Descoordinación de autoridades ecuatorianas contribuyó en asesinato de periodistas de El Comercio: CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe final del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) que designó para investigar el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, periodistas del diario ecuatoriano El Comercio, a manos del grupo disidente de las Farc dirigido por alias «Guacho».

En Washington, en presencia de autoridades ecuatorianas y colombianas, y familiares de las víctimas, la CIDH encontró como elementos claves la «descoordinación» de las autoridades y militares ecuatorianos, así como la «falta de prevención», y que influyeron en el secuestro y posterior ejecución de los miembros del diario.

«La ESE advierte falta de coordinación en la evaluación y aplicación de las medidas de respuesta estatal dirigidas a prevenir el riesgo que corrían quienes transitaban por la zona, descoordinación particularmente visible en las disposiciones aplicadas en el puesto de control militar en la vía a Mataje, en donde pareciera que la prohibición de paso que operó para periodistas y personas no habitantes en esa parroquia, fue adoptada por personal militar de menor rango del DESMAJ como respuesta a lo que podían percibir directamente desde ese punto cercano a Mataje y no fruto de una evaluación ponderada de las alertas disponibles», señala el informe.

La CIDH señala además que el equipo de El Comercio contactó al «jefe del Mando Único de San Lorenzo y Eloy Alfaro, quien aparentemente autorizó su paso» a Mataje, una zona donde Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra iban a cubrir los últimos hechos violentos que allí se registraron el 20 de marzo de 2018, cuando explotó un artefacto artesanal por el que murieron varios infantes de marina y otros más resultaron heridos.

«Pudieron ingresar a Mataje luego del atentado del 20 de marzo de 2018, corriendo un inminente peligro que se concretó» para el equipo de El Comercio.

Pero el equipo de investigación también señaló que en medio de la tensa situación de violencia en la zona, había percepciones diferentes entre las autoridades sobre cual de ellas «debía adoptar medidas de protección para las personas que transitaban la zona». Esto fue determinante en el caso de los periodistas.

«Parece haber influido en la ausencia de acciones emprendidas con la debida diligencia, cuando luego del atentado al tanquero del ejército ese mismo 26 de marzo de 2018 se divisó hacia las 16:00 horas en un sobrevuelo del Ejercito, la camioneta azul de los periodistas de El Comercio estacionada en Mataje».

Asimismo indica que aunque «era de esperarse que se coordinara con autoridades de policía acciones inmediatas de búsqueda de los periodistas que estaban en la zona, o se enviara alguna alerta a las unidades del Ejército que la patrullaban permanentemente», lo que sucedió fue que  «las labores que se coordinaron fueron las correspondientes a la recuperación del vehículo militar atacado».

Manejo del secuestro

Los mismos familiares le expresaron al equipo de la CIDH durante el secuestro, percibieron «improvisación y descoordinación en las acciones emprendidas por el Estado a la hora de definir y cumplir las demandas de los secuestradores para liberarlos».