cortes y la Fiscalía General de la Nación”.

El Ministerio también indicó que se busca reglamentar el procedimiento de elección de magistrados que integran las altas Cortes, “para incluir normas de transparencia y establecer plazos para suplir las vacancias con prontitud, y evitar las situaciones de interinidad prolongadas”.

Incluso, se propone modificar “el mecanismo de elección de los Magistrados de la Corte Constitucional”.

El último pilar de la Reforma tiene que ver con las Facultades de Derecho, para fortalecer la formación ética y humanística; incorporar como objetivos adicionales del derecho a la educación, la formación en ética y cultura de la legalidad; y establecer como una de las finalidades de la función de inspección y vigilancia, una mejor formación en cultura de la legalidad, humanismo y prácticas profesionales orientadas en valores morales.

 

Tomado de Colprensa.