‘El garganta profunda’ que comenzó a ‘cantar’

 

La fiscalía está interesada en que Diego García le cuente toda la verdad alrededor de la empresa Metroagua de Santa Marta, de la cual el Grupo Innasa era el mayor accionista, sobre todo las relaciones con los alcaldes con quienes les tocó renegociar varios otrosí al contrato que tuvo una vigencia mayor a los 20 años.

 

Gracias a la colaboración que está suministrando a la Fiscalía, se produjo la captura de Ramón Navarro Pereira, exgerente de la Triple A de Barranquilla. No se descarta que García termine hablando de sus relaciones con los políticos del Atlántico y de Santa Marta

 

Lo que abrió Diego García Arias ante la Fiscalía no es una ´Caja de Pandora´. Es una enorme maleta de negocios y corrupción que pondría a temblar a empresarios y políticos que hicieron negocios turbios cuando la poderosa Innasa comenzó a ganarse las concesiones de algunos servicios públicos y gestó un multimillonario negocio que por décadas sostuvo a base de comprar favores.

La efectiva colaboración de Diego García ya se sintió. Gracias a su delación la Fiscalía capturó y le imputó cargos al exgerente de la Triple A Ramón Navarro Pereira. Pero este es apenas el comienzo.  Diego García se ha jugado la carta mas valiosa de su vida: la que le da la boleta de libertad e inmunidad penal a cambio de contarle a la justicia toda la verdad de lo que hizo en Innasa en compañía de los españoles. De hecho, Diego García está vinculado a la ´Operación Lezo´ a través de la cual se investiga toda la podredumbre que en América Latina hizo la empresa madrileña Canal Isabel II

 

LOS PRIMEROS BENEFICIOS

Los primeros beneficios para Diego García comenzaron a llegar cuando

el presidente de la República Juan Manuel Santos, suspendió el trámite de extradición a España. Como se sabe Diego García Árias, cabeza visible del grupo Inassa en Colombia y quien también ostento la presidencia de la extinta Metroagua filial de dicho grupo que por 27 años operó los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario de Santa Marta, empezó a colaborar de manera eficaz y contundente con la justicia.

La suspensión de su envío a España se materializó a través de la resolución la cual fue firmada el pasado 15 de marzo luego de que Santos fuera informado de que García Arias estaba colaborando profusamente con la Fiscalía y de que gracias a él, se iban a confirmar al menos cinco órdenes de captura de funcionarios de alto nivel de la Triple A, una de las inversiones de Inassa en Colombia, lo cual efectivamente ocurrió.

“García Arias ha aportado al procedimiento elementos esclarecedores para la investigación en curso, denotando una clara actitud del investigado para cooperar con el esclarecimiento de los hechos. Así mismo, el propio señor expresó su deseo de reparar el daño causado mediante la restitución de los capitales ilícitamente apropiados en la compra de la sociedad brasileña Emissao”, le dijo España a Colombia en cartas internas.

 

´EL GARGANTA PROFUNDA´

Diego Fernando García Arias eslabón del Grupo Inassa en Colombia, entidad que maneja a la Triple A de Barranquilla, entidad encargada de las operaciones de agua, alcantarillado y aseo de esa ciudad, también se desempeñó como exdirectivo de la desaparecida empresa Metroagua S.A. E.S.P., que operaba los sistema de acueducto y alcantarillado de  Santa Marta, durante más de 27 años.

El escándalo de corrupción de la Triple A de la capital del Atlántico,  entidad que supuestamente fue utilizada por su casa matriz, la española Inassa, para cubrir ‘torcidos’ del Partido Popular, quedó sepultado entre otros dos escándalos de corrupción que han zarandeado al país este año: Odebrecht y el Cartel de la Toga.

García Arias, exgerente de expansión y nuevos negocios del Grupo Inassa, para Suramérica  y exintegrante de su junta directiva, además exdirectivo de Metroagua S.A., de Santa Marta, fue detenido el pasado 24 de agosto de 2017, cuando quería hacer un viaje a México. Desde esa fecha permanece recluido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá.

Durante 19 años fue ejecutivo de confianza del conglomerado español Canal de Isabel II, organización dueña del Grupo Inassa.

La Audiencia Nacional Española lo señala de haber movido dinero para sobornar políticos a cambio de que el Grupo Inassa obtuviera contratos y así pudiera comprar empresas en Latinoamérica, según lo manifiesta la denominada ‘Operación Lezo’.

El Confidencial, diario español señaló que, el dinero en efectivo de la tesorería del Grupo Inassa ‘se metía en bolsas o maletas y a veces el directivo que se lo llevaba iba escoltado por el personal de seguridad contratado por Inassa, en muchos casos exmilitares colombianos. Este sistema tan directo y tan evidente motivó las quejas de algunos cargos de la compañía, que avisaron a Edmundo Rodríguez, expresidente de Inassa,  de lo irregular de estos pagos y de lo peligrosos que eran, ya que el efectivo se cargaba en vehículos del grupo para trasladarlo al punto de entrega’.

 

BIENES COSTOSOS

Diego García Arias, por su parte, ya ha tenido cinco interrogatorios ante un fiscal de la Unidad Anticorrupción. Fuentes del ente investigador aseguran que en los dos últimos empezó a cooperar con la justicia. “Inassa usó terceras empresas para concursos de contratación pública en Colombia, Panamá o República Dominicana, entre otros. El pago de comisiones a funcionarios públicos de dichos países habría permitido la adjudicación concertada de dichos contratos”, habría dicho una fuente.

Tanto la Procuraduría como la Fiscalía buscan establecer a qué políticos de la Costa habrían llegado los sobornos girados desde España. La Fiscalía también indaga sobre las posibles irregularidades en el traspaso de bienes que habría realizado el empresario García Arias para, presuntamente, evitar que se los quitaran.

El ente investigador indaga sobre dos apartamentos que compró en Cartagena: uno en 2014, por $521 millones, y otro adquirido en el condominio Brisas del Mar, por $277 millones.

 

RAMÓN NAVARRO

Gracias a la colaboración que Diego García suministró a la Fiscalía, el martes por la mañana fue capturado Ramón Navarro Pereira, exgerente de Triple A para que responda por el desvío de recursos de la empresa mediante compras infladas y pagos a políticos locales. También fueron llamados a indagatoria 11 colombianos y españoles ligados a la Triple A.

Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa de servicios públicos Triple A, aceptó ayer miércoles por la mañana, los cargos que le imputa la Fiscalía por la presunta apropiación de 27.879 millones de pesos.

Navarro Pereira, quien además fue directivo de Electricaribe para el Magdalena, es investigado por los presuntos hechos de corrupción en el manejo de los recursos de la Triple A, empresa que presta el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo a más de dos millones de barranquilleros, además de 14 municipios del departamento del Atlántico.

La Fiscalía también lo sigue por el aparente incremento patrimonial injustificado de los socios en Colombia de la multinacional española Inassa, propietaria de la Triple A. Fue capturado la tarde del martes en el norte de Barranquilla. Los cargos que le imputan son los de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con administración desleal, y falsedad en documento privado.

 “De acuerdo con el material probatorio recopilado, durante los años 2012 y 2015, Navarro junto con los entonces representantes de la empresa española Inassa S.A., y de la firma Recaudos y Tributos S. A., se habrían apropiado de 27.879.761.912, mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos; y cuatro contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA)”, subraya la comunicación de la Fiscalía.