En Valledupar se hacían pasar por ´locos´ para el cobro de altas pensiones

El procedimiento era sencillo: declarar locos y locas a las personas. Bajo esa condición accedían con documentación fraudulenta a tramitar millonarias pensiones que dejaron un enorme hueco. Hoy esos médicos y abogados que trasgredieron la ley están a buen recaudo de las autoridades´, dijo ayer en conferencia de prensa el fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira.

 

En total fueron 10 los detenidos que están señalados por la Fiscalía como responsables de atentar nuevamente contra la estabilidad de los fondos de pensiones.

 

Empleados y trabajadores de las empresas carboneras como Derummond, Prodeco y El Cerrejón en complicidad con médicos y abogados de la ciudad de Valledupar, defraudaron a Colpensjones y Fondos Privados en más de 100 mil millones de pesos mediante la obtención ilícita de pensiones de jubilación.

´El procedimiento era sencillo: declarar locos y locas a las personas. Bajo esa condición accedían con documentación fraudulenta a tramitar millonarias pensiones que dejaron un enorme hueco. Hoy esos médicos y abogados que trasgredieron la ley están a buen recaudo de las autoridades´, dijo ayer en conferencia de prensa el fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira.

En desarrollo de la operación 10 profesionales fueron capturados en Valledupar por usar documentos falsos para favorecer a clientes que pretendían adelantar su pensión con la declaración de incapacidad mental.

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que en el marco de la Operación Frenocomio, adelantada en la Costa Atlántica para atacar el fraude al sistema pensional, fueron capturadas 10 personas identificadas como responsables de atentar nuevamente contra la estabilidad de estos Fondos.

Se logró identificar un grupo de 2 abogados, 4 médicos, otra persona con estas dos profesiones, 1 sicóloga y 2 intermediarios, que ofrecían servicios para adelantar pensiones en Colpensiones y Fondos Privados a través de la certificación de invalidez por enfermedad común, la mayoría de ellos por problemas mentales. Se les ofrecía la posibilidad de demostrar enfermedad permanente y así acceder a este beneficio, luego de allegar documentación falsa que, aparentemente, demostraría el hecho de no estar en su sano juicio o tener otras enfermedades.

Con este sistema, lograron pensionarse cerca de 400 personas que desde 2011 estarían pasando los exámenes médicos que los declaraban con problemas siquiátricos o con enfermedades varias. Además de estos, hoy hay 150 personas adicionales que estarían tratando de obtener la pensión por este sistema.

La Fiscalía estima que, una sola persona ha defraudado a la Administración en 233 millones de pesos, con lo que la defraudación al sistema pensional podría superar los 90.000 millones de pesos, sólo en Valledupar (Cesar).

 

HURTO A LOS BANCOS

El objetivo de la defraudación no iba dirigido sólo contra los fondos pensionales sino que alcanzaba al sistema financiero.

Uno de los sistemas para lograr el pago a los abogados y otros profesionales que tramitaban la pensión ilegal a estas personas, era pedirles que, antes de la declaratoria de problemas mentales o físicos, se acercaran a una institución bancaria para pedir créditos por altos montos.

Una vez obtenían pensión por invalidez, cobraban el seguro y se les condonaban los créditos.

 

LOS CAPTURADOS

Los operativos comenzaron a las 4 de la mañana de este lunes, y arrojaron como resultado la captura de 4 integrantes de la Junta de Calificación Regional Cesar y otras 6 personas:

Los acusados quienes tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y peculado por apropiación pertenecerían a las empresas  Drummond, Prodeco y Cerrejón,  fueron identificados como: Teresa de Jesús De la Hoz Solano, médico; Eduardo Urbano MarrugoCastrellón, médico, integrante de la Junta; Carlos Arturo Montero Araújo, médico, integrante de la Junta; Manuel de Jesús Altamar Colón, médico siquiatra; GilmarSilvero Linero, médico y abogado; Emili Said Baines Ferrer, abogado; Mariano de Jesús Amarís Consuegra, abogado, integrante de la Junta; Yamile de Jesús Pérez Domínguez, psicóloga, integrante de la junta; José Miguel Meléndez Vega y Gian Carlos Miranda Isaza,  intermediarios. El día de hoy serán presentados ante un juez de control de garantías, quien definirá sus situaciones judiciales.

Por estos hechos punibles, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo al respecto que  “esta es una modalidad inédita, mecanismo que ha surgido en una región de país, mediante la declaratoria de locura o demencia de los trabajadores se les consigues pensiones de invalidez, con esquemas defraudatorios con seguros de crédito por miles de millones de pesos”.

Agregó además que “a los clientes se les consiga un crédito en un banco por 500, 600 u 800 millones de pesos, y obtienen un seguro de crédito en el cual se amparan frente a riesgo por invalidez, con lo cual no solamente obtienen las mesadas pensiónales sino paralelamente se les decrete el beneficio del seguro y no tenga que pagarle la deuda a los bancos. Esto es una maraña defraudadora, que empieza adquirir características delirantes”, aseveró el Fiscal General de la Nación.

El ente acusador indicó que a  los procesados ofrecían adelantar pensiones en Colpensiones y Fondos Privados con certificación de invalidez por enfermedad común y la mayoría por problemas mentales, tras reunir documentación falsa, que demostraba las supuestas patologías. Esta situación llevó a pensionar cerca de 400 personas, además de este número hay 150 personas que estarían esperando obtener dicho beneficio.

 

DELITOS A IMPUTAR

Estos profesionales serán puestos a disposición de jueces de control de garantías en las ciudades de Valledupar, Barranquilla y Riohacha, para que respondan por los delitos de: concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias,peculado por apropiación.

 

LAS EMPRESAS

Los trabajadores que defraudaron al sistema pensional en fondos privados de pensión y Colpensiones, pertenecían a las siguientes empresas carboneras: Drummond, Prodeco y Cerrejón

También se adelantaron 17 allanamientos a oficinas, establecimientos comerciales y viviendas en Valledupar, Barranquilla y Riohacha, con el objetivo de lograr las capturas y obtener evidencia para la investigación.