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HOY DIARIO DEL MAGDALENA

Marco Fiscal de Mediano Plazo.

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He observado que los medios de comunicación de Colombia han hecho poco eco a un concepto de trascendental importancia para la economía del país como lo es el Marco Fiscal de Mediano Plazo. De pronto es porque se trata de un concepto que requiere un pequeño esfuerzo para los opinadores económicos o porque se trata sólo de lineamientos para manejar adecuadamente los recursos de la Nación.

Ahora bien. ¿Qué es el Marco Fiscal de Mediano Plazo? El Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo define como un documento que pone énfasis en los resultados y propósitos de la Política Fiscal. En él se hace un recuento general de los hechos más importantes en materia de comportamiento de la actividad económica y fiscal  del país, tal como el documento lo indica, en el mediano plazo, tanto antes como después.

Es un hecho que la terminología económica a veces no permite la fácil comprensión de estos conceptos, pero digamos que la Política Fiscal es una rama de la Política Económica que configura, como variables de control, el presupuesto del Estado y sus componentes; el gasto público y los impuestos, para asegurar y mantener la estabilidad económica y para mantener una economía creciente.

Volviendo nuevamente al Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado por el Gobierno Nacional, ese documento presenta las estimaciones financieras para el año que cursa y algunas vigencias siguientes; muestra la consistencia de las cifras presupuestales con la meta de superávit y endeudamiento público y, en general, con las previsiones macroeconómicas.

Ustedes se preguntarán: ¿De dónde nace la obligación para el Gobierno de presentar este documento ante el Congreso de la República? Este proceso del Ministerio de Hacienda ante el Congreso nace de la Ley; pues ella ordena hacerlo así: Antes del 15 de junio de cada vigencia fiscal, el Gobierno Nacional, presentará a las Comisiones Económicas del Senado y de la Cámara de Representantes, un Marco Fiscal de Mediano Plazo.

El Ministerio de Hacienda, mediante un juicioso ejercicio de verificación de esa compleja madeja que constituye el Plan Nacional de Desarrollo presentó las cifras de los conceptos económicos que gravitan sobre toda la estructura del país. Uno de ellos es la actividad litigiosa o fallos judiciales contra el Estado que representan uno de los principales costos para las entidades del orden nacional, relacionados con (sentencias judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones generadas en procesos judiciales en contra de las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación). De acuerdo con los informes proporcionados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica el Estado, la Contaduría General de la Nación, entre otras, reportaron exigibilidades monetarias pendientes del orden de los $8,9 billones de pesos.

Esta cifra representa el valor global de los procesos pendientes de pago. Sin embargo, basados en la metodología de evaluación de pasivos contingentes a cargo del Ministerio de Hacienda, éste determinó los procesos en curso que tienen una alta probabilidad de pérdida en contra de la Nación, con lo cual se estima que a 2019, este compromiso alcanzaría un valor de $20,3 billones de pesos.

Por otra parte se considera, de manera general, que una ley tiene impacto fiscal si ordena un nuevo gasto o un monto mayor al de un gasto ya existente. Igualmente se valora si el impacto fiscal será transitorio o permanente. Es transitorio si el gasto se va a realizar en un período de tiempo específico, y es permanente si el gasto se va a ejecutar de manera indefinida en el tiempo o al menos hasta que una nueva ley ordene su terminación.

Realizada la revisión con los criterios mencionados, el Ministerio de Hacienda encontró que en la vigencia fiscal 2018 el Ejecutivo sancionó 68 leyes nuevas, aprobadas por el Honorable Congreso de la República. La Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, llevó a cabo los cálculos financieros y encontró que el costo fiscal total de las leyes aprobadas en la vigencia fiscal 2018 alcanzó un monto anual de $616 mil de millones de pesos.