Excomandante del Ejército quedó en el ´ojo del huracán´

El general Martínez, que llegó a la jefatura del Ejército el 18 de diciembre de 2018 y con casi 40 años de servicio, pidió el retiro el 27 de diciembre último por «razones familiares».

El relevo del general Nicacio Martínez como comandante del Ejército luego de ser cuestionado por su política frente a los derechos humanos fue precipitado en diciembre de 2019 al demostrarse que autorizó ‘chuzadas’ a políticos, magistrados, generales y periodistas, asegura un informe de la revista Semana publicado ayer.

Según el artículo ‘Chuzadas sin cuartel’, miembros de la inteligencia militar denunciaron cómo utilizaron de forma ilegal «sofisticados equipos» donados por organismos de inteligencia de EE. UU. para «fines ilegales».

Esas escuchas, realizadas el año pasado, ocurrieron en las instalaciones de dos guarniciones del Ejército «como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la Justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación».

«Somos mucho más cuidadosos con los lugares, las personas que trabajamos en esto y los equipos que estamos utilizando. Aunque todo está por fuera del radar, nada de esto se puede hacer sin el conocimiento de los mandos», manifestó a Semana un militar que trabaja en un batallón de ciberdefensa.

Según un suboficial, a él le asignaron el seguimiento de una oficial que supuestamente estaba afectando los intereses de la institución pero resultó siendo la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, que hizo parte del Ejército.

«Nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos y, lo más grave de todo, es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático (partido de Gobierno)», añadió el uniformado.

LA SOMBRA DE LAS CHUZADAS

Este caso recuerda al de las «chuzadas», como se conoce en el país al escándalo de interceptaciones hechas contra opositores y periodistas durante el Gobierno de Álvaro Uribe.

Por este caso fueron condenados, entre otros, Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia de Colombia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quienes fueron hallados responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En septiembre de 2017 también fue condenado a siete años, 10 meses y 15 días de cárcel el también exdirector del DAS Jorge Noguera como coautor del delito de concierto para delinquir agravado en ese escándalo por realizar «interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden de autoridad judicial».