Condenan a la nación por detención injusta de cafetero en Medellín

Orley Antonio, quien es padre de familia, se desempeñaba como cafetero en Urrao, Betulia, y Concordia (Antioquia). Trabajó en grandes haciendas hasta el 6 de septiembre de 2006, cuando fue detenido y acusado por rebelión, concierto para delinquir con fines de secuestro, extorsión, actos terroristas y homicidio agravado.

Las investigaciones en su contra daban cuenta que pertenecía a la extinta guerrilla de las Farc, así lo hizo saber la Fiscalía 51 Especializada de Medellín cuando le imputó cargos ante un juez de garantías. Aseguró que fue detenido en medio un operativo denominado operación ‘Everest’, que se realizó en zona urbana del municipio de Urrao.

El reporte del ente acusador en ese entonces aseguraba que en el momento de su detención se le incautó una gorra de uso del ejército, una bolsa negra con balines, una motocicleta KDX125, modelo 98, color verde de placa DBG 95, dos licencias de tránsito y una tarjeta débito del Banco Ganadero.

La Fiscalía insistía en que Orley hacía parte del grupo guerrillero, por eso le solicitó al juez que el hombre fuera recluido en la cárcel Bellavista de Medellín. El delegado de la rama judicial acogió los argumentos del ente acusador y estuvo detenido desde el 6 de septiembre de 2003 hasta el 10 de diciembre del mismo año.

Pese a que la Fiscalía inicialmente decía tener las pruebas suficientes para llevarlo ante los estrados judiciales y aún más tenerlo en prisión, finalmente el Fiscal Decimosexto Especializado de Medellín, por medio de providencia del 28 de octubre de 2004,desistió de las acusaciones y precluyó la investigación en su contra.

Si bien fueron tan solo un poco más de tres meses lo que duró en prisión, Orley perdió su trabajo, y además le fue difícil ubicarse laboralmente de nuevo y tuvo que hacer préstamos por ocho millones de pesos y pagar por su defensa judicial la mitad.

Por las actuaciones de la Fiscalía, Orley y su familia fueron puestos en la mira de los grupos armados al encontrarse en una zona de conflicto, por lo que se vieron limitados en sus trabajos y fueron hostigados por cuerpos de seguridad.

Por estos hechos, la familia interpuso una demanda en contra del Estado en cabeza de la Fiscalía General, por detención injustificada argumentando que afectó el derecho a la libertad física.

Tras pasar por todas las instancias y ser revisado el caso, llegó al Consejo de Estado quien consideró que la Fiscalía es responsable por la detención injustificada de Orley.

«La parte demandada (Fiscalía) ni adujo, ni demostró que la privación de la libertad del señor Orley se hubiera producido como resultado de su culpa exclusiva», señaló.

Del mismo modo, estimó que «a la Sala no le queda duda que los limitados elementos de prueba obrantes en contra del investigado estuvieron gravitando hasta cuando el propio ente instructor precluyó la investigación, razón por la cual no se evidencia ningún tipo de proceder negligente, imprudente y gravemente culposo de la víctima en el presente caso que determine que deba asumir la privación de la libertad de la que fue objeto».

Por estos hechos, la corporación consideró que la Fiscalía debía cancelar a Orley más de dos millones de pesos por los daños materiales causados, es decir, el monto de dinero que dejó de recibir dinero producto de su labor como cafetero.

Además de la determinación también se ordenó pagar una cuantiosa suma de dinero a la madre de Orley, su esposa, hija y hermanos.

BOGOTÁ (Colprensa).