“Al menos 914 detenciones arbitrarias se han registrado en el paro nacional»

La organización  ‘Defender la libertad asunto de todos’ denunció 914 detenciones “injustas” por parte de la Fuerza Pública. La entidad, que convoca una red de Comités que han denunciado la detención arbitraria, el abuso policial y la criminalización de la protesta social en Colombia, sacó sus cuentas de las primeras 10 jornadas de Paro Nacional convocadas desde el 21 de noviembre.

El reporte de la organización da cuenta que de las 914 retenciones, 835 han sido en Bogotá, 26 en Popayán y 25 en Barranquilla.

“De estas 914 personas, 47 personas han sido judicializadas, y las demás han sido trasladas por protección o por procedimiento policivo”, dice el informe y relata que en el primer caso las personas fueron capturadas en supuesta flagrancia por el delito de violencia contra servidor público.

Sin embargo, se conoció que en un alto porcentaje fue decretado ilegal el procedimiento de captura, tanto por no existir los elementos que la justificaran, como por las agresiones físicas que recibieron durante su desarrollo.

En el segundo caso, las personas fueron conducidas bajo la figura de traslado por protección y traslado por procedimiento policivo, situación que está regida en algunos artículos de la ley 1801 de 2016, en la que establece que la persona solo podrá ser conducida cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro.

Sin embargo, el informe da cuenta que al funcionar como una detención administrativa “se ha hecho un uso abusivo de esta facultad, y se ha utilizado como mecanismo de amedrentamiento y castigo a la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta, configurándose, en la mayoría de los casos, como detención arbitraria”.

‘Defender la libertad’ dice que en algunos de estos casos se han presentado “tratos crueles, inhumanos o degradantes” durante la detención, particularmente en los Centros de Atención Inmediata (CAI), o estaciones de Policía.

“Hemos tenido conocimiento de personas que fueron obligadas a desnudarse, otras recibieron descargas eléctricas a partir de dispositivos de control eléctrico y finalmente, a algunas personas se les fracturaron sus manos producto de golpes dados con la tonfa o con patadas”, dice el documento.

Señalan también que en Bogotá 418 personas que fueron trasladas al Centro de Traslado por Protección fueron sancionadas con un comparendo policial, el cual se impone por alteración a la convivencia, en muchos casos, argumentando obstrucción al transporte. “Este mecanismo de multa, que supera los $196.720, se usa de manera indiscriminada y afecta el ejercicio de la protesta social”.

USO INDEBIDO DE LA FUERZA

Otro de los aspectos que ha afectado el desarrollo de la protesta social, a juicio de la organización, es el uso indebido y desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades.

Actualmente, tienen el reporte de más de 300 personas heridas, entre ellas algunos jóvenes lesionados con arma de fuego por parte de la Policía, como el caso de Duván Villegas, quien “podría quedar parapléjico” por un impacto de bala que recibió en su espalda.

Adicionalmente, el reporte indicó que otro joven perdió su ojo derecho en Bogotá producto de una bala de goma del Esmad, y otras dos personas tienen su pierna en riesgo por el impacto de un gas lacrimógeno lanzado por el cuerpo policial a poca distancia.

El informe sacó a colación la muerte de Dilan Cruz, el joven que participaba de una movilización pacífica y que fue intervenida por el ESMAD sin justificación alguna el pasado 23 de noviembre.

“La munición disparada por el ESMAD, si bien se encuentra dentro de las armas permitidas, su uso indebido ocasionó la muerte del joven, dado que, según normas internacionales, este tipo de armas solo pueden lanzarse a una distancia mayor a los 60 metros y solo a las extremidades inferiores, y no al rostro, como ocurrió, pues su riesgo letal está establecido en normas internacionales”, dice el informe.

En este caso, llama la atención que un vídeo grabado en vivo por la Campaña ‘Defender la Libertad’ se escucha a un agente del ESMAD decirle a otro “al que sea, al que sea, dele papi dele”, al parecer refiriéndose a que usara su arma contra los manifestantes.

Según el reporte de la organización, la intervención del ESMAD se ha dado, en la mayoría de los casos, sin que exista una razón aparente para ello. El 22 de noviembre intervinieron la Plaza de Bolívar con más de 5.000 personas, pese a que era una concentración pacífica.

“OTRA VIOLACIÓN DE DERECHOS”

Lo que preocupa a las organizaciones de defensores de derechos humanos es el uso arbitrario de los llamados ‘carteles de vándalos’ en varias ciudades del país, en los cuales se publica, sin ningún tipo de verificación e individualización, fotografías de jóvenes que han participado en la protesta social.

“El uso de estos carteles vulnera los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia, así como a la intimidad y a la integridad. Es de recordar que la nación ya ha sido condenada por el uso de este tipo de carteles en protestas anteriores”, señaló el documento.

Además de esto, la organización señaló que las autoridades han “abusado” en pedir información personal de las personas retenidas ya que les han exigido tener acceso a su celular, para verificar la información relativa a redes sociales y mensajes personales, en aras de establecer una relación de ellos con la movilización y así justificar una supuesta vinculación con acciones delictivas. “Esto constituye una flagrante violación al derecho a la intimidad”.

Por último señalaron en su informe que los defensores han sido atacados de distintas formas durante su accionar legítimo como Comisiones de Verificación.

Dice el informe que la policía ha amenazado con imponer comparendo policial por una supuesta obstrucción del procedimiento policial en las labores de verificación de situación de detenidos, lo cual ha constituido un amedrentamiento en aras de disminuir las acciones que las Comisiones realizan.

Además de ello han sido atacados de manera física y verbal por parte de distintos agentes de policía uniformados o particulares.

“El 23 de noviembre, luego de los hechos acontecidos con Dilan Cruz, el ESMAD llegó a la zona de concentración y lanzó balas de goma. Una de ellas impactó en el labio de un defensor de derechos humanos”, señalaron.