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Las recomendaciones del Procurador para gobernadores electos
«Lo que hemos querido es poner sobre la mesa esas agendas que están invisibles en el futuro de Colombia pero que son fundamentales´, dijo el procurador Fernando Carrillo en su mensaje a los gobernadores electos del país.
La protección de la vida de los líderes sociales, la defensa de los Derechos Humanos, la erradicación de cultivos ilícitos y la implementación de los Acuerdos de Paz en los territorios, son los objetivos principales de los gobernadores que iniciarán sus mandatos en 2020.
Estos cuatro pilares, prioridad en la agenda de los gobernadores electos, buscan consolidarse con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, la Federación Nacional de Departamentos y miembros de la comunidad internacional.
«Lo que hemos querido es poner sobre la mesa esas agendas que están invisibles en el futuro de Colombia pero que son fundamentales. Mirar cuáles son los desafíos de una paz territorial que va mucho más allá de los acuerdos de La Habana. Creo que parte del éxito de ustedes señores Gobernadores va a ser dejar atrás esa agenda de contrarios y de bandos opuestos que ha frenado tanto el desarrollo del país en los últimos años», expresó el procurador Fernando Carrillo.
Carlos Camargo Assis, director de la Federación Nacional de Departamentos, enfatizó en que la consolidación de esos propósitos debe establecerse desde el momento mismo del empalme.
«Se trata de diseñar una ruta de acción para trabajar con los nuevos mandatarios regionales, desde el primer día de gobierno, de manera coordinada sobre los temas que afectan la tranquilidad y la convivencia en las regiones, y que amenazan la democracia y la institucionalidad. La erradicación de los cultivos ilícitos, la protección de la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, y la consolidación de los municipios PDET, son temas prioritarios para todos», precisó.
Además, magistrados de la Justicia Especial para la Paz invitaron a los gobernadores a acompañar el proceso de ejecución de sanciones contra los máximos responsables de los delitos más graves cometidos con ocasión o en relación con el conflicto.
