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HOY DIARIO DEL MAGDALENA

A alcaldes y gobernadores les toca construir cárceles: Minjusticia

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La reforma a la justicia ha sido uno de los mayores dolores de cabeza de los ministros de justicia en los últimos años. Incluso, a varios de ellos los terminó sacando del cargo.

Pero la actual ministra de Justicia, Margarita Cabello, ha intentado un camino diferente: reformar no la estructura de la rama judicial, los periodos de los magistrados y los mecanismos para su elección, entre muchos otros temas espinosos, sino la que le afecta al ciudadano, la falta de jueces en los municipios más apartados, la solución pacífica de las pequeñas controversias.

“Lo que se reclama es justicia real, que se le solucione el conflicto al ciudadano de una manera rápida y eficiente”, dice. Para eso no se necesitan reformas constitucionales, sino ajustes legales y de gestión.

En entrevista con COLPRENSA, la ministra habló sobre estos cambios que se están haciendo para lograr una justicia más cercana al ciudadano, sobre la otra reforma, la de las altas cortes, que también se va a presentar, pero posiblemente en marzo del próximo año, y sobre la controversia provocada por la renuncia de varios miembros de la comisión asesora de política criminal. “Esa comisión es asesora. Cuando uno asesora a alguien, es posible que acoja o no su criterio”, dice.

Desde que se posesionó, usted habló de que iba a impulsar la otra reforma a la justicia, no la de las altas cortes, sino la del ciudadano de a pie. ¿Cómo va esa reforma?

Mi visión es que la real reforma a la justicia es la que tiene que ver con los problemas de acceso a la justicia por parte del ciudadano de a pie. Para nosotros eso se puede lograr con pequeñas reformas de carácter legal, otras de gestión y otras de resoluciones o decretos. Lo que se reclama es justicia real, que se le solucione el conflicto al ciudadano de una manera rápida y eficiente.

¿En qué han consistido esas reformas?

Hicimos ajustes a la Ley de arbitraje. El arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos extrajudicial, pero se tenía la idea de que era algo muy elitista, solo para los grandes empresarios. Empezamos a meterle normas para que pudiera ser para el ciudadano común también. Reforzamos el arbitraje social, que es un arbitraje gratuito. También ampliamos las competencias de los consultorios jurídicos para que los estratos más vulnerables, 1, 2 y 3, y personas que tienen problemas de hasta quinientos y algo salarios mínimos sean asesorados por profesionales expertos. Bajamos a sexto semestre la posibilidad de que los estudiantes empiecen a ejercer Consultorio Jurídico y metimos la idea clara de que quien estudie Derecho, también tiene que tener en su mente que es una carrera con función social.

¿Y en materia de conciliación qué se está haciendo?

Llevamos la conciliación a los lugares más desprotegidos y más abandonados del país. Hicimos lo que se llamó una Gran Conciliatón. 23 mil asuntos por conciliar, la mitad se concilió, la otra no. Pudimos avanzar muchísimo en conciliación en equidad y en eso ya estamos en doscientos y pico de municipios con conciliadores en Equidad. Estamos a punto de presentar un Estatuto de Conciliación, en donde vamos a organizar sistemáticamente todas las normas, haciéndolas fáciles a todo el mundo.

Eso implica un cambio de cultura, porque generalmente los colombianos tendemos a resolverlo todo por las malas, si no con violencia, por lo menos en un pleito judicial…

Cuando un conflicto se resuelve jurídicamente, por una decisión judicial, aparentemente solucionamos el conflicto, pero creamos otro, porque la otra parte, generalmente, considera que perdió no porque debía perder, sino porque al juez lo compraron, porque hubo corrupción, etc. Entonces, hay que volver a enseñarle a los ciudadanos y a nuestro país, la necesidad de aprender a solucionar sus conflictos amigablemente.

Hay muchos municipios en donde no encuentra uno un juez o toca hacer grandes desplazamientos para encontrar uno. ¿Cómo van a resolver eso?

Por razones económicas y de presupuesto, no podemos tener un juez físicamente en todos los municipios del país. Vamos a presentar otra reforma muy importante: la Jurisdicción Agraria, en cumplimiento del Acuerdo de Paz. Van a ser jueces itinerantes: es decir, donde haya conflictos agrarios, ellos se moverán. Habíamos pensado en una Jurisdicción Transitoria, por unos diez años, pero consideramos que el problema de tierras es tan grande, que es importante que sea permanente.

¿Y la otra reforma, la de las altas cortes y la estructura de la rama, cuándo la van a presentar?

En esa estamos trabajando desde que me posesioné. La manera como estamos trabajando es: les mandamos un borrador (a los presidentes de las cortes), ellos lo miran, revisan, le hacen comentarios, lo vamos adecuando y se los volvemos a mandar. Creo que no alcanzamos ahora, pero es mejor ir con tranquilidad y es posible que para marzo lo tengamos listo. En las manos de la Rama Judicial está hoy la posibilidad de que haya o no una reforma a la justicia desde ese punto de vista.

Han renunciado varios miembros de la comisión asesora de política criminal, en parte por la propuesta de cadena perpetua para violadores de niños. ¿Qué es lo que está pasando en la Comisión? ¿No es una señal de que esta propuesta es equivocada?

Será el Congreso el que tomará la decisión. Yo no tomo la decisión, nosotros planteamos al Congreso y enviamos el concepto favorable, conveniente, pero nosotros no tomamos la última decisión. Pero le aclaro algo. Esa comisión es asesora. Es muy posible que cuando uno asesora a alguien, acoja o no acoja su criterio y yo no me molestaría, es mi criterio muy personal.

Usted dijo hace poco que estamos en un 55% de hacinamiento. ¿Qué se está haciendo para reducirlo?

Nos pusimos a hacer un poco de análisis de cifras y encontramos que de 124.744 personas privadas de la libertad intramurales, 41.309 son sindicados procesados y 83.435 son condenados. Es decir, estos 83.435 son responsabilidad de la nación y los 41.309 son responsabilidad de todos los entes territoriales del país. En realidad, cárceles municipales y distritales hay muy pocas en el país, muy pocas y la mayoría, 182, más o menos, son cárceles nacionales. Por eso hemos hablado con los entes territoriales. Yo entiendo la problemática de ellos también. Ellos no lo hacen por descuido, sino que tienen poco presupuesto y muchas cosas que hacer.

Pero el mensaje es que a los alcaldes y gobernadores les toca construir cárceles…

Claro, les toca, pero hay que ayudarlos. Esto tiene que ser amigable. Entre todos trabajar para que entre varios departamentos se junten y miren en dónde podrían hacer cárceles municipales o distritales.

¿Y qué pasa con los personajes que tienen privilegios en las cárceles, como Iván y  Samuel Moreno o Andrés Felipe Arias?

El tema es de seguridad. Nosotros somos responsables de una serie de privados de la libertad que pueden tener problemas porque ejercieron funciones públicas y eso constitucionalmente es autorizado. Hay unos protocolos. Yo en últimas diría: aquí la preocupación no es por qué a un privado de la libertad le dan una cama más cómoda o por qué le ponen un televisor, mi pregunta es por qué no organizamos establecimientos penitenciarios en donde los otros también los tengan y eliminamos también un poco los temas de corrupción.

En el caso de Andrés Felipe Arias, cuando pasó, le pregunté al director del INPEC, que era el encargado y me dijo: “no sé por qué hay tanto revuelo con Andrés Felipe Arias. Está en el mismo lugar en donde estaba antes de salir de Colombia, en la Escuela de Caballería”. Por su condición especial, los enemigos que tiene y las funciones que ejerció. Antes no hubo problemas y ahora todo el mundo dice por qué está en ese sitio.

Bogotá.- (Colprensa).