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HOY DIARIO DEL MAGDALENA

Fiscalía llamó a interrogatorio al exmagistrado Camilo Tarquino

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La Fiscalía decidió llamar a interrogatorio al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, por posible corrupción en la Rama Judicial.

 

El interrogatorio fue programado para el próximo 12 de abril ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

 

El Fiscal General confirmó que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Camilo Tarquino será investigado por presuntos hechos de corrupción, esto tras las declaraciones entregadas por el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons dentro del proceso conocido como ‘El cartel de la toga’.

“El fiscal de conocimiento tomó la decisión de llamarlo a interrogatorio con base en las pruebas que ha suministrado el colaborador de la justicia (Alejandro) Lyons”, dijo Martínez.

Martínez indicó que el expresidente de la Corte será investigado por sus funciones como abogado litigante y no como miembro de la rama judicial. Por otro lado, indicó el jefe del ente acusador que sobre las amenazas contra el caricaturista ‘Matador’ ya se abrió una investigación.

“Nuestro deber es investigar todas las forma de delito, por eso el Fiscal General de la Nación no anuncia aperturas de investigación, es lo que más ha hecho perder credibilidad en Colombia. Nosotros simplemente damos resultados”, dijo Martínez.

La decisión hace parte de una de las líneas de investigación abiertas por la Fiscalía por el que es considerado uno de los más graves hechos de corrupción judicial en la historia del país y en el que están involucrados los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte y el actual togado Gustavo Malo, quien acaba de ser separado de sus funciones.

El ente acusador precisó que esta citación a interrogatorio al exmagistrado Camilo Tarquino se realiza por hechos irregulares cuando ejerció como abogado.

Según reveló RCN Radio, dentro de los testigos clave de la Fiscalía aparece el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien confesó desde Miami, Estados Unidos, que en 2015 sostuvo una reunión con Tarquino en la cual este le aseguró que gracias a las actividades que supuestamente desplegaba un grupo de magistrados de la Corte, se podía solucionar a su favor todo el proceso penal que se adelantaba en su contra.

De acuerdo con Lyons, el expresidente Tarquino le habría indicado que de este grupo hacían parte exmagistrados como Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.

Según la declaración del exgobernador de Córdoba, el exmagistrado Tarquino le señaló que lo único que se requería para solucionar sus problemas era pagar una suma que ascendía a los 20 mil millones de pesos.

Lyons agregó que esta reunión se produjo en el propio apartamento del ex magistrado Camilo Tarquino y que en anteriores oportunidades ya le había entregado supuestamente a Tarquino 30 millones de pesos para que tuviera “para un café, unos almuerzos y para moverse” e iniciar así las gestiones ante los ex magistrados capaces de torcer procesos.

Por el escándalo del Cartel de la Toga otro de los principales testigos es el exfiscal Luis Gustavo Moreno, quien según lo ha reconocido, era una de las piezas clave en este engranaje de corrupción judicial que bajo la exigencia de millonarias sumas de dinero habría favorecido en la Corte Suprema y la Fiscalía a congresistas y otros aforados constitucionales.

El interrogatorio fue programado para el próximo 12 de abril ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria, reveló que se solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura, para que inicie las respectivas investigaciones contra Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y Camilo Tarquino, por el presunto cobro de dineros a cambio de favores en procesos judiciales.

De otro lado, se conoció que hoy la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes intentará agilizar el proceso en contra del magistrado Malo, en el que se tienen más de 100 pruebas.

 “En el proceso se muestran más de 100 pruebas, donde al interior de la Corte Suprema de Justicia, en la sala de casación penal existía, existía una organización criminal encaminada a favorecer a aforados en proceso de única instancia”, dijo el representante investigador Edward Rodríguez a Caracol.

Dijo que tendrá que responder por los posibles delitos de concierto para delinquir, cohecho, prevaricato por omisión y la utilización de asuntos omitidos a secretos o reserva.

El procurador Fernando Carrillo había solicitado a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara adoptar una decisión dentro de la investigación que le adelanta por el escándalo del llamado ‘Cartel de la toga’.

“Nosotros hemos sido claros en lo que se venía configurando como una burla a la justicia y pensamos que hoy se ha dado un paso adelante en la recuperación de la ética, por eso queremos pedirle y exhortar a la Comisión de Acusación de Investigación de la Cámara de Representantes para que tome las medidas respectivas después de lo que sucedió hoy en la Corte Suprema de Justicia”.

 

 AGILIZAR PROCESOS

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes intentará mañana agilizar el proceso en contra del magistrado Gustavo Malo Fernández, en donde se tienen más de 100 pruebas.

Así lo dio a conocer el representante investigador, Edward Rodríguez, quien afirmó en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que este jueves se entrará a estudiar el escrito del radicado de la instrucción en contra del togado.

“En el proceso se muestran más de 100 pruebas, donde al interior de la Corte Suprema de Justicia, en la sala de casación penal existía, existía una organización criminal encaminada a favorecer a aforados en proceso de única instancia”, subrayó.

Dijo que tendrá que responder por los posibles delitos de concierto para delinquir, cohecho, prevaricato por omisión y la utilización de asuntos omitidos a secretos o reserva.

Explicó que en el proceso penal en contra de Gustavo Malo no hay un tiempo establecido.

 

LOS AMIGOS DE MALO

Los magistrados que le dijeron “no” a relevar de su cargo al magistrado Gustavo Malo fueron cinco y principalmente de la Sala Laboral de la Corte Suprema, se trata de Luis Gabriel Miranda, Jorge Luis Quiroz, Jorge Mauricio Burgos y Gerardo Botero Zuluaga; y uno de la sala Civil, el magistrado Ariel Salazar Ramírez.

“Los magistrados que votaron negativamente lo hicieron no porque pongan en duda que la Corte se vea afectada por los hechos ya conocidos por la opinión pública sino porque consideran que esta norma no es administrativa sino sancionatoria y que desde esa perspectiva no es constitucional y mucho menos legal”, dijo.

Ahora deberá definirse si el magistrado Fernando Bolaños seguirá encargado de su despacho.

BOGOTÁ COLPRENSA