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HOY DIARIO DEL MAGDALENA

Nuevos vinculados al expediente del narco que se hizo pasar como guerrillero

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Gustavo Enrique Gallardo Morales y José Alejandro León Aristizábal, abogados que hacen parte de la fundación Lazos de dignidad, serán investigados disciplinariamente por, presuntamente, haber logrado que a Segundo Alberto Villota Segura lo reconocieran como integrante del frente oriental de las antiguas Farc, pese a que era, para las autoridades, enlace en Colombia de los carteles ‘Los Zetas’ y ‘Sinaloa’.

La petición la elevó la Fiscalía que señala que los abogados lograron que a su defendido le abrieran un proceso por rebelión y, además, que se presentara ante la Jurisdicción Especial para la Paz para obtener una serie de beneficios, entre ellos el de la no extradición. El tribunal de paz, sin embargo, excluyó de los listados al procesado en diciembre pasado.

El caso de Villota no solo tiene en enredos a los abogados. En su expediente figura Nelson Fabián Narváez Campo quien, de acuerdo con la Fiscalía, fue el encargado de recolectar una prueba falsa para obstaculizar el trámite de extradición que adelantaba la Corte Suprema de Justicia.

Narváez fue patrullero de la Policía adscrito a la Sijín y está condenado por fraude procesal, tráfico de influencias de particular, cohecho por dar u ofrecer, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. El 13 de abril de 2018 presentó su solicitud de sometimiento a la JEP, pero le fue rechazada.

En la sentencia en su contra se advierte que él fue la persona encargada de darles dinero a los también policías Manuel Antonio Riascos Moreno y Douglas Felipe González para que “procedieran a realizar actos de investigación, obtuvieran elementos materiales de prueba, tales como entrevistas e informes de inteligencia y con ellos acudir al juez de control de garantías, para con esta información falsa y espuria, pretender que en contra del señor Segundo Alberto Villota Segura, se estructurara un presunto delito de rebelión”.

Villota en la actualidad está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. En su contra también fue anulada una decisión de la Jurisdicción Indígena que el 25 de junio de 2018 que lo sancionaba por sus actividades como presunto guerrillero. Su paso por esta justicia obedecía a que en su momento fue reconocido como miembro de la comunidad.

Sin embargo, tras una reunión celebrada el 15 de noviembre del año pasado en la JEP con los representantes del Cabildo se tumbó la decisión de 2018 por lo que también fue excluido de esa jurisdicción.

BOGOTÁ (Colprensa).

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