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En el limbo queda preacuerdo entre Hilda Niño Farfán y la Fiscalía

En la mañana de este martes, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia no decidió de fondo sobre el preacuerdo que desde hace diez meses tramita ante esa instancia la Fiscalía con la exfiscal Hilda Niño Farfán. El revés en el expediente obedece a que el alto tribunal pide precisión sobre una diferencia en los montos que figuran en el escrito de acusación y lo que ella entregó a modo de restitución.

Niño Farfán era la fiscal 22 ante el Tribunal de Justicia y Paz. Durante su labor en el ente acusador tuvo procesos contra los cabecillas paramilitares Miguel Ángel Mejía Múnera, ‘Mellizo’, y con Orlando Villa Zapata, que hacían parte del Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas.

Sin embargo, se alió con ellos para favorecerlos en un proceso judicial y a cambio recibió una gruesa suma de dinero.

Como parte del preacuerdo, Niño Farfán reintegró 175 millones de pesos bajo la figura de extinción de dominio y entregó un pagaré de $70 millones. Estos $245 millones distan mucho de los $600 millones que mencionó la Corte que le dijo a la defensa de la procesada y a la Fiscalía que “es de vital importancia” que se sienten a dilucidar estos montos y lo expongan ante la Sala en una fecha que será anunciada en los próximos días.

La Corte también pidió que se aclare si el monto entregado obedece a una restitución o a una indemnización. A la luz de la jurisprudencia nacional se entiende que la primera es una acción previa y la segunda, posterior. La duda de los magistrados es si con la expedición del pagaré antes mencionado obedece a una restitución o a una indemnización.

Édgar Torres, abogado de la exfiscal, sostuvo que “lo que entendemos de la notificación que hace la Corte Suprema de Justicia es que tiene dudas acerca de la naturaleza a la cual se imputa el dinero que se entregó. Además, la Corte entiende que son más de $600 millones de pesos”.

Niño Farfán fue imputada por los delitos de peculado, fraude procesal, cohecho y tráfico de influencias. Pero a cambio de colaboración pactó la negociación con el ente acusador por el cohecho que bajo esta figura del preacuerdo fija una pena de hasta 64 meses, pero a ese tiempo habría que descontarle lo que ya ha pasado privada de la libertad, es decir cerca de 26 meses.

 

Bogotá (Colprensa).

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