Gobierno da de baja a general vinculado a caso de corrupción

General  Jorge Horacio Romero llamado a calificar servicio por parte del Gobierbno nacional.

La salida de las filas del general Jorge Romero, comandante de Acción Integral; el intempestivo periodo de vacaciones del general Adelmo Fajardo, segundo comandante del Ejército, y el traslado a una unidad diferente del jefe de Contrainteligencia, general Eduardo Quirós. Este es el resumen de las acciones anunciadas por el ministro de Defensa, Lorenzo Guillermo Botero, tras los escándalos por presuntos actos de corrupción cometidos por oficiales en el Ejército.

En rueda de prensa, el jefe de la cartera indicó que las decisiones se tomaron “sin premura” e hizo referencia a la reunión que sostuvo con el encargado de la Fiscalía, Fabio Espitia, en la que aseguró que desde el sector Defensa se le ofreció la colaboración para esclarecer estos episodios. Según Botero, las denuncias “no tienen un procedimiento formal para mantener la institucionalidad” y que solo han tenido asidero en los medios de comunicación.

Sin embargo, el propio Espitia manifestó en declaraciones a medios que en el búnker desde hace un año se vienen adelantando las pesquisas “por parte de la delegada ante la Corte Suprema de Justicia y se corrió traslado de esa investigación a Medellín”. Esto en el caso de Romero, pero añadió que en el ente acusador hay expedientes en los que se presume que hay una eventual participación de miembros de la Fuerza Pública, pero no precisó qué tipo de actuaciones procesales han surtido trámite en torno a este episodio.

Desde fuentes militares señalan que en el caso de Fajardo el periodo de vacaciones es una decisión antes de sacarlo del cargo, lo cual se daría a su regreso. “Es una modalidad que se tiene en esa jerarquía. Cuando no son vacaciones, se evade el tema con el envío a una comisión al exterior”, dijo un exmilitar.

El traslado de cargo del general Quirós se realiza con el fin de no entorpecer las investigaciones que se surten en su contra y que están relacionadas por el ofrecimiento de dinero a cambio de información de los uniformados que están filtrando información a la prensa.

A los escándalos de corrupción se le suma el episodio del segundo al mando de la Dirección de Reclutamiento, coronel Elkin Argote, señalado de proteger a uno de los capos más buscados y el caso del crimen de Dimar Torres, cuya actuación dejó en entredicho el protocolo institucional en el tema de derechos humanos.

A eso se agrega la revelación de las directrices en las que se habla del incremento de los resultados operacionales y que fueron interpretadas como el resurgimiento de las temidas prácticas de hace unos años desencadenaron los falsos positivos (ver recuadro).

Pese a todas estas circunstancias, para Botero Nieto “no hay crisis institucional. Hay unas personas que han transgredido la ley y contra ellas se tomarán las medidas. Pero no me pueden decir que dos hombres manchan la institución”.

HABLA EL COMANDANTE

El general Nicacio Martínez, por su parte, insistió en que durante su paso por la Inspección del Ejército nunca recibió una queja o reclamo en contra de los generales Fajardo o Romero, aunque en el caso de este último sí reconoció que hubo una diligencia de parte de la Fiscalía, pero no sabe a qué tipo de actuación obedecía.

“Recibí unas informaciones sobre unos documentos que requerían. Ellos hicieron su inspección, pero no tuve el conocimiento exacto de cuál era esa inspección, lo que supe fue que era de la Cuarta Brigada (…) Contra el general Romero aparecen dos investigaciones en la Fiscalía”, dijo Martínez Espinel lo que ratifica el hecho de que sí hay denuncias interpuestas mediante procedimiento formal.

Añadió que en 2018 al Ejército llegaron 64.547 quejas en la oficina de servicio al ciudadano, pero, según su versión, ninguna llegó con nombre propio en contra de los involucrados en los presuntos actos de corrupción.

“Sí llegó algún documento anónimo a la Inspección en la cual presumían de algunas irregularidades en el comando de educación y doctrina. Cosa que, como inspector se lo tramité a quien era competente en su momento”, explicó.

Sobre esto, vale recordar que la Procuraduría hará una revisión a los procedimientos que se surtieron en la Inspección del Ejército por el presunto requerimiento de dinero por parte de oficiales, el traslado de copias a la Fiscalía y las actuaciones surtidas en la oficina de Personal del Ejército sobre los señalamientos.

La sospecha es si las actuaciones en la Inspección del Ejército estuvieron engavetadas durante mucho tiempo y si no se realizaron los trámites correspondientes.

Se espera que las próximas decisiones lleguen de manos del Ministerio Público donde no se descarta que los generales involucrados en este episodio, del que aún no se conocen actuaciones de la Justicia Penal Militar, pidan pista para una versión libre.