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HOY DIARIO DEL MAGDALENA

Ejército y universidad de Medellín presentan informe sobre víctimas de minas

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“En el período entre 2002 y 2016 en Antioquia, Córdoba y Chocó, 1.297 militares fueron víctimas de minas. El mayor número de casos ocurrió en el Paramillo y el oriente antioqueño. De esta cifra 1127 resultaron heridos y 170 fueron asesinados por los daños que causan estos artefactos explosivos”.

Esta es la síntesis de un informe que en la tarde de este lunes entregarán el Departamento Jurídico Integral del Ejército, la Séptima División del Ejército en conjunto con la Universidad de Medellín en el que muestran los patrones que los grupos armados utilizaron en cuanto a minas antipersonal se refiere. El documento tiene 105 páginas y el prólogo fue firmado por el actual comandante de esa División, general Juan Carlos Ramírez.

“Es pertinente destacar que este informe – dice el alto oficial – no solo permite contribuir al esclarecimiento de la verdad desde una perspectiva institucional, sino también refleja el trabajo conjunto existente entre el Ejército Nacional y la academia”.

El estudio sostiene que Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, en Córdoba, Tarazá, Ituango, Valdivia, Dabeiba, Toledo y Briceño, en Antioquia, son los municipios que concentraron mayor cantidad de afectaciones en contra de los militares que cayeron en estos campos.

Los años en los que presentaron mayor número de víctimas en el Paramillo y sus alrededores fueron 2004 (31 casos), 2008 (51 casos), 2009 (30 casos), 2010 (41 casos) y 2011 (55 casos), sumando un total de 231 víctimas.

Esta investigación fue llamada ‘Luces para la verdad’ y el que se entregará esta tarde en Antioquia es la primera de 32 estudios que quedarán en manos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, órgano encargado de elaborar un informe para explicar las complejidades del conflicto en el país.

El informe abordó, entre otras temáticas, el contexto histórico del conflicto armado en el Nudo de Paramillo y su entorno, el aspecto psicosocial desde las consecuencias de las minas antipersonal en los militares y la manera de afrontar la situación particularmente desde el voleibol sentado como espacio de reencuentro y colaboración.

El cuerpo del informe recoge los testimonios de 18 militares que cayeron en campos minados, de los cuales 12 ocurrieron en Antioquia, cuatro en Córdoba y dos en Chocó. Estas afectaciones fueron ocasionadas por artefactos instalados por antiguos frentes de las Farc que delinquían en la región.

El documento enfatiza que “la defensa con minas antipersonal no convencionales e indetectables de los territorios de interés estratégico ha causado y causará más afectaciones de manera indiscriminada a la población civil y a los miembros de la Fuerza Pública”.

Uno de los patrones sobre el uso de estos elementos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario da cuenta de que fueron empleados por actores armados que buscaban proteger cultivos de uso ilícito, laboratorios y rutas del narcotráfico.

El documento del Ejército y la Universidad de Medellín llaman la atención para que se brinde más apoyo a los militares que han sido blanco de estas minas, en especial a aquellos que en la actualidad hacen parte del equipo de voleibol sentado, una actividad que hace parte de su proceso de inclusión social.

De allí que en el capítulo en el que recogen las recomendaciones expongan que se debe “apoyar la conformación de equipos paralímpicos en las regiones, de forma que puedan crearse redes afectivas y colaborativas a través del deporte, promoviendo encuentros y campeonatos paralímpicos regionales que posibiliten mejorar el nivel competitivo de los deportistas y equipos. En la actualidad se encuentran con la dificultad de no tener con quién competir antes de los juegos nacionales que se realizan cada cuatro años”.

Como parte de la promoción del deporte paralímpico también se sugiere una mayor asignación de presupuesto para los espacios en los que este tipo de prácticas se pueda realizar sin inconveniente y que el aspecto económico no sea obstáculo para su proceso de inclusión.

“Si bien se reconoce que en el país existe en general poco apoyo para el deporte, este se hace aún más visible en las modalidades paralímpicas. En este sentido, se requiere que las personas vinculadas con el deporte transformen su actitud al momento de brindar apoyo, pues les hacen sentir que más que un derecho es una colaboración”, concluye el informe.

 

Bogotá (Colprensa).