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HOY DIARIO DEL MAGDALENA

Universidades bajo la lupa del Ministerio de Educación

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La ministra de Educación, María Victoria Angulo, asegura, pese a las críticas de los estudiantes, que el Gobierno ha venido cumpliendo con los acuerdos a los que llegó a finales de 2018 y sostiene que sigue comprometido con hacerlos realidad.

En materia de marchas estudiantiles, la historia parece repetirse.

En las últimas semanas las movilizaciones de estudiantes de universidades públicas y privadas han ido creciendo en intensidad. Lo que comenzó como una manifestación por los presuntos actos de corrupción presentados en la Universidad Distrital de Bogotá, terminó extendiéndose primero a varios centros de educación superior de la capital y luego a los de varias ciudades del país.

Pero si bien la protesta ha servido para llamar la atención sobre la falta de recursos que afecta a la educación superior y los actos de corrupción que se registran en algunos de estos centros educativos, al final, los actos de violencia y el vandalismo han terminado opacando, como también ocurrió el año pasado, unas reclamaciones válidas.

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, asegura, pese a las críticas de los estudiantes, que el Gobierno ha venido cumpliendo con los acuerdos a los que llegó a finales de 2018 y sostiene que sigue comprometido con hacerlos realidad.

Además, en entrevista con HOY DIARIO DEL MAGDALENA y la agencia Colprensa, reveló que son siete las universidades en las que el Gobierno ha promovido investigaciones administrativas para impedir que se registren actos de corrupción como los denunciados en la Universidad Distrital de Bogotá.

Hace casi un año, se pactaron acuerdos con la comunidad estudiantil sobre financiación educativa. ¿Se le ha cumplido a los estudiantes?

El Ministerio de Educación tiene un balance favorable en el cumplimiento de todos los acuerdos suscritos. Desde el 14 de diciembre pasado, cuando se creó la “Mesa de Diálogo para la construcción de Acuerdos para la Educación Superior Pública”, se han tenido 6 sesiones y 56 jornadas adicionales con la participación de las entidades del Gobierno Nacional, la Defensoría, la Procuraduría, la Federación de Departamentos, rectores de las instituciones públicas y las plataformas estudiantiles y profesorales.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 incluyó los compromisos y los recursos acordados y frente a los que ya se inició el giro y ejecución en 2019. Se han destinado $512.452 millones adicionales del Presupuesto General de la Nación para funcionamiento, inversión, pasivos y cooperativas de las 62 Instituciones de Educación Superior públicas. Además, del Sistema General de Regalías, la Educación Superior pública recibirá este año $750.000 millones destinados a infraestructura, programas de formación doctoral y al fortalecimiento de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se avanza también frente a la reforma del Sistema General de Regalías, resaltando que ella incluye la destinación de recursos a la financiación de proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo social, económico, educativo, científico y ambiental de las entidades territoriales.

También avanzamos en propuestas de ajuste de la medición de calidad de las revistas científicas. Además, en la propuesta de reforma del Icetex, que se caracterizará por ser integral, incluyente, rigurosa, responsable y de cara a las expectativas de los usuarios, del sector y el país. Del mismo modo, el reconocimiento a las Instituciones de Educación Superior públicas del 100 % del descuento por votación también hace curso en el Congreso.

Respecto a los saldos apropiados no comprometidos, está en trámite la destinación de $78.500 millones en 2020 para la investigación en las Instituciones de Educación Superior públicas y para programas o proyectos de Ciencia y Tecnología a través de Colciencias.

Para resolver el problema de atención de salud de los profesores se creó la Comisión Nacional de Salud, en colaboración con la Procuraduría y se ha reconocido la bonificación a docentes y directivos docentes, que va del 6 por ciento al 15 por ciento.

¿Qué investigación ha emprendido el Ministerio de Educación para dar solución al desfalco de 10.000 millones de pesos de la Universidad Distrital, uno de los detonantes de las recientes protestas?

El Ministerio de Educación tiene asiento en el Consejo Superior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y junto con la presidencia, ejercida por el Gobierno Distrital de Bogotá, ha acompañado desde 2016 las denuncias realizadas en ese órgano colegiado frente a la situación del Instituto de extensión de esta institución.

A raíz de las quejas presentadas a este Ministerio, se están adelantando las actuaciones previas a la visita institucional de Inspección y Vigilancia, según lo establecido en el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 1740 de 2014.

Por otra parte, es importante resaltar que la Procuraduría General de la Nación ha avanzado en la investigación disciplinaria en contra del exdirector del Instituto de Extensión (Idexud) de la Universidad Distrital; y la Fiscalía General de la Nación se encuentra adelantando las diligencias de interrogatorio pertinentes.

Estas actuaciones, que han sido promovidas por las autoridades competentes por tratarse de un presunto caso de corrupción, serán tenidas en cuenta por este Ministerio para las acciones que tengan que emprenderse en aras de constatar que las rentas de la Universidad Distrital se hayan conservado y aplicado debidamente.

Les pedimos a los organismos de control que realicen las investigaciones correspondientes a la mayor brevedad. Los recursos públicos son sagrados y estamos velando porque se destinen al mejoramiento de la educación y a acortar las brechas de inequidad en el país.

¿Frente a qué otras universidades hay investigaciones por problemas de corrupción similares a los de la Universidad Distrital?

La autonomía universitaria es un precepto constitucional que reconoce a las universidades el derecho a darse sus estatutos, designar su personal docente y administrativo, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y su función institucional. Este precepto les permite a las universidades la libertad de autogobernarse y autogestionarse conforme a sus normas.

El Ministerio de Educación, respetuoso de esa autonomía, actúa cuando existen situaciones que ponen en riesgo la continuidad del servicio educativo, y para el restablecimiento de la calidad y el adecuado uso de sus rentas o bienes de las Instituciones de Educación Superior, sin perjuicio de la investigación e imposición de las sanciones administrativas correspondientes.

Así mismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30 de 1992 y la Ley 1740 de 2014, este Ministerio, además de las medidas preventivas o de vigilancia especial, podrá ordenar la apertura de investigaciones con el objeto de comprobar la existencia o comisión de los actos constitutivos de falta administrativa, y establecer las responsabilidades administrativas o académicas del caso.

Dicho lo anterior, el Ministerio de Educación, en ejercicio de la suprema inspección y vigilancia, para velar, entre otras, porque en las Instituciones de Educación Superior sus rentas se conserven y se apliquen debidamente, como lo dispone el literal E del artículo 32 de la Ley 30 de 1992, ha promovido investigaciones administrativas contra la Universidad Metropolitana de Barranquilla, la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, la Universidad Autónoma del Caribe, la Universidad del Atlántico, la Corporación Escuela de Artes y Letras y la Universidad INCCA de Colombia.

¿Cómo garantizar el derecho a la protesta sin deslegitimarlo ni criminalizarlo?

Desde el Gobierno Nacional respetamos el derecho legítimo a la protesta, al disenso y a las manifestaciones pacíficas. Debe primar el diálogo y el debate, sin embargo, rechazamos con contundencia los hechos violentos, cuyo fin es el de generar zozobra y destrucción, poniendo en riesgo la integridad de las personas, generan caos, deslegitiman el sentido de la protesta social y no resuelven los desacuerdos.

Es este sentido, el país debe rechazar los actos de violencia que dejaron pérdidas materiales y afectaciones importantes a la sede Icetex el pasado viernes 27 de septiembre.

Ahora bien, consistentes y coherentes desde que asumimos esta Administración, hemos insistido en el compromiso con el diálogo respetuoso y constructivo, y a través de este mecanismo hemos alcanzado consensos que han fortalecido a la educación superior pública.

En Bogotá, ciudad en donde se concentran principalmente las marchas, existe un modelo para acompañar y garantizar el legítimo derecho a la protesta, integrado por el grupo de Gestores de Convivencia de la Secretaría de Seguridad y el grupo Gaepvd de la Personería de Bogotá, que es un garante de la movilización social como Ministerio Público. Estos dos grupos han acompañado en los últimos tres años y medio más de 2.000 movilizaciones en la capital del país. Estas personas son quienes mantienen el primer contacto de diálogo con los manifestantes. De esta manera se establecen los protocolos de diálogo para que las manifestaciones se realicen de manera pacífica.

Además, el Ministerio de Educación ha propiciado reuniones de trabajo con la Personería de Bogotá y los rectores y funcionarios de las universidades públicas y privadas de la ciudad, responsables de las áreas de bienestar y medio universitario, para que intercambien sus experiencias y diseñen protocolos para acompañar el derecho a la protesta, la articulación del trabajo institucional en torno a las marchas y, por supuesto, las rutas de acción de la comunidad ante tomas y bloqueos.

La Universidad Pedagógica responsabiliza al Estado por los hechos ocurridos el pasado 25 de septiembre, en el que un estudiante y un trabajador de la institución resultaron gravemente heridos, ¿Cuál es la posición del Ministerio de Educación ante este evento y cómo va la investigación para aclarar estos hechos?

Como lo mencionamos anteriormente, el Gobierno Nacional respeta el derecho legítimo a la protesta y a las manifestaciones pacíficas y rechaza rotundamente los hechos violentos que ponen en riesgo la integridad de las personas.

En cuanto a la investigación, hay que señalar que desde el primer momento que ocurrió la explosión al interior de la Universidad Pedagógica, las autoridades competentes adelantan la respectiva investigación.

Para este trabajo ya ha sido designado un Fiscal Antiterrorista y un grupo especial de la Policía Judicial. Serán estas instituciones las que se manifiesten al respecto y el Ministerio respetará y acatará las decisiones que se tomen en este sentido./Colprensa.