Espejo preocupante

Los hechos confusos y lamentables ocurridos en zona rural de Tumaco hace unos días, los que terminaron con la muerte de seis campesinos, y sobre los cuales el Gobierno Nacional y los organismos de investigación judicial tienen la obligación de entregar investigaciones confiables e imparciales, se convierten en un ejemplo y espejo bastante preocupante de los conflictos sociales, los desórdenes y la violencia que pueden prosperar en otras zonas del país donde el narcotráfico y sus cadenas de ilegalidad campean.

Más allá de las responsabilidades o no de la Fuerza Pública en este episodio luctuoso, que deben establecerse con rigor y efecto jurídico concreto, de ser el caso, lo que retratan las fricciones entre la población civil y los organismos de seguridad es que la lucha contra el narcotráfico, ya no solo en el terreno policial sino en el cultural y económico, está más vigente que nunca.

No es exagerado señalar que hay zonas, como el Catatumbo y Tumaco mismo, que siguen vinculadas hoy, con un alto nivel de dependencia, a las dinámicas de las economías mafiosas y su cultura de la ilegalidad. Se reedita la máxima de que Colombia ha perseguido y combatido por años a narcotraficantes (capos y carteles), pero que ha sido incapaz de desmontar el problema estructural del narcotráfico.

Tumaco se convirtió en centro estratégico de producción y distribución de drogas ilegales en escala planetaria, asociada a redes que cruzan Ecuador, Panamá, el Pacífico, México y Estados Unidos, pero que incluso tienen rutas por el Amazonas y Brasil, rumbo a los mercados europeos.

En esa cadena está enganchada una población humilde y gregaria, con necesidades básicas insatisfechas de todo orden, que expresa su determinación —a cualquier precio— de no erradicar los cultivos de coca hasta tanto el Gobierno Nacional cumpla las políticas integrales de desarrollo agrario y social, y no exclusivamente represivas al problema de las drogas ilícitas, que se pactaron como parte de los acuerdos con las Farc.

Hay una realidad cada vez más inocultable: en Tumaco, y en la mayoría de las zonas de cultivos ilícitos del país, la chequera de las mafias le va ganando en ceros a la derecha a la del Estado, para absorber la mano de obra campesina, alterar el tejido comunitario y lograr que se acepte incluso el control social impuesto por los agentes del narcotráfico, que se apoyan además en su poder corruptor en medio de las pocas agencias oficiales presentes en los “territorios coqueros”.

El escenario actual se hace más complejo en la medida en que esa oferta ilegal empieza a desbaratar incluso el proceso de reinserción de las Farc, también rodeado por múltiples debilidades e incumplimientos. El exintegrante del Secretariado de las Farc, “Pablo Catatumbo”, aceptó el lunes que, por ejemplo, en La Elvira, Cauca, de 400 guerrilleros 300 se han ido de la zona de reincorporación y el fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que ya 500 exFarc volvieron a las armas.

Con un narcotráfico en pleno auge, con más de 180 mil hectáreas de cultivos ilícitos en el país, con una disidencia creciente y armada, es obligado preguntarse cuál es el nivel de conexión que hay o podrá haber entre las estructuras de las Farc dentro y fuera del proceso, dentro y fuera de la legalidad. No hay duda de que los riesgos son altísimos.

Mientras tanto, la oleada de descontento y crisis en zonas coqueras se extiende, con evidentes signos de violencia y un narcotráfico fortalecido .

Internacionalista