Encontraron 13 hallazgos fiscales por $1.234 millones

Entre los contratos investigados se encuentran los Centros de Salud, el Plan de Alimentación Escolar y adecuaciones a instituciones educativas.

En un nuevo informe emitido por la Contraloría General de la República sobre el segundo control excepcional que se desarrollaba desde el pasado mes de abril a los diferentes contratos firmados por la Alcaldía Distrital entre los que se encuentran las obras de construcción de los Centros de Salud, instituciones educativas y el programa de Alimentación Escolar, el ente de control halló nuevos 13 hallazgos fiscales por $1.234 millones.

El control excepcional que abarcó la revisión de 5 procesos licitatorios, cuya contratación total asciende a $42 mil 341 millones y que incluye la ampliación de la infraestructura en las instituciones Rodrigo Bastidas, Instituto Magdalena y el diseño y construcción de la IED Taganga; así como la adecuación y terminación de los centros de salud IPC La Candelaria, La Paz y Taganga, así como el Plan de Alimentación Escolar PAE del año 2018.

Según los hallazgos fiscales que completan 13 en total y que ascienden a una cuantía de  $1.234 millones el ente de control evidenció que de igual forma 18 hallazgos corresponden con presunta incidencia disciplinaria y dos con otra incidencia, que serán trasladados a las entidades competentes.

Para la Contraloría, “el cumplimiento a las normas de los marcos normativos y reglamentarios de la Alcaldía de Santa Marta frente al manejo de los recursos públicos, para la contratación evaluada, no resulta conforme, en todos los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados, emitiendo así concepto de “Conclusión Adversa – Incumplimiento Material” consideró el ente de control en su informe.

CENTROS DE SALUD:

Entre los 13 hallazgos fiscales evidenciados se encuentran los enmarcados en la Licitación Pública 012 del 2016 que tenía como objetivo  la adecuación y terminación de los centros de Salud IPC La Candelaria, Centro de Salud La Paz y Centro de Salud Taganga con un valor inicial del contrato de $5.863’789.235.

Dentro de este contrato, el 007 de 2017, se evidenciaron  3 hallazgos fiscales por $189’458.597 relacionados con ítems con especificaciones diferentes al contratado en el caso del IPC La Candelaria, así como en el Centro de Salud La Paz y Taganga. Así como en la IPC La Candelaria donde el cuarto de máquinas se no presta el servicio requerido y no cumple con la normatividad vigente en el país.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

De igual forma en lo que respecta al contrato referente a la ampliación de la Infraestructura Física de las IED Rodrigo de Bastidas e Instituto Magdalena cuyo contrato ascendía a $ 9.812’583.889 y donde se evidenciaron según la Contraloría, encontraron  4 hallazgos fiscales por $153’152.716 relacionados con el manejo del anticipo del contrato, cantidades y calidad de la obra, así como especificaciones técnicas y funcionalidad de la misma.

Caso similar según el ente de control ocurrió con la Licitación Pública 008 de 2018 cuyo objeto era el Diagnóstico, reparaciones y/o adecuaciones locativas en las instituciones educativas distritales de Santa Marta con dos contratos por un valor inicial de $4.700 millones cada uno, donde se evidenciaron 5 hallazgos fiscales por un total de $430’896.290.

Para la Contraloría los contratistas Consorcios SYCAB y Consorcio “Colegios Santa Marta” no cumplieron con la “ejecución del diagnóstico”, como parte del objeto de los contratos correspondiente a las 30 IED contratadas, lo que ocasiona un detrimento patrimonial por $240 millones, y que la Alcaldía Distrital canceló a los contratistas, sin el cumplimiento de la obligación de realizar el diagnóstico de las instituciones educativas, para luego si determinar las obras a intervenir en cada una de ellas, previo a la revisión o estudio del Comité Técnico de la entidad, para su aprobación.

No se realizó la elaboración de las actas o documento escrito de aprobación, que eran requisito indispensable, para la ejecución de las reparaciones o intervenciones de obra en las IED asignadas en cada uno de los contratos, según el clausulado contractual, afectando el objeto real de la contratación pública.

El detrimento patrimonial en cuantía de $240 millones corresponde al valor girado en los contratos para el componente diagnóstico, sin que se obtuviese un diagnóstico real de las instituciones educativas, ni la revisión o estudio del Comité Técnico de la entidad, para su aprobación previa a la ejecución de las reparaciones o intervenciones de obra en las IED asignadas en cada uno de los contratos, por lo que el pago realizado a cada uno de los contratistas por este componente que no fue ejecutado ni entregado, se convierte en una presunta apropiación de los recursos del estado.

Asimismo, se determinaron 4 hallazgos fiscales que suman más de $190 millones, relacionados con cantidades de obra ejecutadas en los contratos del Consorcio Sycab y Consorcio Colegios de Santa Marta, y calidad de obra en este último.

PLAN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR:

Sobre este apartado uno de los más polémicos, según la Contraloría en el contrato valorado en $7.850’522.449 para el suministro diario de desayunos y/o almuerzos a estudiantes beneficiados con el programa de Alimentación Escolar regular y Jornada única, en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Santa Marta se encontró 1 hallazgo fiscal por $460’899.738 relacionado con la inclusión de ítems de publicidad, los cuales según el ente de control no están contemplados en el costo de las raciones alimentarias, lo que incrementó el valor de las mismas.

Para la Contraloría una vez revisada la información suministrada por parte del contratista operador Consorcio Proyecto Vital, se evidenció en la carpeta denominada “publicidad”, que las facturas que soportan los gastos del operador contienen conceptos que no se relacionan con este ítem.

Sobre estos soportes se evidenció el pago de botellones de agua, escobas, traperos, cucharas, bolsas, uniformes para manipuladoras, vasos desechables, tapabocas, desinfectantes, agua para oficina administrativa, servicios de internet, utensilios de cocina, recargas de extintores, servicio de gas, compra de pipetas de gas, pago de almuerzos para personal administrativo, compra de abarrotes, mantenimiento a estufas y facturas de servicio a Electricaribe.

En lo que respecta al valor establecido en el ítem publicidad, visibilidad y socialización, provocó el incremento del valor de las raciones alimentarias objeto del contrato de suministro, lo que aparte de no estar contemplado en la normatividad legal y reglamentaria vigente se destinaron recursos para gastos contemplados en otros ítems del contrato, como administración, manipuladoras y materia prima.

Para la Contraloría estos hallazgos evidencian la debilidad en las labores de supervisión por parte del Distrito, ya que no ejerció de manera rigurosa y eficiente las actividades de control y vigilancia de la ejecución de sus recursos, de conformidad con la normatividad vigente en el país.

Se detectó el pago a los contratistas de obra no ejecutada, así como de trabajos de construcción de baja calidad que, a la fecha de las visitas realizadas, limitan su uso para la comunidad.

Por otro lado, la Contraloría encontró deficiencias en la planeación que realiza la Alcaldía Distrital de sus procesos contractuales. Fue así como se estableció que los proyectos contratados por el Distrito no cumplen los plazos iniciales de ejecución, requiriendo prórrogas, suspensiones y adiciones para conseguir avanzar.

De esta manera, el organismo de control evidenció que las obras no se entregan de manera oportuna para el disfrute por parte de la comunidad samaria.

Al comunicar los resultados de este informe de auditoría al alcalde del Distrito de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, la CGR le pidió presentar un Plan de Mejoramiento con acciones y metas, que permitan solucionar las deficiencias señaladas.

ALCALDE SE PRONUNCIÓ:

Una vez conocido este nuevo informe de la Contraloría el alcalde Rafael Martínez manifestó que son hallazgos preliminares, que dan una nueva fase en la que se explicará cada una de las actuaciones y con soportes y documentos permitirá subsanar esas dudas que surgen de los resultados de los controles excepcionales.

 “Tan solo son hallazgos a los cuales acudiremos a entregar los soportes, porque ni siquiera nos han abierto indagación preliminar, porque estamos en una primera etapa en la que presentaremos todos los documentos. Hemos pedido una versión libre en la que presentaremos las resoluciones del Ministerio que obliga en el caso del PAE a desarrollar impresos lo que no es publicidad para otros programas, eso es falso, son una serie de folletos o impresos que incluyen información del programa y los beneficios entre otros” señaló el burgomaestre.

Según el mandatario la ventaja de los contratos que en este caso se han indagado, es que están cubiertos de pólizas vigentes. “Hasta el momento la ESE no los ha recibido según lo que se contrató. Los Centros están en plena operación con el objetivo de que se evalúen y se analicen aquellos detalles que se le ha pedido como ha ocurrido al contratista que mejore esos aspectos” indicó el alcalde Martínez quien agregó que hasta el momento sobre este caso al contratista aún se le deben cerca de $600 millones y el contrato aún no se ha liquidado a espera que se subsanen todas las observaciones que se han hecho.