¿Quién financia?

Casi 120.000 ciudadanos están aspirando a puestos de elección popular. La pregunta obvia es: ¿Quién financia esas campañas?

Sabemos que cada día son más costosas. Pero, también, sabemos que aquí y en Cafarnaúm, en la mayoría de los casos, el dinero que se da es a cambio de algo: contratos, prebendas, silencios, etc. Las informaciones que se difunden dicen que el papel del Consejo Nacional Electoral es, prácticamente, inexistente y que ya las diferentes organizaciones que promueven candidaturas no se molestan en enviar la información correspondiente.

La preocupación predominante debe ser: ¿Acaso estamos consolidando la corrupción en Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas y Concejos?

Lo que hemos visto hasta ahora en Bogotá (Alcaldía de Samuel Moreno), Cartagena, Santa Marta, Quibdó, Ibagué, Soledad, Cota (la lista es interminable), es verdaderamente escandaloso, se difunde como epidemia que contagia cada día más departamentos, ciudades, municipios. Y no se ve esfuerzo alguno por revelar qué es lo que está pasando con la financiación de esas campañas. Esto no puede continuar así. El costo para el Tesoro Nacional es descomunal, la Contraloría General lo ha estimado en $50 billones. Algo que afecta gravemente el diseño y ejecución de las políticas públicas en salud, educación, infraestructura, vivienda y hasta en el tema deportivo. Es que se roban el dinero para los Juegos Nacionales, a la vista de todo el mundo, en Ibagué, Quibdó, Santa Marta. La reacción ciudadana es muy débil, la gubernamental también y la de los gremios.

Ya sabemos, lo he repetido hasta el cansancio, que las leyes no son la herramienta más eficaz. Sí, se requiere un marco jurídico pero es requetesabido que no es suficiente.

Ante tanto fracaso y tanta indolencia, está surgiendo un movimiento en torno del cual se puede decir que existe un consenso. El presidente Duque promueve el tema digital. La banca internacional y nacional (por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento en su discurso el 9 de este mes, en la conferencia convocada por Anif) y expertos hablan de la urgencia de utilizar la tecnología digital como herramienta principal y eficaz para asegurar la transparencia.

Entiendo que ya la Fiscalía y la Contraloría están utilizando estas herramientas. El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, recientemente me habló de un préstamo cercano a los US$200 millones para aplicar esta tecnología. Hace dos semanas hubo una reunión en la Corporación de Ferias en Bogotá en donde se hizo una presentación de esta tecnología. Una colombiana-americana explicó las ventajas que ofrece lo que denominan Smart Contracts. La explicación que le escuché lo deja a uno sin habla, porque permite perfecto seguimiento de la ejecución de un contrato, porque proporciona las alertas en tiempo real. Si le entendí bien, hace imposible las trampas bien conocidas.

Y, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se pueden implementar éstos y otros recursos digitales? Y ahora digamos, Fedesarrollo que fue pionero en investigar el tema de la corrupción, por allá en 1994, y que el año pasado promovió el libro ‘La Lucha Integral contra la Corrupción en Colombia: reflexiones y propuestas’, podría ofrecer alguna iniciativa concreta sobre la utilización de estas herramientas, con ejemplos de lo que se está haciendo en el mundo, para de una vez por todas superar esa frustración enorme generada por convenciones internacionales y legislaciones y oficinas que no han dado resultados significativos.

*ExMinistro de Estado