Cuando la justicia cojea y aún no llega

El magistrado Camilo Tarquino expresidente de la Corte Suprema de Justicia, ha sido llamado a imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación.

POR:
FERNANDA
TORRES TOVAR

Hace dos años se hizo público el mayor escándalo de corrupción en la historia de la justicia colombiana. Un escándalo que afectó la confianza de los colombianos en la rama jurisdiccional y en el que, como suele ocurrir en los procesos penales de mayor magnitud, las trabas y dilaciones han impedido que se conozcan resultados definitivos.

Si bien las investigaciones por el llamado ‘Cartel de la toga’ se conocieron a finales de agosto y comienzos de septiembre de 2017, las autoridades empezaron a desenmarañar este entramado de corrupción desde junio de ese año cuando capturaron al exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, y el abogado Leonardo Luis Pinilla.

Los dos abogados fueron capturados porque le pidieron dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para favorecerlo en un proceso judicial. De ahí, Fiscalía y Corte Suprema de Justicia comenzaron a atar cabos sobre una red ilegal que parecía extenderse mucho más arriba de los dos detenidos.

En una rueda de prensa conjunta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación se reveló entonces que la investigación por corrupción cobijaría a dos exmagistrados de la corporación, José Leónidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte, ambos expresidentes del alto tribunal, y a los excongresistas Hernán Andrade, Musa Besaile y Luis Alfredo Ramos. Los nombres de otros involucrados apenas se están conociendo ahora, dos años después.

El alto tribunal aseguró que el exfiscal Moreno y su cómplice Leonardo Pinilla eran los intermediarios entre magistrados y congresistas para favorecer a estos últimos en las investigaciones en su contra. Las tarifas por los favores judiciales rondaban, supuestamente, entre 1.500 y 3.000 millones de pesos.

Como algunas de las reuniones que sostuvieron en territorio extranjero, el supuesto acto de corrupción trascendió las fronteras de Colombia y la justicia de Estados Unidos solicitó a algunos de los involucrados en extradición.

¿QUIÉNES SON LOS INVESTIGADOS Y DE QUÉ SE LES ACUSA?

El principal testimonio contra los exmagistrados Leónidas Bustos y Francisco Ricaurte provino de unos de los supuestos beneficiados con el acto de corrupción. El exsenador Musa Besaile declaró ante la Corte Suprema que pagó 2.000 millones de pesos para frenar una orden de captura que pesaba en su contra por parapolítica.

Besaile, en ese momento, dijo que los dos juristas le habían solicitado la suma de $6.000 millones y que el pago final, con la rebaja a $2.000, se hizo en efectivo en bolsas negras a través del exfiscal Luis Gustavo Moreno.

El testimonio del exsenador sirvió para compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra Bustos y a la Fiscalía contra Ricaurte.

Mientras la Fiscalía escarbaba en las grabaciones de la DEA que dieron pie a toda la investigación en Colombia, y la Comisión de Acusaciones decidía si investigaba o no a Bustos, la misma corporación, el 12 de septiembre del mismo año, abrió investigación en contra del también magistrado Gustavo Malo, por el supuesto favorecimiento en algunos fallos.

La Corte Suprema, que había escogido a Malo para ejercer su periodo hasta 2020, le pidió la renuncia inmediata. Pese a las exigencias de sus compañeros de la Sala Penal, Malo se negó a dejar el cargo. La puja provocó una situación muy tensa en el alto tribunal

En septiembre del mismo año, se ordenó la captura del ex magistrado Ricaurte por los delitos de cohecho, peculado por apropiación, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía aseguró que él y Bustos estaban al frente de una “organización criminal” en la que direccionaban decisiones y manipulaban evidencias.

¿DOS AÑOS DESPUÉS EN QUÉ VAN LOS PROCESOS? LEONIDAS BUSTOS

Solo hasta mayo de este año, la Comisión de Acusaciones decidió llamar a juicio al exmagistrado Leónidas Bustos. En ese momento, el representante investigador, Edward Rodríguez, señaló a Bustos como uno de los cerebros en los manejos irregulares que tuvieron las investigaciones de los exsenadores Besaile y Ashton.

Desde la Comisión señalaron que existen “serios indicios” de que “hubo una entrega de dineros y bienes” para favorecer decisiones judiciales que llegaban al despacho del expresidente de la Corte.

Según las pruebas recolectadas, Bustos “aprovechaba su solvencia académica e intelectual para influir en los fallos ilegales que provenían de la organización delictiva”. Según testimonios recopilados, el jurista habría recibido más de 100 millones de pesos y un reloj Cartier por supuestos sobornos.

Por estos hechos, Bustos fue acusado en la Comisión por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público y cohecho propio.

La decisión, sin embargo, llegó tarde, pues Bustos había salido del país en noviembre del año pasado, a un viaje familiar del que no ha regresado. Para ese momento, el exmagistrado aún no tenía restricción para salir del país.

CAMILO TARQUINO

Pasaron exactamente dos años para que el proceso judicial en su contra avanzara. Esta semana, la Fiscalía presentó en los juzgados de Paloquemao pruebas que lo relacionan con la exigencia de un millonario soborno al exgobernador Lyons, para favorecerlo en los procesos que se adelantaban en su contra.

Los hechos datan del 2014 cuando el exmandatario cordobés empezó a ser vinculado con las irregularidades en el manejo de los recursos departamentales provenientes de las regalías, proceso judicial por el cual se desató todo el entramado y él resultó condenado.

Tarquino goza de libertad pero está vinculado al proceso y, junto con su abogado, se ha comprometido a asistir a las citaciones judiciales.

GUSTAVO MALO

En este momento, su caso se encuentra en juicio en la Sala Instrucción de la Corte Suprema. Luego de una larga puja, Malo fue apartado de su cargo de magistrado, le quitaron su esquema de seguridad y está recluido en una guarnición militar por orden del alto tribunal.

El proceso de Malo ya pasó por la Comisión de Acusación de la Cámara, en donde fue acusado por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y omisión, cohecho propio y utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.

Ahora serán sus propios compañeros los que lo juzguen, e incluso si consideran, lo condenen.

En el proceso en su contra, que empezó desde el primer semestre de este año, han testificado el exmagistrado Francisco Ricaurte y el exmagistrado auxiliar José Reyes, quien hacía parte de su despacho y puso de presente las acciones que a su juicio estaban registrándose de manera indebida.

FRANCISCO RICAURTE

El proceso del expresidente fue el primero que produjo resultados, en septiembre de 2017, cuando fue enviado a prisión. En diciembre del año pasado fue llamado a juicio, pero las dilaciones en el proceso provocaron que hace poco más de un mes fuera dejado en libertad por vencimiento de términos.

LUIS GUSTAVO MORENO

El exfiscal anticorrupción terminó convirtiéndose en testigo estrella en el propio entramado de corrupción en el que participó.

Fue extraditado a Estados Unidos para pagar una condena de 48 meses de cárcel por los delitos de conspiración para lavar de dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario.

Cuando regrese al país, el exfiscal deberá purgar cuatro años, diez meses y 15 días de prisión por haber pedido dinero al exgobernador de Córdoba./COLPRENSA