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HOY DIARIO DEL MAGDALENA

´Ni burocracia ni clientelismo en la nueva reforma a la Contraloría´

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No, no se trata de acumular poder en cabeza del Contralor General. Lo que buscamos es fortalecer nuestra capacidad funcional. El único poder que pretendemos se reflejará en la capacidad real de enfrentar con eficacia a quienes saquean el patrimonio público y lo hacen, hoy día, con sofisticación y tecnología´, dice Carlos Felipe Córdoba, titular del órgano de control fiscal.

El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, logró la semana pasada en el Congreso lo que pocas veces ha logrado el Gobierno en las últimas dos legislaturas: sacó adelante la reforma al control fiscal con una mayoría amplia y en un tiempo muy corto para un acto legislativo.

El proyecto, sin embargo, recibió fuertes críticas de la oposición, que asegura que la reforma le dará excesivos poderes a la Contraloría, que puede terminar cogobernando con el ejecutivo, y aumentará la burocracia y el clientelismo.

Córdoba, en entrevista con HOY DIARIO DEL MAGDALENA y Colprensa asegura que lo único que se busca es fortalecer la capacidad de la entidad que, con el modelo actual, es inoperante.

El contralor coincide con uno de sus antecesores en que la corrupción le cuesta cada año al país 50 billones de pesos.

¿Por qué es necesaria la reforma al control fiscal?*

Porque el modelo actual es inoperante, rezaga las actuaciones del órgano de control fiscal. El control posterior y selectivo solo le permite a la Contraloría actuar sobre hechos cumplidos, dirimir responsabilidades cuando ya el recurso público, la plata de los colombianos para su salud, su educación, su infraestructura, se ha perdido casi que irremediablemente.

La ciudadanía exige legítimamente mayores y mejores resultados en la lucha contra la corrupción. En las actuales circunstancias es un clamor que no podemos atender cabalmente como es nuestro deseo. El sistema que nos rige no abre además los espacios necesarios al control social participativo por el que he venido abogando desde el primer día de mi gestión.

¿Esa reforma no le da superpoderes como lo están denunciando los opositores del proyecto?*

No, no se trata de acumular poder en cabeza del Contralor General. Lo que buscamos es fortalecer nuestra capacidad funcional. El único poder que pretendemos se reflejará en la capacidad real de enfrentar con eficacia a quienes saquean el patrimonio público y lo hacen, hoy día, con sofisticación y tecnología.

Es por eso que he insistido en que no podemos quedarnos a la zaga de los corruptos y luchar contra ellos requiere una inversión que, por grande que parezca, será ventajosa para el país en términos de costo-beneficio.

Tampoco es cierto que pretendamos sustituir la acción de la justicia. Nuestras decisiones seguirán sujetas al control jurisdiccional, solo que la reforma pone unos límites a los términos procesales. Señala que estos no podrán exceder el término de un año y ese plazo es razonable para cerrarle el espacio a la impunidad fiscal.

El punto más polémico es el control preventivo, que según los críticos del proyecto ya existió en Colombia y se eliminó porque paralizaba las obras públicas. ¿Por qué revivirlo?*

Jamás desestimo las críticas, pero valoro mucho más aquellas que son de buena fe. Hay quienes persisten en construir artificiosamente una confusión semántica al decir que el control preventivo que requerimos es igual al viejo control previo, que en efecto fue pernicioso, peligroso e inconveniente para el país.

El control previo era vinculante, es decir, obligatorio para el gestor fiscal y ese ese sentido se convertía efectivamente en factor de coadministración por parte de la Contraloría. El control preventivo no es vinculante y es enteramente excepcional. Por eso insisto ante el país en que no invade la marcha de la administración, pero sí permite detectar a tiempo riesgos que hoy no podemos prevenir. Uno de sus puntos de apoyo es el control de advertencia y este control hará parte del Sistema Nacional de carácter público, con lo cual cualquier ciudadano podrá conocer nuestras advertencias de manera transparente.

También se critica al proyecto que aumenta la burocracia en Bogotá, en vez de fortalecer la labor en las regiones, que sería más importante. ¿Qué dice sobre eso?

Lo primero es que hay que aclarar que no se trata de un aumento burocrático de orden clientelista. Lo que se busca es fortalecer los equipos con personal calificado y especializado que hoy no tenemos o que es insuficiente. Nos faltan grafólogos, médicos, ingenieros de sistemas, analistas de datos y otros expertos que le dan integralidad al ejercicio auditor. Esas personas serán vinculadas mediante estrictos mecanismos de selección por méritos.

Una Contraloría General con mayores recursos podrá llenar los vacíos que deje la eventual acción ineficaz de las contralorías territoriales, pues podrá intervenirlas y entrar a fortalecer la vigilancia de los recursos en las regiones. Esa intervención se hará en aquellos casos en que la Auditoría General de la República, que certificará anualmente a las contralorías territoriales, encuentre que sus indicadores de gestión son muy pobres.

¿Hay alguna cifra que resuma cuánto le cuesta la corrupción al país? Edgardo Maya dijo en alguna ocasión que costaba al año 50 billones de pesos. ¿Está de acuerdo?

Creo que el estimativo que hizo en su momento el doctor Maya fue bastante cercano a la realidad. Mire, otra de las grandes limitantes que nos impone el control posterior y selectivo es que no podemos actuar de oficio, en la medida que lo quisiéramos para conocer todos los casos de corrupción que deberíamos atender. Adicionalmente, el régimen actual no abre el espacio suficiente para que los afectados denuncien.

Durante las últimas cuatro vigencias, la Contraloría General adelantó cerca de 6.000 procesos de responsabilidad fiscal por cuantía de $19,6 billones. Estamos hablando de un promedio anual de casi 5 billones. Si le sumáramos aquellos casos que no pueden ser conocidos de oficio o que no son denunciados, créame que la cifra sería muy superior.

¿Más Contraloría es igual a menos corrupción?

Una contraloría con mayores recursos y capacidades, con respaldo de la ciudadanía y de la tecnología, sí equivaldrá necesariamente a menor corrupción./Colprensa

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