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HOY DIARIO DEL MAGDALENA

¿Dónde está la plata del FOES?

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Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la República dice en su informe que ´los recursos del Fondo de Energía Social son de destinación específica y por lo tanto debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario, como efectivamente se hizo´.

En otra actuación fiscal, la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por 187.227 millones de pesos a la Electrificadora del Caribe (Electricaribe), por el indebido manejo de los recursos del Fondo de Energía Social (Foes),  que debieron aliviar el valor a pagar en la factura del consumo de energía de los usuarios de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la región Caribe, durante el período comprendido entre julio de 2011 y octubre de 2016.

En forma solidaria con Electricaribe, el organismo de control también imputó responsabilidad fiscal, por un valor que asciende a los 46 mil 245 millones de pesos, a la señora Yamile Sarmiento Estrada en su calidad de revisora fiscal de la empresa, quien avaló la aplicación incorrecta de dichos recursos.

La entidad explicó que los 187.227 millones que recibió Electricaribe del Fondo de Energía Social, que administra el Ministerio de Minas y Energía, fueron aplicados al consumo distribuido comunitario, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa en las zonas especiales.

 “Los recursos del Fondo de Energía Social son de destinación específica y por lo tanto debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario, como efectivamente se hizo, ya que, al hacerlo así, no se alivió el valor a pagar en la factura por los usuarios, sino que terminó favoreciendo los ingresos de la empresa Electricaribe”, indica el informe del ente de control.

Para llegar a esta decisión, proferida por la Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, se revisó la facturación mensual de las zonas especiales de la Región Caribe, que corresponde en promedio a 1 millón 800 mil facturas por mes, de las cuales fueron glosadas aproximadamente 700 mil.

NO SE LA ROBARON

La empresa Naturgy, casa matriz de la Electrificadora del Caribe (Electricaribe), rechazó el anuncio de la Contraloría General de la República de imputar responsabilidad fiscal por 187.000 millones de pesos, por presuntos manejos irregulares de los recursos del Fondo de Energía Social (FOES).

La empresa española indicó que tal como se ha explicado de manera extensa a las autoridades, los subsidios destinados a los estratos 1 y 2 en todo momento se usaron para cubrir los gastos de operación en las denominadas ‘zonas especiales’, con fundamento en la normatividad vigente.

 “En un contexto de prácticas de robo y fraude irresueltas y de fallas estructurales del sistema legal que impedían a Electricaribe abordar esta problemática de manera efectiva, los recursos FOES estaban y están destinados a cubrir el costo de la energía debido al faltante que sufren empresas como Electricaribe”, afirmó la compañía.

Igualmente, Naturgy señala que los recursos fueron utilizados para dar viabilidad y hacer posible la prestación del servicio en zonas, en las que de otro modo no habría conexión a las redes de transmisión y distribución.

La compañía además argumenta que durante más de diez años, tanto el Ministerio de Minas como la Superintendencia de Servicios Públicos y la misma Contraloría, avalaron la forma como se estaban manejando los recursos del FOES y reconocieron que dichos dineros se usaron para atender los gastos propios de la operación y del servicio en la Costa Atlántica.

También advierte que no existen fundamentos de hecho ni de derecho para arribar a tal pliego de cargos, y que estudiará las vías nacionales e internacionales a disposición, para poner de manifiesto esta presión ‘incausada e indebida’.

Finalmente, la empresa afirma que la decisión de la Contraloría se dio ‘sorprendentemente’, después de presentado el último escrito de Colombia en el arbitraje internacional iniciado por la compañía tras la toma de Electricaribe, con fines de liquidación iniciada en 2016 y con la audiencia final a pocos meses vista.