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HOY DIARIO DEL MAGDALENA

Otra vez

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Sí… Otra vez. Aquí y en los países que creen que con reglamentaciones que establecen topes, exigen declaraciones de los ingresos que resultan ser artificiosas y así con otros mecanismos para supuestamente, qué ilusión, controlar la financiación de las campañas electorales, de los partidos políticos y hasta de la vida privada de los políticos (porque esto también está ocurriendo).

Odebrecht y no sé si las otras doce compañías del club de los trece, vieron esta enorme tronera y por ahí se introdujeron causándole un grave daño a la vida política de varios países en la región y en otras partes del mundo. Por fortuna, el juez de Nueva York que en Diciembre de 2016 reveló el sistema de sobornos de esta compañía, incluyó en su decisión un parágrafo que obligaba a la compañía a denunciar qué campañas políticas había financiado. El asunto ha sido catastrófico y seguirá produciendo conmoción aquí y en otras partes.

No ha habido manera que la dirigencia política y empresarial entienda que es un error descomunal abrir la puerta a la financiación privada de la vida política porque sus consecuencias van más allá de lo que es dado imaginar.

En el caso colombiano el asunto es mucho más complejo porque existen los intereses criminales de los carteles de la droga, de otras formas de crimen organizado y de lo que el contralor general Edgardo Maya, en su momento, denominó “las empresas político-criminales” que, según él, controlaban las decisiones en el nivel nacional, departamental y municipal, en materia grave. Los libros sobre el tema, particularmente en los Estados Unidos, enseñan que hay un quid pro quo, un do ut des, o sea un intercambio criminal, tú me das y yo te doy puestos, decisiones, políticas públicas, y, por supuesto, contratación pública. En algunas partes de Colombia ello ha llegado a significar la captura de un municipio pequeño (Cota) o de una ciudad (Cartagena, Quibdó, la Bogotá que gobernó el Polo Democrático con Samuel Moreno; o de departamentos como Córdoba, Chocó, Arauca, la Guajira y otros más; y agencias estatales que en algún momento fueron impecables como el Fonade, o la que manejaba la extinción de dominio y hasta algunos aspectos de las Altas Cortes, el Cartel de la Toga; o del Fiscal anticorrupción (Luis Gustavo Moreno). La lista es abundante.

La sola mención de las campañas que hay que financiar en Colombia lo deja a uno sin aire: Las elecciones presidenciales que pueden llegar a tener hasta diez candidatos o más; treinta y dos gobernaciones, 1101 alcaldías. En ambos casos se trata de varios candidatos y algunas de ellas cuestan miles de millones. Por supuesto, Senadores y Representantes con listas abiertas, o sea, cientos de aspirantes, cuando la financiación debiera estar limitada a los partidos políticos y no a los candidatos; 12.063 Concejales, cifra que hay que multiplicar por varios aspirantes a cada curul, 418 Diputados, 6814 Ediles y las consultas interpartidistas…

O sea, hay para todos los gustos, para satisfacer los más diversos intereses y así comprometer perversamente la administración pública, el proceso de decisiones, la formulación de políticas públicas, y, obviamente, la asignación de los contratos. Es que no son solamente los miles de millones de la contratación pública sino el efecto desastroso que desvía el ejercicio de la función pública.

*ExMinistro de Estado