El estudio de los ´magos´ en los que nadie cree

Los gobiernos de turno cada vez que sienten el fracaso del manejo económico que le han dado al país, echan mano a grupos de expertos que con el devenir de los años van cambiando de nombre. Antes le llamaban ´Grupo de Sabios´, en otras ocasiones casi siempre el mismo grupo sentía vergüenza porque sus recomendaciones y propuestas poco tino tenían y entonces pedían que les retiraran la palabra ´sabios´ ya que pesaba como un piano en la espalda. Acudieron a otras metáforas como, ´Comisión de Expertos´, ´Grupo de cacaos´ y en fin; han ido evolucionando en apariencia y empaque, pero el contenido sigue siendo el mismo, y lo que es peor, sin acertar con la realidad nacional.

La de ahora se llama la flamante ´Comisión del Gasto y la Inversión Pública´, que le acaba de entregar otra serie de recomendaciones al gobierno que está por fenecer, y entre ellas dice que es posible mejorar el gasto público en Colombia con eficiencia y eficacia cuando se trata de lograr los resultados deseados pero, también, que dicho gasto no contribuye lo suficiente a una mejor distribución del ingreso. Es decir, el mismo discurso, la misma retórica, las mismas sugerencias, y el país con un andamiaje paquidérmico y desorientado.

El estudio que diagnosticó los programas de subsidios y de asistencia

pública, los criterios de priorización de la inversión, las inflexibilidades presupuestales, las rentas de destinación específica así como los efectos sobre la equidad y la eficiencia de las decisiones de gasto estuvo a cargo de los reconocidos economistas Raquel Bernal, Jorge Iván González, Juan Carlos Henao, Roberto Junguito, Marcela Meléndez, Armando Montenegro, Juan Carlos Ramírez, José Darío Uribe y Leonardo Villar. A ello se sumaron el director del Departamento Nacional de Planeación y el ministro de Hacienda.

Tras diez meses de análisis, el informe estuvo listo en diciembre y fue presentado esta semana bajo la tesis de que esta radiografía realista sobre la situación fiscal, de gasto e inversión pública provee un escenario objetivo al próximo gobierno para delinear la hoja de ruta económica del cuatrienio. Aunque los candidatos presidenciales son prolíficos en explicar sus respectivos planes en la materia, hay en ellos muchos supuestos y proyecciones sobre el deber ser. Por el contrario, el diagnóstico de la Comisión plantea escenarios reales sobre el verdadero margen de acción para fortalecer la equidad,  inclusión productiva, formalización y convergencia del desarrollo entre zonas urbanas y rurales, así como para mejorar la redistribución del ingreso, y la eficiencia de la gestión pública y el fortalecimiento del Estado.

¿Qué encontró la Comisión? Primero que el escenario actual es complejo. Según los expertos, la abrupta reducción de los precios internacionales del petróleo y de otros productos básicos golpeó de manera importante el crecimiento económico, los ingresos externos y los del Gobierno entre 2013 y 2016. Esa circunstancia obligó a aplicar ajustes en materia de ingresos y gastos. Para los primeros hubo dos reformas tributarias (2014 y 2016) y en cuanto a los segundos, se recortó la inversión, todo con el fin de cumplir con los requerimientos de déficit total estructural exigidos por la regla fiscal. Sin embargo, pese al esfuerzo los niveles de deuda con comparación con el PIB se vieron afectados por el aumento en el déficit efectivo y la devaluación en los últimos cuatro años.

Tras realizar los diagnósticos sectoriales, se encontró que si el objetivo de la regla fiscal es llegar a un déficit total estructural del 1% del PIB en 2022, el panorama fiscal no está despejado y serán necesarios más ajustes, de nuevo, tanto en gastos como ingresos. Por ejemplo, la Comisión alerta que el mayor recaudo producido por la última reforma tributaria se diluirá por la reducción de la actual tarifa del 40 por ciento del impuesto de renta corporativa al 33 por ciento el próximo año. A ello se suma que las proyecciones gubernamentales en el Marco Fiscal de Mediano Plazo formulado el año pasado, que muestran un aumento persistente en el recaudo, dependen en forma crítica de los ingresos provenientes de la formalización de la economía y los esfuerzos de gestión de la DIAN. Pero si estos no se concretan, entonces el ‘apretón’ en gastos tendría que ser más fuerte. Incluso se da otro campanazo: una trayectoria fuertemente decreciente de los gastos de funcionamiento y de inversión como porcentaje del PIB tendría serias repercusiones sobre el crecimiento económico y afectaría las condiciones de la población más vulnerable, al obligar a recortar programas sociales. Es más, si los ingresos proyectados fueran menores a los esperados, entonces la situación sería más crítica. Y a todo ello hay que sumarle la extrema inflexibilidad del gasto público en Colombia.

Tenemos, entonces, una radiografía de gasto e inversión muy realista, a la cual deben acomodarse los programas económicos de las distintas campañas para que el debate se haga sobre las realidades y no los supuestos y el promeserismo gratuito.