Venezuela se convierte en juez y parte en Derechos Humanos

El gobierno de Nicolás Maduro alcanzó su mayor triunfo internacional desde que estalló la nueva fase de la crisis en enero de este año, cuando el país quedó inmerso en una dicotomía de “dos presidentes” que se disputan el poder. El Estado consiguió un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el máximo organismo en ese tema en el ámbito internacional.

Los cerca de 60 países que reconocen al opositor Juan Guaidó como presidente interino y mandatario legítimo, sumados a la presión de Estados Unidos, de Human Rights Watch, y del Grupo de Lima, entre otros, se quedaron cortos ante los 105 Estados que respaldaron la candidatura que postuló Maduro ante el Consejo, lo que daría a entender que una parte del mundo si lo consideran como el líder legítimo del vecino país.

Ayer viernes, mientras llegaban pronunciamientos de gobiernos como el de Iván Duque rechazando su curul, el chavismo celebraba su conquista. Para el canciller Carlos Holmes Trujillo, quien ha liderado el “cerco diplomático” a Maduro, el “régimen del dictador no tiene los requisitos ni la autoridad moral para formar parte del Consejo de Derechos Humanos”.

Pero las invitaciones de sus opositores a rechazar la candidatura se quedaron cortas ante el lobby del régimen, como lo afirma la directora del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, Martha Márquez. “Es un triunfo de la política exterior de Venezuela y la petro-democracia”, que Hugo Chávez comenzó desde el 2001, acercándose a naciones por fuera del espectro occidental.

Los Estados que lo respaldaron hacen parte del bloque petrolero, son africanos o viven en regímenes que se alejan de la democracia como Irak, Irán y Turquía. De hecho, Libia, otro que es cuestionado por su trato a los migrantes en centros de detención y la guerra civil que enfrenta, también fue elegido el pasado jueves como integrante del Consejo.

 

Árbitro en su propio juicio

Con Venezuela la situación va más allá. El 27 de septiembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos emitió una resolución en la que instó al régimen aceptar ayuda humanitaria, manifestó su preocupación por la situación en este tema y pidió a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, hacer un informe al respecto. Luego, en septiembre de este año, estableció una misión internacional para Venezuela.

Esa delegación tiene la labor de investigar las presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, cuando comenzó la movilización contra el régimen.

Los comportamientos fueron verificados por Bachelet en lo reportes presentados en julio y septiembre y por organizaciones como Human Rights Watch que hicieron denuncias similares.

Si bien el escaño de Venezuela en el Consejo es como Estado, el delegado en la ONU es el representante del régimen de Maduro. Esta curul tendrá vigencia entre 2020 y 2022 con posibilidad de reelección, tiempo en el que está presupuestado que el oficialismo esté en el poder si la situación política se mantiene.

La coordinadora académica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Marianna Romero, afirma que los delegados podrían intentar generar una “matriz de opinión que contrarreste los efectos del informe de Bachelet y las resoluciones que ha emitido el Consejo”. Sin embargo, enfatiza que los documentos no se desvirtúan con la elección.

 

Historias repetidas

Venezuela no es el único país cuestionado por su situación de Derechos Humanos y que hace parte del organismo. Arabia Saudí, China, Cuba, Eritrea y Filipinas también lo integran y en el pasado Rusia estuvo. El investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, explica esta situación en que Naciones Unidas busca velar por la paz y “esto incluye reconocer actores de poder autoritarios o violadores de derechos humanos”.

Los informes de la organización Freedom House explican esa tendencia que menciona Rodríguez. Según el reporte de este 2019, de 195 países analizados, solo 86 son considerados como libres. Los restantes 109 están en regímenes que no son precisamente democráticos como Siria, Sudán del Sur, Turkmenistán o Guinea Ecuatorial.

Y a esos es a los que el chavismo les ha apostado como aliados. Una evidencia de que sus relaciones internacionales se salen del espectro americano y busca con esos votos catapultarse a instancias como el Consejo de Naciones Unidas.