Proponen aumentar  la edad de jubilación

1.420.755 pensionados tiene Colombia actualmente y el 36 % de los trabajadores cotiza hoy para pensión, según el Dane.

Las propuestas presentadas ayer por la Comisión del Gasto, conformada por expertos para dar sugerencias sobre cómo hacer un gasto eficiente, tocaron nuevamente puntos álgidos para los colombianos.

Por ejemplo, en materia pensional se sugirió aumentar la edad de jubilación, vinculándola de manera sistemática y periódica (cada cinco años, por ejemplo) a parámetros demográficos. Además, se recomendó utilizar el promedio del salario de toda la vida laboral para calcular el ingreso base de liquidación de la mesada, o al menos el de los últimos veinte años y no el de los últimos diez, como se aplica actualmente en Colpensiones.

Otra propuesta es aumentar el porcentaje de cotización al 18 % al mes (hoy está en 11 %) para asegurar la sostenibilidad del sistema y reducir el tope para las pensiones de Colpesiones, que es hasta de 25 salarios mínimos. Todo esto porque el gasto público para cubrir el desequilibrio entre cotizaciones y beneficios pensionales creció aceleradamente y por la baja cobertura del sistema.

 

¿Y EN SALUD?

La Comisión del Gasto reconoció que la cobertura en salud en Colombia ha crecido, pero al mismo tiempo el gasto, acompañado de problemáticas relacionadas con compras de medicamentos, deudas de las EPS, ausencias de fuentes de financiación, entre otras. también aumentó.

Frente a esta situación se planteó: -Ampliar uso de mecanismos como copagos y cuotas moderadoras, sin disminuir el acceso de las personas de menores ingresos. Es decir, que los usuarios paguen más.

-Evaluar la posibilidad de dirigir al sistema un punto porcentual de los aportes que le llegan a las cajas de compensación familiar.

– Avanzar en el proceso de formalización laboral.

– Utilizar mecanismos que mejoren la cotización por parte de beneficiarios con capacidad de pago.

 

Sobre las EPS la comisión recomendó aclarar y reconocer la magnitud de las deudas legítimas y que el Gobierno haga un esfuerzo financiero inmediato utilizando eventualmente regalías y excedentes del Fonpet.

-También se planteó asegurar el cumplimiento de los requisitos de solvencia de EPS. “Los faltantes patrimoniales deben provenir de inversión privada, pero ello requiere que los potenciales inversionistas vean un sector viable y razonablemente rentable”, dijo la comisión encabezada por Leonardo Villar, director de Fedesarrollo.

Al respecto el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el informe de la Comisión del Gasto son recomendaciones que entran en discusión, pero que su implementación tardaría años y que inclusive algunas propuestas nunca se hagan realidad.

Destacó que el Gobierno ha reducido el gasto público en un punto del Producto Interno Bruto (PIB) y que el déficit fiscal que llegó a estar en 4 % del PIB, este año cerrará en 3,0 %, una vez superada la crisis de ingresos por los bajos precios del petróleo.

 

LAS PROPUESTAS

La comisión del gasto también hizo propuestas relacionadas con el empleo, el sistema de compras y la contratación, el gasto público en educación y defensa, y planteó una reforma a las regalías y al sistema de subsidios del Gobierno.

El Gobierno recibió el informe final de la Comisión de Gasto Publico que fue convocada en cumplimiento con lo estipulado en la Ley 1819 de 2016 o reforma tributaria.

La Comisión, integrada por expertos economistas, se dio a la tarea durante un año de buscar los mecanismos que permitan que el Estado tenga un gasto más ordenado y eficiente.

El informe entregado al presidente Juan Manuel Santos y al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, consta de diez capítulos en 344 páginas en las que los analistas Raquel Bernal, Jorge Iván González, Juan Carlos Henao, Roberto Junguito, Marcela Meléndez, Armando Montenegro, Juan Carlos Ramírez, José Darío Uribe Leonardo Villar, hacen las recomendaciones no solo a este Gobierno sino al entrante el 7 de agosto para ordenar en parte las finanzas del Estado.

El vocero del informe, Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, relató que se propone aumentar la edad de jubilación aumentándola cada cinco años, pero dependiendo de una información demográfica detallada.

Así mismo, una de las principales ideas del informe, es que para que un colombiano obtenga la pensión, se use el promedio salarial de toda la vida laboral para calcular el ingreso base de liquidación o, hacerlo, al menos, con un promedio de los últimos 20 años y no de los últimos diez años como funciona ahora.

De la misma manera, se estima que se debe aumentar la cotización que se hace al sistema de pensiones, desde el 16% actual hasta 18%, para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.

De acuerdo con Villar, se proyecta que el Gobierno debe reducir el tope de 25 salarios mínimos para las pensiones del Régimen de Prima Media (RPM). Y, dijo, también establecer un gravamen a las pensiones altas para aliviar la carga sobre las finanzas públicas.

Villar explicó que hay dos propuestas para mejorar el sistema pensional: marchitar el RPM; y crear un sistema de pilares en el que los trabajadores de un salario coticen al RPM administrado por Colpensiones.

En cuanto a las pensiones en el sector de educación, la Comisión propone eliminar la diferencia en la edad de pensiones de los maestros frente al régimen general de pensiones para hacerlo más equitativo; y además, que los recursos del fondo del magisterio, Fomag, pase a manos de Colpensiones.

 

GASTO INFLEXIBLE

Para la Comisión el gasto no solo nacional sino territorial es inflexible. Por ejemplo, la normatividad define de manera detallada el uso que los departamentos y municipios pueden dar a los recursos del SGP, rubro que representa la mitad de sus ingresos.

Esta inflexibilidad que se impone sobre la distribución y el uso de las transferencias de la Nación a los entes territoriales, es entendible en la medida en que con ello se busca asegurar que los recursos se destinen a la provisión de los servicios que se trasladaron a los gobiernos locales al ocurrir la descentralización.

No obstante, como se da  en educación, las fórmulas de distribución son muy rígidas y dejan poco espacio a la autonomía territorial, lo cual podría generar ineficiencias en el gasto de este sector.

Para la Comisión, una parte importante del gasto de los entes territoriales se hace con los recursos transferidos desde la nación a través del SGP. Los recursos propios provenientes del esfuerzo tributario local son importantes, pero podrían ser mayores.

Por otra parte, los recursos de regalías según el nuevo sistema que estableció la reforma constitucional de 2011, no están siendo aprovechados como era de esperar.