Consorcio Ribera Este fue por ´lana y salió y trasquilado´

Un laudo arbitral en el Consorcio Ribera Este buscaba que el departamento del Magdalena fuera condenado a pagar más de 30 mil millones de pesos por la accidentada construcción de la Vía de la Prosperidad, terminó beneficiando al ente territorial y contrario a los intereses de la citada firma.

Así se desprende del análisis jurídico hecho al fallo del laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá en el que se condena a pagar al departamento del Magdalena la suma $ 3.740 millones por una parte, pero por la otra los mismos árbitros fallan señalando que el consorcio debe devolverle al Departamento $4.793 millones que salieron a favor del Magdalena por el pago de un mayor valor del transporte del material fluvial y el pago del material de terraplén seleccionado, que se adicionó para compensar los efectos sobre la consolidación sobre la corona del terraplén y que fueron necesarios para poder colocar la estructura del pavimento.

Siendo así las cosas, Ribera Este debe devolverle al Magdalena unos 960 millones de pesos. Sin embargo, el Departamento fue condenado a reintegrarse al Consorcio 982 millones de pesos producto de una multa que le impuso por incumplimiento, pero que a juicio de los árbitros la misma no se debió materializar, por lo que obliga al Magdalena al reintegro de esos dineros que en su momento Ribera Este pagó como multa.

La insatisfacción del Consorcio constructor de la polémica Vía de la Prosperidad lo llevó a apelar ante el Consejo de Estado el fallo del laudo arbitral que lo favoreció en principio, pero que en el fondo lo que le ha representado es una derrotada por las siguientes consideraciones:

Primero: los árbitros no accedieron a las pretensiones iniciales del consorcio que eran superiores a los 30 mil millones de pesos.

Segundo: el fallo decidió que de lo reconocido como daño, es decir, la suma de 3.740 millones de pesos, el consorcio debía reintegrarle al departamento la suma de $4.793 millones que salieron a favor del Magdalena.

Tercero: el laudo desestimó el resto de las pretensiones que hubieran sido lesivas a los intereses del Magdalena. Es decir el resultado neto es además favorable al Departamento, por lo que será el contratista quien debe pagar la diferencia.

Ayer en la W Luis Miguel Cotes, exgobernador del Magdalena entre de 2012 a 2015 y quien firmó el contrato, aclaró en diálogo con los periodistas que “la Vía de la Prosperidad cumplió con el objeto contractual, se terminó y se entregó en diciembre del año pasado”. Además, señaló que la Procuraduría General de la Nación absolvió a los funcionarios de la época por una investigación que se hizo desde ese ente a la licitación y adjudicación de dicho contrato.

Sin embargo, el exgobernador afirmó tener “un informe de la Contraloría en donde determina que la Gobernación de Magdalena no incurrió en falta de planeación, así como no ha existido sobrecostos ni detrimento patrimonial”.

Al momento de firmar el contrato, esta obra prometía 53 kilómetros de longitud con un presupuesto de 432 mil millones de pesos, pero, a día de hoy, la Vía de la Prosperidad solo cuenta con 18 kilómetros. Sobre esto, Cotes explicó que “hay dos razones por las que se redujo la longitud de la vía. En primer lugar, estudios técnicos y la situación ambiental del terreno concluyeron que se debía reducir la longitud. En segundo lugar, hubo una reducción de 113 mil millones de pesos del contrato, por lo que ya no podría construirse la vía en su totalidad”.

La obra comunica el corregimiento de Palermo en Sitionuevo, Remolino y Guaimaro para dinamizar el comercio y la economía entre los distintos municipios.