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HOY DIARIO DEL MAGDALENA

En video: Desalojados 4 locales comerciales

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El pasado mes de abril en el mismo sector se desarrolló una diligencia similar la cual no prosperó debido a que no se logró un acuerdo entre las autoridades y los propietarios de los comercios como lo establecía la orden judicial.

En operativo desarrollado por las autoridades distritales como la Secretaría de Gobierno, en articulación con la Policía Metropolitana y los Inspectores de la zona se realizó el desalojo y posterior demolición parcial de cuatro locales comerciales ubicados en el sector conocido como “Mi Ranchito” en el balneario de El Rodadero.

Según indicaron varios propietarios de los locales afectados, el procedimiento fue irregular toda vez que existe una medida cautelar que cobija todos los locales que suspende la diligencia en tanto no se falle de facto sobre la situación teniendo en cuenta que varios de los comerciantes aducen llevar más de 30 años en el sector.

En el operativo que contó igualmente con presencia de Migración Colombia, Antimotines y representantes del Ministerio Público fueron no solo desalojados cuatro de los ocho locales que se pretenden derribar para recuperar la zona de playa y terreno de bajamar.

“Nosotros habíamos interpuesto una tutela la cual determinó las medidas cautelares le decía que se suspendiera la diligencia, porque si bien son varios locales el operativo de recuperación es uno solo (…) nosotros vamos a instalar una denuncia penal contra el inspector y el funcionario del ministerio público porque no protegieron los derechos de las personas” indicó Ciro Carbonó, abogado de uno de los comerciantes, que incluso manifestó no se llevaron los protocolos adecuados porque no se suspendió el servicio de gas, lo cual se hubiese convertido en una tragedia si la retroexcavadora utilizada hubiese perforado la infraestructura completamente.

Desde el pasado mes de abril cuando se realizó el primer operativo de desalojo en el cual fue parcialmente demolido un establecimiento, los comerciantes aseguran viven un calvario, ya que hasta el momento desconocen como avanza la indemnización que debe darles el Distrito previo al desarrollo de estas diligencias, situación que no ha ocurrido, y la que catalogan como arbitraria.

En aquella ocasión el procedimiento que tardó cerca de ocho horas fue suspendido a decisión del inspector encargado de la diligencia por la no conciliación a la que se debe llegar con todos los propietarios de los locales, los cuales no accedieron a las pretensiones económicas en las que se encuentran avaluados sus negocios.

Cabe mencionar que desde hace varios años el distrito ha emprendido la tarea de recuperar el espacio público invadido, especialmente en estas zonas, las cuales ante la poca regulación de las autoridades en el pasado ciudadanos incluso de otras regiones del país invadieron y constituyeron locales comerciales de los cuales en la actualidad generan empleos hasta de 30 personas en temporadas altas, según han manifestado ellos.

En total son ocho las edificaciones de uso en su mayoría para restaurantes de comidas y mariscos las que se verán desalojadas y demolidas de forma parcial, teniendo en cuenta el concepto de la Dimar, por la distancia de la zona de playa y terreno de baja mar.

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