La fallida propuesta del Gobierno que buscaba pagar $ 1,2 billones

Los principales beneficiarios del pago que promovía el Gobierno eran cuatro bancos del Grupo Aval que prestaron la plata a entre la Concesionaria Ruta del Sol II, de la cual hizo parte Odebrecth y la cual pagó millonarios sobornos para hacerse al negocio.

Finalmente el Tribunal de Arbitramento, dijo que la Nación solo debe reconocerle al consorcio de la Ruta del Sol II la suma de $211.273 millones de pesos, de los cuales, sin embargo, se debe descontar 187.056 millones de pesos que se encuentran en un fideicomiso. Así, efectivamente, la ANI solo tendría que desembolsar un poco más de 24 mil millones de pesos.

Se les cayó la estantería, como se dice en el argot popular. El Gobierno del presidente Iván Duque quedó patas arriba con la decisión  de un Tribunal de arbitramento que declaró nulo el contrato entre la Concesionaria Ruta del Sol II y el Instituto Nacional de Concesiones (que después pasó a llamarse la Agencia Nacional de Infraestructura), tras desestimar la propuesta de la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que a toda costa buscaba negociar el pago de supuestas acreencias por valor superior al billón doscientos mil millones de pesos.

Pues bien, lo que ha ocurrido es que el laudo arbitral dijo: No señores. Lo que debe pagar el Estado colombiano es apenas la suma de $211.273 millones de pesos, de los cuales, sin embargo, se debe descontar 187.056 millones de pesos que se encuentran en un fideicomiso. Así, efectivamente, la ANI solo tendríaque desembolsar un poco más de 24 mil millones de pesos.

´Se les cayó el negociado´, expresó por su parte el senador Jorge Enrique Robledo, quien ha pedido la renuncia de la Ministra y que el Presidente Duque quepregona tener un Gobierno honesto que lucha contra la corrupción le de la cara al país.

´Eso de buscar prevalecer pagarle a los bancos de Sarmiento Angulo 1,2 billones de pesos es corrupción. No olvidemos que una de las empresas de Sarmiento se asoció con Odebrecht y las dos promovieron el más grande tramado de corrupción en el país´, dijo el senador Robledo.

Mientras tanto, desde distintos sectores del Congreso pidieron la renuncia de la ministra Ángela María Orozco, lo mismo que un amplio sector de la sociedad colombiana que ayer a través de las redes sociales dejaron conocer su indignación y rechazo a lo que se fraguaba desde el Gobierno para pagar una deudaque no existe a la luz del fallo que en buena hora produjo un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.

NO RENUNCIO

Como si no hubiera pasado nada, la ministra del Transporte Ángela María Orozco le dijo ayer al país que no renunciaba ya que no se encontraba ni ética ni moralmente impedida para seguir ejerciendo el cargo.

Lo cierto fue que la ministra Orozco ambientó desde el Gobierno la fallida negociación en la que se quería embarcar al país para reconocerle a un consorcio al que la justicia le demostró que celebró un contrato con ilicitud, que le hubiera representado al Estado desembolsar la suma de un billón doscientos mil millones de pesos.

Unas horas después de que un Tribunal de arbitramento declaró nulo el contrato entre la Concesionaria Ruta del Sol II y el Instituto Nacional de Concesiones (que después pasó a llamarse la Agencia Nacional de Infraestructura), el Ministerio de Transporte explicó su participación en el intento de conciliación quede haberse aprobado le habría costado al país 1,2 billones de pesos.

Según el Ministerio, la propuesta de conciliación, que fue presentada por las entidades financieras acreedoras del concesionario, nunca fue aprobada y por esa razón no fue sometida a aprobación del Tribunal de Arbitramento.

 “Con relación a la propuesta de acuerdo conciliatorio presentada por las entidades financieras acreedoras del proyecto, esta fue negada por el Comité de Conciliación de la ANI en la sesión celebrada el día 16 de julio de 2019. Por ello, dicha propuesta no fue sometida a consideración del Tribunal Arbitral ni de los entes de control”, aseguró el Ministerio.

La conciliación discutida hubiera significado un pago de 1,2 billones de pesos a las entidades financieras acreedoras, pero, en medio de las advertencias de la Procuraduría y la Contraloría, la conciliación no se concretó.

Finalmente, la decisión del tribunal de arbitramento significó para el Estado un pago de 211.273 millones de pesos, de los cuales, sin embargo, se debe descontar 187.056 millones de pesos que se encuentran en un fideicomiso. Así, efectivamente, la ANI solo tendría que desembolsar un poco más de 24 mil millones de pesos.

En su comunicado, el Ministerio de Transporte explicó el trámite que se dio al acuerdo de conciliación y señaló que finalmente la rechazada la propuesta. Sin embargo, no aclaró las razones del rechazo ni confirmó si llegó a haber un principio de acuerdo para aprobar la conciliación.

 “El Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas reiteran que han procedido de acuerdo a derecho”, dijo la entidad.

La propuesta, de acuerdo con el comunicado, fue recibida el 15 de julio pasado y al día siguiente, “el Comité de Conciliación de la ANI recomendó no suscribir el acuerdo conciliatorio en los términos propuestos por los bancos”.

La ministra de Transporte celebró la decisión del tribunal de arbitramento, pero tampoco se refirió a la fallida propuesta de conciliación.

«Celebramos profundamente que se decretó la nulidad del contrato y que es un fallo que a todas luces es favorable a la nación. Realmente nosotros siempre esperábamos esta decisión del Tribunal de Arbitramento, lo celebramos profundamente. Lo que dice la parte resolutiva es que hay que pagar $211 mil millones que es mucho menos de lo que se pensaba. Obviamente es una condena menor, es maravilloso», afirmó. /Colpensa