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HOY DIARIO DEL MAGDALENA
Debate de alcaldes

Por corrupción electoral, 81 municipios están en la ´mira´

400

Están siendo objeto de averiguaciones alcaldes y contratistas, quienes son indagados por superar topes de donación a campañas y otorgar contratos a donantes.

Los municipios de Guamal y san Zenón, al igual que 79 mas en todo el país están en la ´mira de la Fiscalía General de la Nación que investiga a sus funcionarios por delitos de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Estas personas, entre quienes se encuentran alcaldes y contratistas, son indagadas por superar topes de donación a campañas y otorgar contratos a donantes.

Entre los municipios en la mira de la Fiscalía se encuentran:

Palestina, Manzanares y Supia (Caldas)

Polo Nuevo (Atlántico)

Solita (Caquetá)

Sácama y Orocue (Casanare)

Inza, Lopez, Patia, Sotora y Totoro (Cauca)

Aguachica y Chiriguana (César)

Bahía Solano, Bajo Baudo, Bojayá, Condoto, Litoral de Sanjuan, Juradó, Lloró y Medio Atrato (Chocó)

Cotorra, La Apartada, Puerto Libertador y San Bernardo del Viento (Córdoba)

La Vega, Vergara, Útica, Tabío, Pacho  y Bojacá (Cundinamarca)

El Molino (La Guajira)

El Guamal y San Zenón (Magdalena)

Policarpa, Ricaurte y Roberto Payán (Nariño)

Abrego (Norte de Santander)

Puerto Leguízamo (Putumayo)

Simacota (Santander)

Chaparral y Líbano (Tolima)

Cartago (Valle del Cauca)

Arboletes, Copa Cabana, Guarné, Maceo, Mutata, Nechí, Necoclí, Peque, San Carlos, San Juan de Uraba y Venecia (Antioquia)

Se conoció que el ente acusador tomará decisiones en los próximos días en 19 municipios, en medio de la investigación contra financiadores privados que se convirtieron en contratistas públicos.

La indagación tiene que ver con la relación entre donaciones, campañas y contratos públicos entre los años de 2015 a 2018, en la que se logró identificar a los donantes privados de campañas que posteriormente fueron premiados con contratos de las entidades a las cuales financiaron.

Esta investigación se da tras una denuncia hechas por la Misión de Observación Electoral (MOE) el año pasado sobre 400 contratos irregulares en 81 departamentos.

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