Renuncia de Secretario de JEP será tramitada ante el Tribunal

El polémico exmagistrado Néstor Raúl Correa sale por la puerta de atrás de la Secretaría General de la JEP después de destapar la Contraloría graves irregularidades con el manejo de recursos por más de 4 millones y medio de dólares de cooperación internacional.

Desde su despacho la presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Patricia Linares anunció que respeta la decisión de renunciar que adoptó el secretario administrativo del Tribunal, Néstor Raúl Correa, y la cual se dio a conocer el pasado martes 3 de abril.

“La Presidencia respeta la decisión del señor Secretario Ejecutivo, quien ha venido avanzando en el proceso de implementación y puesta en marcha de la JEP”, se lee en el documento emitido por el tribunal y que fue conocido por Colprensa.

De acuerdo con fuentes oficiales de la JEP hasta la fecha se han logrado “avances importantes” lo que le permite al tribunal seguir funcionando. Sin embargo, adelantará acciones para que dicho proceso continúe con las condiciones óptimas para lograr su funcionamiento.

“La Presidencia quiere transmitirle al doctor Néstor Raúl Correa y a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva su reconocimiento por el esfuerzo que vienen realizando. El futuro demandará; todo el compromiso hasta ahora demostrado”, indicaron.

La renuncia de Correa se registró en la mañana de este martes. A su turno, el exsecretario indicó al darse a conocer la determinación: “le cumplí al país y a las víctimas”.

Algunos medios han cuestionado las gestiones de la Secretaría en torno al arriendo de los vehículos de los magistrados de la Jurisdicción, dado que consideran inoportuno o costoso el hecho de que estos fueron arrendados y no comprados. Al respecto, Correa señaló que con el presupuesto asignado por el Gobierno “alcanzó sólo para el arrendamiento de 39 vehículos convencionales de gama media – alta, full equipo, modelo 2016 y 3 camionetas tipo cabinada con blindaje Nivel IIIA”.

Para Correa, el contrato de arrendamiento fue suscrito por el Fondo Colombia en Paz, por un término de cinco meses y por un valor que asciende a mil millones de pesos.

Según Correa el precio del arriendo, que “corresponde a las tablas de la Unidad Nacional de Protección, son precios de mercado que incluyen la gasolina y los seguros. Vale recordar que la compra de vehículos está expresamente prohibida por el artículo 83 de la Ley 1873 de 2017, relacionada con las medidas del Gobierno Nacional sobre austeridad. En resumen, mi renuncia no tiene nada que ver con este tema”.

Indicó el exsecretario que su renuncia se vinculó con la solicitud de información que hicieron los gobiernos de Noruega, Suiza y Suecia respecto a los proyectos relacionados con el posconflicto.

“Al respecto, debo indicar que esta solicitud de información fue efectuada por dichas embajadas al Gobierno Nacional y se relaciona con el Fondo Colombia Sostenible, que nada tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz. De igual forma, uno de los puntos cuestionados se refería a la desvinculación de Marcela Huertas, contratista del mencionado fondo, quien no tiene vínculo alguno con esta Secretaría Ejecutiva”, dijo.

Pese a todas las acusaciones que hay alrededor de dicha renuncia, Correa aseguró: “en cuanto a mi renuncia, el ciclo para el cual fui convocado ya se cumplió. Logré los cometidos que me fueron confiados cuando el Jefe de la Misión de las Naciones Unidas me designó como Secretario Ejecutivo, y luego cuando el Comité de Escogencia me ratificó. El país me llamó a prestar un servicio difícil, complejo e inscrito en una sociedad polarizada. Ese servicio lo presté con el máximo compromiso e inteligencia. Y lo hice bien. Le cumplí al país y a las víctimas”.

El tribunal abrió sus puertas al público el pasado 15 de marzo.

BOGOTÁ COLPRENSA