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Alan Jara recibió un soborno de $3 mil millones

Alan Jara fue gobernador del Meta entre 1998 y 2000 y, posteriormente, de 2012 a 2015.

 

Durante una audiencia en contra de seis exfuncionarios de la Empresa Social del Estado en el Meta, el ente investigador reveló que el exgobernador habría participado en las irregularidades de un millonario contrato firmado en 2015.

 

La Fiscalía ha trabajado con juicio en la investigación en contra de varios funcionarios de la Empresa Social del Estado en el Meta que habrían cometido varias irregularidades en un contrato para la compra de equipos y elementos hospitalarios en 2015. Ayer, durante una audiencia en la que el ente investigador pidió medida de aseguramiento en contra de seis extrabajadores implicados en el caso, se conocieron detalles alarmantes de cómo el exgobernador del Meta, Alan Jara, habría participado de las irregularidades del caso.
Según los hallazgos de la Fiscalía, el contrato tenía un valor inicial de más $24 mil millones,. Sin embargo, el total fue de casi el doble. ¿La razón? El pago de sobornos que habrían recibido varios funcionarios públicos del departamento. Entre ellos, el ente investigador señaló que apareció el nombre de Alan Jara. Durante la audiencia, la fiscal del caso leyó la lista completa de quienes estarían implicados en las irregularidades: “Jaime $3.714 millones, Alan $3 mil millones, Sandra $1.857 millones, Jacobo $742 millones, Wilmar $742 millones, Fabián $120, Manuel $557, Miguel $100 millones, Burbano $100 millones y Jaime $2.150 millones de pesos”.
La Fiscalía, luego de varias diligencias y de revisar USB, computadores y documentos incautados, encontró comprobantes y colillas de pagos en un archivo denominado Meta SI 003 NA. Aunque en varios de los casos se encontraron pruebas documentales de cómo se pagaron los sobornos, en el caso de Alan Jara no encontraron comprobantes. Sin embargo el ente investigador asegura que tiene pruebas para demostrar cómo fue que el soborno terminó en manos del exgobernador gracias a la labor de terceros.
Para la época en la que se habrían realizado los pagos, Jara no había llegado a la gobernación y era, en cambio, presidente de la junta directiva de la ESE departamental del Meta Solución Salud. Otro de los nombres que aparecieron en el archivo Meta SI 003 NA, y que llamaron la atención de los investigadores, es el de Wilmar. Según la intervención de la fiscal en la audiencia, este hombre se el hoy alcalde de Villavicenio, Wilmar Orlando Barbosa Rozo. Para la época de los hechos, el funcionario estaba en pleno cierre de campaña y habría recibido $742 millones.
Según los datos revelados por la Fiscalía, la ruta del pago del soborno al exgobernador y exdirector de la Unidad de Víctimas comenzó con un primer desembolso por $2.600 millones. La transacción se habría hecho con la ayuda de Jaime, quien sería un socio del contratista, de los cuales $1.600 millones habrían ido a parar a una cuenta en Estados Unidos. El resto del dinero, unos mil millones, llegaron a manos de Jara a través de Ricardo Gailier, explicó la Fiscalía.
“Por tanto, se puede inferir por parte de la suscrita que al señor Alan Jara se le pagaron un valor total de 3.714 millones de pesos por concepto del contrato de compraventa 864 de 2015”, dijo la Fiscalía durante la audiencia en contra de los funcionarios de la Empresa Social del Estado.
Esta no es la primera vez que Alan Jara se ve envuelto en investigaciones por irregularidades en varios procesos de contratación el el Meta. La Procuraduría ya tiene abierta una investigación en su contra por el caso de la Refinería del Meta y también está bajo la lupa de la Fiscalía por las presuntas irregularidades durante su segundo mandato como gobernador del Meta (2012-2015), al crear la empresa de Petróleos del Llano (Llanopetrol) y construir la refinería de ese departamento.
De hecho, cuatro personas que eran de su entera confianza y que pertenecieron a su administración ya se encuentran procesados por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El expediente que tiene el organismo investigativo dice que son $18.265 millones los que se perdieron, además de los sobrecostos: se trata de un proyecto que comenzó costando casi $5.000 millones —para desarrollar estudios previos— y que terminó rondando los $72.000 millones.

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