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HOY DIARIO DEL MAGDALENA

Procurador no le apuesta a la cadena perpetua para los violadores de menores

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 “Aquí hay que fortalecer a los jueces, procuradores y defensores, y después sí pensar en aumentar las penas porque realmente lo que hay, en este momento, es muy cercano a lo que podría llegar a ser la cadena perpetua”, dijo el jefe del ente control Fernando Carrillo.

Al debate de la cadena perpetua para quienes cometan delitos sexuales contra los menores de edad se unió la voz del procurador Fernando Carrillo que se aparta de esa opción y señaló que lo que se necesita para estos casos es robustecer cada uno de los engranajes de la cadena de la justicia.

“Aquí hay que fortalecer a los jueces, procuradores y defensores, y después sí pensar en aumentar las penas porque realmente lo que hay, en este momento, es muy cercano a lo que podría llegar a ser la cadena perpetua”, dijo el jefe del ente control durante una intervención en Barranquilla.

Así las cosas, el proyecto que se impulsa desde el Ministerio de Justicia tendría un palo en la rueda ya que Carrillo Flórez considera que dar prisión de por vida a quienes abusen sexualmente de los niños, no puede ser el punto de partida de la revolución que se necesita en el país.

Actualmente Carrillo adelanta una gira nacional que bautizó como las consultas ciudadanas por la justicia y anunció que al terminar su periplo impulsará una reforma en la que, según él, “el respeto por los derechos de los niños sea la premisa fundamental”.

La iniciativa para la prisión perpetua es uno de los proyectos bandera del gobierno de Iván Duque quien ha insistido que el propósito está lejos de ser “populismo punitivo” y que el tema tampoco debe ser “de causa de partido o ideológica de alguno, (sino que) es de todos los colombianos, se necesita de drasticidad y así como es importante la drasticidad es importante la pedagogía”.

Con ese pronunciamiento el tema llegó al Congreso y a finales del mes pasado, con 19 votos a favor y cuatro en contra, fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el acto legislativo por medio del cual se busca instituir ese tipo de medidas en Colombia. Ese fue el primer paso en la Corporación.

También en septiembre el papa Francisco reiteró que la cadena perpetua “no es la solución a los problemas y lo repito: no es la solución de los problemas, sino un problema a resolver. Porque si se encierra la esperanza, no hay futuro para la sociedad. Nunca se debe privar del derecho a empezar de nuevo”.

En junio se conoció un concepto de la Comisión Asesora de Política Criminal en el que advertían de aprobarse una medida como la de la cadena perpetua ello implicaría un cambio en la Constitución puntualmente del artículo 34 que prohíbe este tipo de penas, así como la del destierro. De darse ese ajuste, se afectaría la esencia del modelo del estado social de derecho.

Esta Comisión, además, consideró que al erigir esta figura en el sistema colombiano se estaría enviando un mensaje de “discriminación, marginación y exclusión social” que no genera beneficio alguno para proteger y restaurar los derechos de las víctimas.

El grupo de expertos fue enfático al precisar que “la prisión perpetua es una pena innecesariamente violenta, inútil y desproporcionada (…) una pena cruel, toda vez que el condenado pierde la esperanza razonable de resocialización rehabilitación y libertad”.

El criterio también tuvo en cuenta la condición de los penales colombianos, cuyo índice de hacinamiento, a corte de junio, era del 51%, por lo que los comisionados advirtieron que, bajo el estado de cosas inconstitucional de los derechos humanos en las prisiones, dicha crueldad también torna esta pena en una sanción inhumana y degradante.

En dicho informe también se tuvo en cuenta los gastos que este tipo de prisioneros le ocasionarían al Estado. “Para sufragar la cadena perpetua de los 1.568 condenados por delitos de actos sexuales abusivos que hoy existen en Colombia, y que representan el 1.95 % de las condenas del sistema penal, el Estado tendría que pagar, por un promedio de 35 años de prisión, una suma superior a los 29 mil millones de pesos”, advertía un aparte del informe.